Así cambiaría la vivienda si se convalidan los decretos: alquileres, ayudas y primera vivienda
El paquete incluye préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros y prórrogas de alquiler de hasta dos años, pero todavía debe ser convalidado por la Diputación Permanente.
Los dos reales decretos incluyen una línea de 10.000 millones para financiar la primera vivienda y mantienen la prórroga de hasta dos años de los alquileres
Los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno incorporan 21 medidas que afectan a la compra y el alquiler, la vivienda social y la regulación del mercado. Sin embargo, ninguna de estas novedades entrará en vigor por el momento: al haberse disuelto las Cortes, los textos tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente.
El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar los dos reales decretos que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes, esta vez con algunas modificaciones. Entre las principales novedades destaca una línea de financiación de 10.000 millones de euros para facilitar la compra de la primera vivienda, mientras que se mantienen medidas como la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.
Hasta 50.000 euros para comprar la primera vivienda
La principal novedad anunciada por Pedro Sánchez es la creación de una línea de financiación de 10.000 millones de euros destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda.
El mecanismo, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para ayudar a quienes tengan dificultades para reunir el dinero necesario antes de solicitar una hipoteca.
La medida no estará limitada exclusivamente a los jóvenes. El Gobierno plantea que tenga carácter intergeneracional y pueda beneficiar también a otros compradores que adquieran su primera vivienda.
Sánchez ha defendido que la necesidad de ahorrar para afrontar la compra se ha convertido en uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda.
El paquete incorpora además 280 millones de euros en avales destinados a impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones para proveedores de vivienda social, con el objetivo de aumentar la oferta disponible.
Prórroga de los alquileres durante dos años
Los decretos mantienen también una de las medidas que más debate generó antes de su rechazo parlamentario: la posibilidad de prorrogar durante hasta dos años determinados contratos de alquiler.
La medida se dirige a los inquilinos que estén al corriente de pago y contempla límites a la subida de la renta durante el periodo de extensión.
El Gobierno también mantiene la prórroga automática prevista en el segundo de los reales decretos. El propio Sánchez ha reconocido que no existe actualmente una mayoría parlamentaria asegurada para aprobar esta parte del paquete.
Por ello, su aplicación dependerá de que la Diputación Permanente convalide el decreto.
Más información sobre los precios de los alquileres
Los nuevos textos también refuerzan las obligaciones relacionadas con la publicidad y la oferta de viviendas en alquiler.
Los anuncios deberán incorporar información como el índice de referencia del precio del alquiler, el límite de renta aplicable cuando exista una regulación específica y, cuando corresponda, si el propietario tiene la condición de gran tenedor.
El Gobierno pretende con ello aumentar la información disponible para los potenciales inquilinos y facilitar el control de las condiciones aplicadas en los contratos.
El paquete contempla además incentivos fiscales para los propietarios que alquilen a precios considerados asequibles. Según la explicación ofrecida por Sánchez, los inquilinos también podrán beneficiarse de determinadas deducciones fiscales por el alquiler. El presidente puso como ejemplo una renta mensual de 800 euros, que podría dar lugar a una deducción cercana a los 1.000 euros anuales.
Más vivienda pública y nuevas reglas para fondos y pisos turísticos
El Gobierno también plantea ampliar el parque público de vivienda. Para ello, Casa 47, la empresa pública encargada de esta política, adquirirá "miles de inmuebles" procedentes de la Seguridad Social para destinarlos a vivienda.
Otra parte del paquete está dirigida a limitar determinadas operaciones de grandes inversores. Los decretos amplían la definición y las condiciones aplicables a los denominados fondos buitre y endurecen las reglas sobre la compra de vivienda.
El Ejecutivo también vincula los beneficios fiscales de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las socimis, al alquiler asequible.
Los pisos turísticos quedan igualmente dentro de la reforma. El Gobierno pretende modificar su tratamiento fiscal para que tributen como una actividad económica y reforzar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
El Estado asumiría determinados costes de los desahucios
El nuevo paquete mantiene el marco de protección a los pequeños propietarios en materia de desahucios, pero incorpora una modificación: las administraciones asumirían, cuando corresponda, determinadas costas procesales e intereses moratorios derivados de estos procedimientos.
La intención es reducir el impacto económico que estas situaciones pueden tener sobre los propietarios, especialmente los pequeños caseros.
A la vez, el Gobierno mantiene las medidas de protección para los colectivos considerados vulnerables.
Todo queda pendiente de la Diputación Permanente
Aunque los dos decretos ya han sido aprobados de nuevo por el Consejo de Ministros, las medidas todavía no forman parte del ordenamiento aplicable.
La disolución de las Cortes obliga a que sean sometidos a la Diputación Permanente, que deberá decidir sobre su convalidación. Hasta entonces, las nuevas medidas no podrán desplegar plenamente sus efectos.
El paquete combina así actuaciones dirigidas a facilitar la compra de vivienda, ampliar la oferta pública, regular los alquileres y modificar el tratamiento de determinados operadores del mercado inmobiliario.
Su aplicación dependerá ahora de una única votación en la Diputación Permanente, en un escenario político distinto al que provocó el rechazo de los decretos en el Congreso.