Los programas del 29N chocan por la vivienda: más oferta, control de alquileres y expropiaciones
Los programas electorales enfrentan modelos basados en aumentar la oferta y reducir impuestos con otros centrados en ampliar el parque público, limitar alquileres e intervenir el mercado.

Los partidos presentan propuestas muy diferentes para afrontar la crisis habitacional. El PP y Vox apuestan por aumentar la oferta, liberar suelo y reducir impuestos; el PSOE plantea ampliar el parque público y gravar a los grandes propietarios, mientras que el Frente Amplio defiende intervenir los alquileres y expropiar viviendas de grandes empresas. Junts, PNV, EH Bildu y ERC también incluyen reformas en sus programas.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras el rechazo parlamentario a los decretos de vivienda del Gobierno, las formaciones políticas han presentado programas con medidas que van desde la construcción de cientos de miles de inmuebles y las rebajas fiscales hasta los límites al alquiler y la expropiación de propiedades.
Las diferencias entre los partidos son profundas. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, promete construir un millón de viviendas y facilitar el acceso a la compra, especialmente entre los jóvenes. Vox propone reducir impuestos y dar prioridad a los españoles en el acceso a la vivienda protegida. El PSOE apuesta por crear un parque estatal de 100.000 inmuebles y aumentar la intervención pública, mientras que el Frente Amplio plantea alcanzar 1,5 millones de viviendas públicas y expropiar propiedades de grandes tenedores corporativos.
Aunque todos los partidos contemplan modificar la legislación urbanística o del suelo, sus propuestas responden a modelos muy distintos sobre cómo aumentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda.
PP: un millón de viviendas y rebajas fiscales para los jóvenes
El Partido Popular articula su programa, titulado La reconstrucción nacional, alrededor del compromiso de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Para alcanzar ese objetivo, propone movilizar suelo público y privado en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, además de aprobar una nueva Ley del Suelo que agilice los procedimientos urbanísticos y proporcione mayor seguridad jurídica.
Entre las medidas figuran la publicación de todas las parcelas públicas destinadas a vivienda, la posibilidad de construir vivienda social en suelo dotacional y el cambio de uso de oficinas y locales para convertirlos en inmuebles asequibles. También facilitaría la división de viviendas de grandes dimensiones.
El PP plantea que las licencias de obra nueva y rehabilitación se resuelvan en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo. Asimismo, crearía una figura urbanística para los denominados "proyectos residenciales estratégicos", que permitiría unificar trámites de grandes desarrollos y eliminar informes duplicados. El programa también apuesta por impulsar la construcción industrializada y vincular parte de la financiación local al cumplimiento de objetivos de suelo y vivienda.
IVA del 4% para la primera vivienda de los menores de 40 años
La fiscalidad es uno de los ejes centrales de las propuestas populares. El partido plantea reducir al 4% el IVA para los menores de 40 años que compren su primera vivienda habitual, frente al tipo general del 10%. El pago podría fraccionarse al ritmo de la hipoteca.
También negociaría con las comunidades autónomas una reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda usada. Los avales públicos, que actualmente cubren hasta el 20% del valor del inmueble, se ampliarían a los menores de 40 años, con posibilidad de extenderlos hasta los 50.
Otra iniciativa es la creación de la "Hucha Hogar Joven", que permitiría realizar aportaciones de hasta 2.000 euros anuales, con un límite acumulado de 40.000 euros. El ahorro tendría una deducción fiscal del 20%, rendimientos exentos y acceso a un aval equivalente a la cantidad acumulada. Además, los jóvenes quedarían exentos de impuestos al adquirir su vivienda habitual en municipios despoblados.
En el mercado del alquiler, el PP derogaría la Ley de Vivienda, eliminaría las zonas tensionadas y suprimiría el índice de precios. Como alternativa, propone el programa "Tres años+", que contempla deducciones en el IRPF para inquilinos según sus ingresos y beneficios fiscales para propietarios particulares que renueven los contratos durante tres años más con incrementos inferiores al IPC.
Desalojo de viviendas okupadas en 48 horas
En materia de ocupación, los populares plantean una ley que permita recuperar una vivienda en un plazo de 48 horas mediante orden judicial. Los propietarios quedarían exentos del pago de suministros e impuestos mientras dure la ocupación, se anularía el empadronamiento de los ocupantes y las comunidades de propietarios podrían solicitar el desalojo. También se endurecerían las penas contra las mafias.
