SPAIN-POLITICS-PARLIAMENT-HOUSING
Spain's Minister of Housing and Urban Agenda Isabel Rodriguez JAVIER SORIANO / AFP via Getty Image

El Gobierno dispone hasta el 14 de noviembre para llevar los textos a votación, mientras el PP acusa a Sánchez de querer utilizarlos durante la campaña

La Diputación Permanente del Congreso celebrará el próximo 16 de octubre su primera reunión desde la disolución de las Cortes, pero los dos decretos de vivienda que el Pleno rechazó la semana pasada no figuran en el orden del día.

La ausencia de estos textos no impide que puedan ser sometidos a votación más adelante. El Gobierno dispone de un plazo de 30 días hábiles desde su aprobación para solicitar su convalidación, por lo que el límite se situaría el 14 de noviembre, apenas dos semanas antes de las elecciones generales del 29-N.

Los decretos fueron aprobados de nuevo por el Consejo de Ministros este martes, con algunos cambios respecto a las versiones rechazadas por el Congreso, aunque el Ejecutivo mantiene el contenido principal de las medidas.

Los decretos pueden llegar durante la campaña

La disolución de las Cortes no impide al Gobierno aprobar decretos-leyes. Mientras no se celebren las elecciones, el Ejecutivo mantiene sus facultades y puede aprobar estas normas para después someterlas a la Diputación Permanente.

La situación cambia porque el Pleno del Congreso ya no está operativo. La Diputación Permanente asume durante este periodo determinadas funciones de la Cámara y será la encargada de pronunciarse sobre la convalidación de los decretos.

Eso permite al Gobierno esperar varias semanas antes de llevar sus medidas de vivienda a votación. El último día para hacerlo, según el calendario parlamentario recogido en la información, sería el 14 de noviembre, cuando ya habrá comenzado la campaña electoral.

La primera reunión de la Diputación Permanente, prevista para el viernes 16 de octubre, tendrá otros asuntos sobre la mesa. Los diputados debatirán y votarán un decreto relacionado con las medidas de respuesta, reconstrucción y recuperación por los daños provocados por la DANA y otro sobre la adopción y prórroga de medidas vinculadas al Plan Integral de Respuesta a la crisis de Oriente Medio.

El PP acusa al Gobierno de buscar un escenario electoral

El Partido Popular interpreta el calendario de otra manera. Fuentes de la formación consideran que el Gobierno pretende utilizar la Diputación Permanente como una "plataforma electoral", al poder llevar los decretos de vivienda a debate cuando la campaña del 29-N ya esté en marcha.

Los populares vinculan esta estrategia con la reciente comparecencia de Pedro Sánchez desde La Moncloa, que el partido ya denunció ante la Junta Electoral por considerar que tuvo carácter electoral.

El PP también cuestiona el papel que desempeñará la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien los populares acusan de actuar al servicio de los intereses electorales del Gobierno. Estas afirmaciones forman parte de la crítica política del partido a la gestión parlamentaria de los decretos.

Por ahora, el calendario no fija cuándo llegarán los dos textos de vivienda a la Diputación Permanente. El Gobierno sí tiene margen para hacerlo durante las próximas semanas, incluido el periodo de campaña.

El rechazo del Congreso no cierra la vía

Los dos decretos de vivienda fueron rechazados por el Pleno antes de la disolución de las Cortes. El Ejecutivo decidió aprobarlos nuevamente después del adelanto electoral, introduciendo modificaciones que, según el propio Gobierno, no alteran sustancialmente sus medidas.

Ahora será la Diputación Permanente la que deba decidir sobre su convalidación si el Ejecutivo finalmente los remite a este órgano.

El momento elegido será especialmente relevante por coincidir con la recta final de la campaña electoral. La votación podría producirse hasta el 14 de noviembre, tres días después de la fecha prevista para la huelga general anunciada por los sindicatos y apenas dos semanas antes de que los españoles acudan a las urnas.

De momento, la reunión del 16 de octubre servirá para poner en marcha la actividad de la Diputación Permanente, pero no para resolver el futuro de los polémicos decretos de vivienda.