Ceuta llega a la visita de los Reyes sin cifras definitivas de la crisis migratoria de julio
Más de dos meses después, persisten las diferencias entre el Gobierno central y la administración autonómica sobre las llegadas y las personas que permanecen en la ciudad.
El Gobierno eleva a 84.000 las entradas estimadas, mientras Juan Jesús Vivas calcula cerca de 100.000; más de dos meses después, la ciudad sigue lejos de recuperar la normalidad
Ceuta recibirá a los Reyes los próximos 13 y 14 de octubre sin haber cerrado todavía el balance de la crisis migratoria que vivió a finales de julio. El Gobierno central calcula que unas 84.000 personas entraron en la ciudad los días 30 y 31 de ese mes, frente a las 72.000 que estimaba inicialmente. El Ejecutivo autonómico de Juan Jesús Vivas eleva la cifra hasta cerca de 100.000.
Las diferencias no se limitan al número de entradas. Mientras el Gobierno central calcula que unos 9.000 inmigrantes irregulares permanecen en Ceuta, la administración local sitúa esa cifra en torno a los 15.000. La falta de un recuento definitivo impide conocer con precisión el alcance de la emergencia y cuánto ha mejorado la situación desde el verano.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que la prioridad es recuperar la normalidad y que ofrecerá una cifra definitiva cuando termine el proceso de identificación y clasificación de las personas que llegaron a la ciudad. Sin embargo, no ha fijado una fecha para completar ese trabajo ni garantiza que los datos estén disponibles antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Dos administraciones con cálculos diferentes
La distancia entre las cifras oficiales refleja la dificultad para determinar cuántas personas entraron en Ceuta durante aquellas dos jornadas y cuántas continúan en la ciudad.
El Gobierno de Vivas basa su estimación en los datos de retornos a Marruecos y en el número de adultos y menores que permanecen en los recursos de acogida o en las calles. Con esos cálculos, la administración autonómica considera que la entrada pudo acercarse a las 100.000 personas.
Por su parte, el Gobierno central insiste en que la cifra actual sigue siendo provisional. La falta de un recuento definitivo también deja abierta la incógnita sobre cuándo podrán disponer las autoridades de un balance común.
La cuestión tiene además una dimensión política: las elecciones del 29 de noviembre se celebrarán sin que exista, por ahora, la garantía de que se haya completado la evaluación de la crisis. Esto dificultará medir con datos definitivos el alcance de la llegada masiva y valorar la respuesta de las administraciones.
Más de 11.000 personas han regresado a Marruecos
La situación ha mejorado durante las últimas semanas, aunque las autoridades reconocen que todavía quedan numerosos problemas por resolver.
El delegado del Gobierno, según el balance difundido por el mando único, cifró en 7.377 las plazas de acogida habilitadas por el Estado y en 2.827 los menores que se encuentran dentro del sistema de protección de Ceuta.
Desde el 10 de agosto, un total de 11.026 personas han regresado a Marruecos: 10.513 lo hicieron voluntariamente y 513 mediante expulsiones.
La atención a los menores sigue siendo uno de los principales desafíos. Hasta ahora, el Gobierno ha contabilizado 173 reubicaciones en otras comunidades autónomas y 86 reagrupaciones familiares en la península. Además, ha remitido 24 expedientes a Marruecos.
La última estimación oficial citada sobre los menores que permanecían sin tutela en las calles, publicada el 22 de septiembre, situaba su número entre 500 y 700. Desde entonces, no se ha ofrecido una actualización de esa cifra.
El desalojo de las playas no ha resuelto la emergencia
El desalojo del asentamiento de la playa de El Trampolín, completado entre el domingo y el lunes, fue presentado por el Gobierno como un punto de inflexión. Sin embargo, parte de las personas que se encontraban allí se ha dispersado por distintos puntos de la ciudad, incluidos montes, zonas próximas a los centros de acogida y viviendas utilizadas para alojar a inmigrantes.
En El Guano continuaba esta semana un asentamiento en el que, según las estimaciones recogidas en la información, podía haber hasta un millar de personas. También se había detectado la presencia de inmigrantes en la barriada de El Príncipe.
La dispersión complica las labores de identificación. Fuentes de las fuerzas de seguridad advierten de que localizar a las personas resulta más difícil que cuando permanecían concentradas en asentamientos conocidos, lo que podría ralentizar el proceso de clasificación.
La crisis también ha tenido consecuencias en los servicios públicos. Se ha reforzado la seguridad en centros educativos y se ha recurrido a seguridad privada para acompañar las visitas domiciliarias de siete enfermeras del Tarajal.
El Gobierno declaró el 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional. Pese a las mejoras registradas, la presión sobre los recursos de acogida y los servicios de la ciudad continúa.
Polémica por los retornos voluntarios
El aumento de las devoluciones a Marruecos también ha generado controversia. El mando único destacó que 2.783 de los 10.513 retornos voluntarios registrados hasta el último balance se habían producido desde el 29 de septiembre, un ritmo que calificó como el más elevado de la serie histórica.
Solo entre el domingo y el lunes se contabilizaron 1.404 regresos, mientras que otros 409 se produjeron durante la noche del lunes al martes.
Al mismo tiempo, han aumentado las acusaciones de que algunos inmigrantes estarían recibiendo información engañosa sobre las consecuencias de permanecer en España. El delegado del Gobierno rechazó esas denuncias y defendió que los retornos son voluntarios.
Según su explicación, muchos ciudadanos marroquíes deciden regresar porque saben que, si permanecen en Ceuta sin cumplir los requisitos legales, puede abrirse un expediente. También sostuvo que la mayoría de quienes llegaron durante la entrada masiva no reunirían las condiciones para recibir protección internacional.
Sin embargo, testimonios publicados por El País han cuestionado la forma en que algunos agentes explicarían las consecuencias de quedarse en España, con advertencias que, según esas personas, podrían generar miedo sin aclarar suficientemente sus derechos y las implicaciones de los procedimientos administrativos.
Las acusaciones enfrentan dos cuestiones distintas: la gestión de los retornos y las garantías de que las personas reciben información clara antes de decidir si regresan voluntariamente.
Los Reyes encontrarán una ciudad que aún busca recuperar la normalidad
La visita de Felipe VI y Letizia tendrá lugar más de dos meses después de la crisis migratoria y en un contexto en el que todavía no existe un balance definitivo de lo sucedido.
Hasta ahora, las consecuencias políticas han incluido las dimisiones del entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno y del propio delegado. Moncloa también cesó a una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional que había difundido en una alerta pública una estimación de las entradas facilitada por Interior.
Aunque la situación actual es distinta de la de los primeros días de agosto, cuando la llegada de personas desbordó los recursos disponibles, Ceuta continúa afrontando problemas de alojamiento, atención a menores e identificación de quienes permanecen en la ciudad.
La visita de los Reyes se producirá, por tanto, en una ciudad donde la emergencia ha perdido parte de su intensidad, pero cuyas consecuencias siguen presentes. La falta de cifras consensuadas mantiene abierta, además, la discusión sobre la magnitud de la crisis y la respuesta de las administraciones.