Durante la campaña, Feijóo ha anunciado además que suprimiría el Ministerio de Vivienda y trasladaría sus competencias a una vicepresidencia estratégica.
PSOE: destinar el 1% del PIB a vivienda asequible
El programa socialista recoge 50 compromisos en materia de vivienda, que define como la principal prioridad de la próxima legislatura y como el "quinto pilar del Estado del Bienestar".
La propuesta económica más destacada consiste en movilizar anualmente el equivalente al 1% del PIB para financiar vivienda asequible, con participación de las distintas administraciones y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). También destinaría el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo para adquirir vivienda protegida y asequible.
En el ámbito jurídico, el PSOE propone reformar la Constitución para reconocer la vivienda como un derecho fundamental que pueda exigirse ante los poderes públicos.
El eje de su estrategia es la creación de un parque estatal de 100.000 viviendas, gestionado por Casa 47, la entidad pública creada a finales de 2025. Los inmuebles se destinarían a la venta o al alquiler estable a precios asequibles y se sumarían a las promociones de comunidades autónomas y ayuntamientos.
La formación también quiere que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas sean públicas o estén protegidas de manera permanente. Para conseguirlo, plantea crear un banco estatal de suelo público, movilizar más de 25.000 millones de euros en avales y préstamos del ICO, utilizar 4.700 millones del Plan Social del Clima y destinar 400 millones anuales a un fondo de impacto social.
El programa incluye además una ley de proveedores sociales de vivienda para crear una red de entidades del tercer sector.
Ampliar los contratos y gravar las viviendas de grandes propietarios
Para desbloquear la oferta, los socialistas proponen una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo, un impuesto sobre los solares residenciales sin desarrollar y un nuevo PERTE de construcción industrializada. En rehabilitación, fijan como objetivo actuar sobre otras 550.000 viviendas.
En el mercado del alquiler, plantean ampliar la duración de los contratos y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en zonas tensionadas. Para los jóvenes, proponen una garantía pública de acceso al alquiler mediante seguros de impago y mantienen el programa TUCASA, que contempla préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la primera vivienda, con una dotación inicial de 10.000 millones ampliable si se agota.
También quieren desarrollar un modelo público de intermediación, inspirado en el País Vasco, que garantice el cobro a los propietarios y facilite la incorporación de viviendas vacías al mercado.
Una de las propuestas más controvertidas es crear un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler asequible. El gravamen afectaría a inmuebles vacíos, turísticos o alquilados a precios considerados abusivos.
A ello se añaden limitaciones a las compras de fondos especulativos, registros de fondos y SOCIMI, un registro de precios del alquiler y un marco estatal para que los ayuntamientos puedan aplicar tasas a las pernoctaciones turísticas.
El PSOE también plantea un marco estable para evitar los desahucios de personas vulnerables, con el coste asumido por las administraciones y no por los pequeños propietarios. Sin embargo, el programa no fija un calendario ni una cifra total de viviendas que pretende construir durante la legislatura. Algunas medidas, como la congelación de rentas, dependerían de las comunidades autónomas.
Vox: prioridad nacional y reducción de impuestos
El programa de Vox, titulado Es sentido común, se apoya en dos grandes líneas: priorizar a los españoles en el acceso a la vivienda y reducir impuestos y trabas administrativas para aumentar la oferta.
La formación considera que el control de las fronteras es el punto de partida de su política habitacional. Su propuesta más característica es la denominada "prioridad nacional", que daría preferencia a los españoles en el acceso a viviendas protegidas, inmuebles sociales y ayudas al alquiler. Para ello, plantea modificar o derogar las normas que, a su juicio, dificulten esa prioridad.
El partido también propone exigir la verificación de la residencia legal para formalizar contratos de alquiler y reforzar los controles contra el fraude en el empadronamiento y los domicilios ficticios.
En materia urbanística, defiende reformar la Ley del Suelo para aumentar la disponibilidad de terrenos, agilizar los procedimientos y reducir las restricciones regulatorias. También plantea una rebaja drástica de los impuestos que afectan al proceso de construcción y mejores condiciones de financiación para promotores y constructores, aunque no fija objetivos cuantitativos de nuevas viviendas.
