El Gobierno reduce un 21% el objetivo de vivienda social financiado con fondos europeos
La Comisión Europea acepta el nuevo objetivo, que el Ejecutivo atribuye al impacto de la inflación, mientras la oposición cuestiona la gestión de los fondos europeos.
El programa pasa de las 20.000 viviendas comprometidas con Bruselas a 15.718, mientras el Gobierno atribuye el recorte a la inflación
El Gobierno ha reducido en un 21% el objetivo de uno de los principales programas de vivienda social incluidos en el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos. El compromiso inicial con Bruselas contemplaba la construcción de 20.000 viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes, pero la última modificación acordada con la Comisión Europea rebaja la cifra hasta 15.718.
La reducción afecta al programa incluido en el Componente 2 del Plan de Recuperación, para el que España había reservado inicialmente 1.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La iniciativa pretendía ampliar el parque de vivienda social y, al mismo tiempo, cumplir con los objetivos europeos de eficiencia energética.
La modificación fue acordada el pasado agosto, dentro de la novena revisión del Plan de Recuperación pactada con Bruselas. España asumió finalmente que no alcanzaría el objetivo de 20.000 viviendas y aceptó rebajarlo en más de 4.000 unidades.
Una partida utilizada durante las prórrogas presupuestarias
La reducción coincide con el hecho de que la partida presupuestaria vinculada al programa fue utilizada durante las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y 2025.
Se trata de la partida 25.50.26BB.754, correspondiente al programa de construcción de viviendas de alquiler social. Según la documentación analizada, en cada uno de esos ejercicios se dieron de baja 500 millones de euros para permitir al Ministerio de Seguridad Social disponer de mayor margen presupuestario para afrontar el pago de pensiones y otros gastos sociales.
El Tribunal de Cuentas ya llamó la atención sobre esta operación al analizar la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024.
Hacienda defendió entonces que el movimiento no comprometía el destino final de los fondos europeos. El argumento era que se trataba de una utilización temporal de liquidez y que el objetivo del Plan de Recuperación debía cumplirse en 2026.
La Comisión Europea también había aceptado que España utilizara temporalmente recursos vinculados al Mecanismo de Recuperación para hacer frente a pagos de pensiones, al considerar que esa utilización no ponía en riesgo el cumplimiento final de los compromisos asumidos.
El Gobierno desvincula ahora aquella utilización presupuestaria de la reducción del objetivo de viviendas y atribuye el recorte a la evolución de los precios.
Bruselas acepta la rebaja por el impacto de la inflación
La Comisión Europea recoge en la documentación de la modificación que España argumentó que la medida se había vuelto parcialmente inviable debido a la inflación.
"España ha explicado que una medida se ha vuelto parcialmente inviable debido a la inflación", señala Bruselas al justificar la modificación del programa de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social.
Con el nuevo objetivo, España deberá acreditar la construcción de 15.718 viviendas dentro de este programa, en lugar de las 20.000 inicialmente previstas.
El Ministerio de Economía aseguró este miércoles que ya hay unas 16.000 viviendas construidas y que el Gobierno pretende alcanzar finalmente las 23.000. Sin embargo, la última modificación formal pactada con la Comisión Europea mantiene como objetivo oficial las 15.718 viviendas.
España pide el último pago de los fondos europeos
La modificación llega coincidiendo con la solicitud del último desembolso del Plan de Recuperación. El Gobierno remitió este miércoles a la Comisión Europea su séptima y última petición de pago, por un importe de 25.861 millones de euros.
Con este desembolso, España aspira a completar una recepción total de unos 101.300 millones de euros del programa europeo.
El Gobierno también ha confirmado que no solicitará parte de los fondos inicialmente reservados para España. De los 163.000 millones previstos al comienzo del Plan de Recuperación, la renuncia alcanza unos 61.700 millones correspondientes al capítulo de préstamos.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que España puede financiarse directamente en los mercados en condiciones similares a las que habría obtenido mediante los préstamos europeos.
El PP utiliza vivienda como ejemplo de gestión de los fondos
El PP ha utilizado la reducción del programa de vivienda social como ejemplo de lo que considera una gestión deficiente de los fondos europeos.
Los vicesecretarios de Economía y Hacienda del partido, Alberto Nadal y Juan Bravo, han cuestionado la reducción del objetivo y han señalado también otro recorte relacionado con la financiación de vivienda social.
Se trata de la línea ICO inicialmente prevista por 4.000 millones de euros, que queda reducida a 568 millones. El descenso supone cerca de un 86%.
El Instituto de Crédito Oficial sostiene, no obstante, que el proyecto puede continuar a través del nuevo fondo España Crece, que también cuenta con financiación europea.
La última solicitud de pago tendrá que ser ahora examinada por la Comisión Europea. Bruselas deberá evaluar hasta diciembre el cumplimiento de los 148 hitos y objetivos vinculados al desembolso final antes de decidir si España recibe los 25.861 millones solicitados.
El PP calcula que España podría perder cerca de 2.500 millones de euros en subvenciones por incumplimientos, una cifra que todavía deberá ser evaluada por la Comisión Europea.
El Gobierno recorta un 21% un plan de vivienda social financiado por fondos europeos tras usar la partida para pagar pensiones
El Ejecutivo justifica la rebaja de más de 4.000 viviendas por "la inflación". Se trata de un programa desviado al Ministerio de Seguridad Social durante las prórrogas de 2024 y 2025