España rechaza acelerar los retornos en la UE y cuestiona los centros de deportación en terceros países
El Gobierno cuestiona la seguridad jurídica de los centros de retorno en terceros países y reclama mecanismos específicos para responder a crisis como la de Ceuta.
El Gobierno rechaza acelerar las devoluciones y los centros de retorno en terceros países y reclama medidas específicas para entradas masivas
España fue este jueves el único país de la Unión Europea que votó en contra del nuevo Reglamento de Retornos, aprobado definitivamente por el Consejo de la UE en Luxemburgo. Bélgica se abstuvo y el resto de Estados miembros respaldaron una norma que establece procedimientos comunes para acelerar el retorno de personas sin derecho legal a permanecer en territorio comunitario y permite crear centros de retorno en terceros países.
El Gobierno español mantiene así la posición que había defendido durante toda la negociación. Entre sus principales objeciones sitúa las dudas jurídicas y operativas que, a su juicio, plantean los llamados return hubs, además de la falta de proporcionalidad de algunas de las medidas y el modelo de retornos que establece el reglamento.
La posición española incorpora ahora también la experiencia de la crisis migratoria registrada en Ceuta durante el pasado mes de julio. Según la argumentación trasladada por España a sus socios, aquella situación puso de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos específicos para responder ante entradas masivas en las fronteras exteriores.
España reclama una respuesta específica para las entradas masivas
El Gobierno sostiene que el nuevo reglamento no responde de manera suficiente a situaciones excepcionales como la vivida en Ceuta.
"Los acontecimientos recientes" en la ciudad autónoma, sostiene la posición española, "han evidenciado la necesidad de disponer de mecanismos específicos que permitan garantizar un retorno eficaz en situaciones de entradas masivas y tumultuosas en las fronteras exteriores".
España considera que esos mecanismos deberían permitir acortar los procedimientos de retorno. Fuentes diplomáticas señalan que una de las cuestiones que el Gobierno considera necesario revisar son precisamente los plazos de los procedimientos.
La reclamación llega después de que la entrada masiva registrada en Ceuta haya provocado un debate dentro de la UE sobre la capacidad comunitaria para responder a episodios excepcionales de presión migratoria. Grecia planteó este mismo jueves la creación de un mecanismo europeo específico para situaciones de crisis migratoria.
El nuevo reglamento permitirá los 'return hubs'
La norma aprobada por los Veintisiete introduce un sistema europeo de retorno y establece nuevas obligaciones para las personas que no tengan derecho a permanecer en la UE. También crea una orden europea de retorno destinada a facilitar el reconocimiento de las decisiones adoptadas por otros Estados miembros.
Uno de los puntos más controvertidos para España es la posibilidad de establecer return hubs en países que no pertenecen a la Unión Europea. Estos centros podrán recibir a personas sobre las que exista una decisión de retorno mientras se completa su expulsión.
Para establecerlos será necesario alcanzar acuerdos con terceros países que respeten las normas internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. Los menores no acompañados quedan excluidos de este mecanismo.
La aprobación del reglamento no supone por sí misma la apertura inmediata de un centro concreto. Sí proporciona el marco jurídico comunitario para que los Estados puedan establecerlos mediante acuerdos con terceros países.
Cinco países preparan un primer centro
Mientras España mantiene su oposición, Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos están negociando la puesta en marcha de un primer return hub, según las informaciones conocidas durante las últimas semanas.
El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, ha defendido que la nueva regulación proporciona seguridad jurídica para desarrollar este tipo de centros. El Gobierno alemán se encuentra entre los países que respaldan esta fórmula.
La Comisión Europea ha presentado los return hubs como una de las herramientas para mejorar la eficacia de las devoluciones y complementar el Pacto de Migración y Asilo. Bruselas señala que los acuerdos con terceros países deberán respetar los derechos fundamentales y el principio de non-refoulement.
Marlaska reclama más apoyo europeo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participó en la reunión de Luxemburgo, aunque no realizó declaraciones públicas sobre la votación, según el material facilitado.
En el encuentro, el Gobierno español ha reclamado una mayor implicación de sus socios europeos ante crisis migratorias como la de Ceuta. Marlaska ha defendido una mayor "solidaridad operativa, financiera y política" de la UE y ha puesto el foco en la necesidad de que los países de las fronteras exteriores no afronten solos este tipo de situaciones.
La posición española llega además en un momento de debate europeo sobre cómo responder a entradas masivas. Bruselas ha anunciado medidas para reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores, ampliar el papel de Frontex y mejorar los sistemas de alerta ante posibles aumentos de las llegadas.
El nuevo Reglamento de Retornos entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Algunas de sus disposiciones serán aplicables de forma inmediata, mientras que otras contarán con un periodo de preparación de un año.
España tendrá que aplicar el nuevo marco comunitario pese a haber votado en contra, mientras mantiene su reclamación de que la legislación europea incorpore herramientas específicas para responder a episodios excepcionales como el ocurrido en Ceuta.