IVA del 0% para la primera vivienda habitual
Vox contempla aumentar la inversión pública por habitante y construir más vivienda protegida para familias españolas mediante promoción pública y colaboración con empresas privadas. Para ello recurriría a cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales y créditos blandos.
En materia fiscal, propone que la primera vivienda habitual de una familia española no pague impuestos: aplicaría un IVA del 0% a la obra nueva y una bonificación del 100% del ITP para las viviendas de segunda mano. También plantea recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual.
Para el resto de compradores establecería una fiscalidad diferenciada. Los propietarios que amplíen la oferta de alquiler residencial de larga duración tendrían un tratamiento fiscal favorable, mientras que las compras realizadas por ciudadanos no comunitarios y las operaciones especulativas de fondos o sociedades soportarían una tributación más elevada.
En el alquiler, Vox derogaría la Ley de Vivienda para recuperar, según su programa, la seguridad jurídica. Ofrecería incentivos fiscales a los arrendamientos de larga duración y deducciones a los inquilinos españoles. También propone regular las viviendas turísticas y reforzar la inspección de los alojamientos ilegales.
Contra la ocupación, plantea desalojos en menos de 24 horas, asistencia jurídica gratuita para los propietarios afectados y exenciones de impuestos y suministros mientras dure la ocupación. Además, endurecería el Código Penal y tipificaría la "inquiocupación" como delito de estafa.
El programa no concreta un calendario, una dotación presupuestaria ni objetivos específicos de rehabilitación o movilización de viviendas vacías.
Frente Amplio: 1,5 millones de viviendas públicas y expropiaciones
La coalición formada por Sumar, IU, Comuns y Más Madrid sitúa la vivienda como la primera de sus seis grandes transformaciones, bajo el lema "Casas para vivir, no para especular".
Su propuesta es la más intervencionista entre los programas analizados, ya que combina un amplio parque público de alquiler, límites a las rentas y la expropiación de viviendas pertenecientes a grandes propietarios corporativos.
El Frente Amplio plantea destinar anualmente el 1% del PIB, unos 17.000 millones de euros, a construir un parque de 1,5 millones de viviendas públicas en alquiler asequible durante doce años. Esto supondría incorporar 125.000 inmuebles cada año. Su objetivo es alcanzar una proporción del 9,3% de vivienda pública durante la legislatura y llegar al 20% del parque residencial en 2035.
Las viviendas protegidas no podrían pasar posteriormente al mercado libre. La coalición también propone reformar la Constitución para reconocer la vivienda como un derecho fundamental exigible ante los tribunales.
Expropiación de viviendas de grandes propietarios corporativos
La medida más polémica es una Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos, que se aplicaría progresivamente en tres fases.
La primera afectaría a entidades con más de 1.000 viviendas, entre las que el programa menciona a Blackstone y CaixaBank. En una segunda etapa se incluiría a empresas con carteras superiores a 700 inmuebles y, finalmente, a compañías con más de 50 propiedades.
Los activos inmobiliarios de la Sareb pasarían a la empresa pública Casa 47. Además, la coalición prohibiría que las personas jurídicas con ánimo de lucro, incluidos bancos, SOCIMI y fondos de inversión, compraran viviendas residenciales, salvo que se destinaran al alquiler asequible regulado.
Contratos indefinidos y límites a los alquileres
En las zonas declaradas tensionadas, el Frente Amplio limitaría las rentas al menor de estos dos valores: el 25% de la renta neta media del hogar de la sección censal o el índice SERPAVI. Según las estimaciones del propio programa, esta medida supondría una reducción media del 35%.
Los contratos de alquiler serían indefinidos por defecto, con prórrogas de cinco años o de siete cuando el propietario fuera una empresa. La declaración de zona tensionada sería automática y, si una comunidad autónoma se negara a aplicarla, podría activarla el Ministerio.
La coalición también plantea reconocer a los sindicatos de inquilinos y regular la huelga de alquileres. En cuanto a los pisos turísticos, propone extinguir en tres años las licencias en zonas tensionadas, aplicarles un IVA del 21% y crear una tasa turística municipal.
