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España eleva a 100 Mbps la velocidad mínima de internet y amplía los descuentos del Servicio Universal LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images

El Gobierno de España aprobó un nuevo Reglamento del Servicio Universal de Telecomunicaciones que eleva de 10 a 100 Mbps la velocidad mínima garantizada para las conexiones fijas a internet. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de noviembre de 2026, también amplía el acceso a tarifas asequibles para los hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con descuentos del 25 % respecto al precio medio del mercado cuando los operadores no dispongan de una oferta social que cumpla los criterios establecidos.

Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el cambio podría beneficiar a unos 2,4 millones de personas, distribuidas en cerca de 800.000 hogares. El objetivo es actualizar las condiciones de acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones y adaptarlas al desarrollo de las redes de alta capacidad en el país.

Internet más rápido y tarifas para hogares vulnerables

El Servicio Universal garantiza el acceso a la telefonía fija y a internet desde una ubicación fija, independientemente de la localización geográfica, la situación económica o la discapacidad de los usuarios. Con el nuevo reglamento, la velocidad mínima de conexión pasa de 10 a 100 Mbps, lo que sitúa a España entre los primeros países en incorporar esta capacidad dentro de las obligaciones del servicio universal.

En materia económica, la normativa extiende las tarifas asequibles a todas las unidades de convivencia que perciban el Ingreso Mínimo Vital. Los operadores que no cuenten con ofertas que cumplan los parámetros anuales establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberán aplicar un descuento del 25 % sobre el precio medio del mercado, calculado también por el organismo regulador.

La regulación amplía, además, el número de entidades que pueden solicitar el Servicio Universal. A partir de su aplicación, el derecho no estará limitado a los consumidores particulares, sino que incluirá también a microempresas, pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

Nuevas obligaciones para los operadores

El reglamento incorpora medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Todos los operadores deberán disponer de una oferta suficiente de terminales adaptados e integrar la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), que facilita la comunicación a personas con dificultades auditivas o del habla.

Otro cambio afecta a la prestación del servicio. Hasta ahora existía un operador designado para garantizarlo, función que históricamente ha desempeñado Telefónica. A partir del 1 de enero de 2027, cuando entre en vigor la nueva norma y se publique la correspondiente orden ministerial, todos los operadores deberán atender las solicitudes en las zonas donde tengan cobertura.

Telefónica, no obstante, deberá mantener la continuidad de las ofertas vigentes del actual Abono Social. Con estas modificaciones, el Gobierno busca ampliar las opciones de los usuarios, reforzar la competencia y facilitar el acceso a internet y telefonía en condiciones asequibles.

La aplicación del reglamento comenzará en enero de 2027 y marcará una actualización de las obligaciones de conectividad, protección social y accesibilidad del sector de las telecomunicaciones en España.