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David Sanchez Perez-Castejon, the brother of Spain's Prime Minister Pedro Sanchez leaves the Provincial Court of Badajoz, in Badajoz on May 28, 2026. JORGE GUERRERO / AFP via Getty Images

El organismo acuerda impulsar el nombramiento de un delegado instructor para investigar posibles responsabilidades contables relacionadas con la creación de dos puestos de trabajo en la Diputación de Badajoz. La decisión rechaza la petición de archivo presentada por la institución provincial y permitirá determinar si existió un perjuicio económico y quiénes serían sus responsables.

El Tribunal de Cuentas ha acordado iniciar los trámites para investigar las posibles responsabilidades contables derivadas de la creación de dos puestos de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, uno de ellos ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. La resolución abre la posibilidad de exigir el reintegro de las cantidades que pudieran considerarse indebidamente abonadas, aunque todavía no determina la existencia de responsabilidad ni fija una obligación de devolución.

Mediante un auto dictado este miércoles, el tribunal ha acordado elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. Este será el encargado de investigar los hechos y determinar si los pagos cuestionados ocasionaron un perjuicio a los fondos públicos.

La decisión también supone rechazar la solicitud de archivo presentada por la Diputación de Badajoz, institución que figura como presunta perjudicada por los hechos.

Iustitia Europa ejerció la acción pública

El procedimiento tiene su origen en la acción pública ejercitada por Iustitia Europa en julio de 2026. La organización, dirigida por su presidente, Luis María Pardo, solicitó que se exigieran las responsabilidades contables que pudieran derivarse de los hechos recogidos en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz el 14 de julio de 2026.

La formación fue reconocida formalmente como actor público mediante una diligencia de ordenación fechada el 2 de septiembre.

El auto del Tribunal de Cuentas coincide con el criterio defendido por el Ministerio Fiscal y Hazte Oír, y considera que existen elementos suficientes para continuar con las actuaciones en lugar de cerrar el procedimiento.

En su fundamento jurídico tercero, la resolución señala que las denuncias hacen referencia a "presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos".

El delegado instructor deberá cuantificar el posible perjuicio

El nombramiento del delegado instructor permitirá avanzar hacia una fase de investigación destinada a esclarecer las circunstancias de la creación de los puestos de trabajo y los pagos relacionados con ellos.

Entre sus funciones estará practicar las diligencias previstas en la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas, identificar a los posibles responsables y calcular el eventual perjuicio económico causado a los fondos públicos.

Asimismo, podrá realizar una liquidación provisional del alcance, es decir, determinar inicialmente las cantidades que podrían ser objeto de responsabilidad contable.

En caso de apreciar indicios suficientes, esta fase también contempla la posibilidad de requerir el depósito o afianzamiento de las cantidades correspondientes y adoptar medidas de embargo para garantizar un eventual reintegro.

La apertura de esta investigación no supone todavía una declaración de responsabilidad contable. Será necesario que las actuaciones instructoras determinen si existió un daño económico, cuál fue su cuantía y quiénes podrían responder por él.