En materia fiscal, introduciría un impuesto del 10% sobre el valor acumulado de las viviendas. Las empresas lo pagarían desde su primer inmueble y los particulares a partir de la cuarta vivienda, siempre que el valor supere los 800.000 euros. El alquiler asequible quedaría exento.
También derogaría el régimen especial de las SOCIMI, elevaría hasta el 150% el recargo del IBI sobre viviendas vacías y establecería una contribución del 0,45% sobre la masa salarial de las empresas con 50 o más trabajadores para financiar la construcción de unas 10.000 viviendas anuales.
El programa contempla, además, eximir del ITP la compra de la primera vivienda habitual y aplicar recargos del 200% y del 1.000% a la segunda y tercera vivienda, respectivamente.
Por último, prohibiría los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con compensación pública a los pequeños propietarios, y crearía un escudo hipotecario de hasta 300 euros mensuales.
Junts: rebajas fiscales y cambios contra la ocupación
Junts fue uno de los partidos que rechazó los decretos de vivienda del Gobierno. La formación de Carles Puigdemont exigió sustituirlos por nuevos textos que incorporasen medidas contra la ocupación, reducciones fiscales para la compra de primera vivienda y la retirada de la propuesta de convertir los contratos de alquiler en indefinidos.
Su programa contempla un tipo impositivo reducido frente al 10% habitual para la adquisición de vivienda, siempre que el comprador sea una persona física y el inmueble constituya su residencia habitual. La vivienda no podría superar los 120 metros cuadrados y estaría sujeta a límites de precio y renta.
Además, el comprador tendría que mantenerla como residencia principal durante al menos cinco años, sin poder alquilarla ni destinarla a inversión durante ese periodo.
En materia de ocupación, Junts propone introducir un nuevo artículo 1535 bis en el Código Civil. La medida permitiría que, cuando un banco venda una cartera de hipotecas, el deudor pueda liberarse pagando al nuevo acreedor únicamente el importe que este abonó por el crédito, más intereses y gastos. El derecho sería irrenunciable.
En el ámbito penal, plantea que un juez pueda ordenar el desalojo cautelar en un plazo de 48 horas para que el ocupante acredite un título que justifique su presencia en el inmueble. En la vía civil, propone simplificar los procedimientos de recuperación de la posesión cuando exista una ocupación sin título.
PNV: más oferta y seguridad para propietarios e inquilinos
El PNV defiende una estrategia centrada en aumentar la oferta residencial, facilitar la construcción y rehabilitación de edificios y movilizar viviendas vacías mediante garantías para los propietarios.
La formación vasca apoyó el decreto que prorrogaba los contratos de alquiler, pero rechazó el que proponía convertirlos en indefinidos.
Su programa plantea agilizar los trámites urbanísticos, establecer plazos razonables y ofrecer seguridad jurídica para facilitar nuevas promociones. También propone evitar que los contratos de temporada se utilicen de forma fraudulenta para eludir las garantías de los alquileres habituales.
La formación apuesta igualmente por regular los arrendamientos turísticos y de temporada para impedir que reduzcan la oferta residencial, así como por combatir las prácticas especulativas que encarecen la compra y el alquiler.
EH Bildu: alquileres limitados y contratos indefinidos
La vivienda es uno de los principales ejes de la campaña de EH Bildu. La coalición participó en la negociación de la Ley de Vivienda de 2023, que permite limitar los alquileres en zonas tensionadas, y respaldó los dos decretos de vivienda que fueron rechazados en octubre de 2026.
Entre sus propuestas figuran prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, regular los alquileres de temporada, establecer límites a las rentas y convertir los contratos de alquiler en indefinidos.
También plantea prohibir las compras especulativas y expropiar viviendas vacías pertenecientes a fondos de inversión y entidades bancarias.
ERC: más competencias para Cataluña
Esquerra Republicana, socio habitual del Gobierno durante la legislatura y partidario de los dos decretos de vivienda, plantea reforzar las competencias de Cataluña en materia de arrendamientos.
Su propuesta incluye aprobar una ley catalana de alquileres mediante la delegación de competencias por parte del Estado. También reclama que el Gobierno central destine al menos el 1,5% del PIB a políticas de vivienda.
Por último, ERC defiende que los inmuebles de la Sareb se incorporen al parque público de la Generalitat.

