El sector inmobiliario ve insuficientes los decretos de vivienda y reclama aumentar la oferta

Propietarios, promotores y portales inmobiliarios coinciden en que el paquete del Gobierno no resuelve el déficit de oferta y reclaman más suelo y seguridad jurídica

Los dos decretos aprobados por el Gobierno para responder a la crisis de vivienda han recibido una acogida crítica entre buena parte del sector inmobiliario. Las organizaciones y expertos consultados coinciden en señalar un problema de fondo: la falta de viviendas disponibles.

El paquete incluye medidas como la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios, la prórroga de determinados contratos de alquiler, nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones y restricciones a la compra de vivienda por parte de fondos y empresas con fines especulativos.

También contempla un IVA del 10% para los pisos turísticos, una reducción al 4% del IVA aplicado a la construcción de vivienda pública y protegida, cambios en la fiscalidad de las socimis y el programa Tu Casa, mediante el que el Estado facilitará financiación a tipo cero para cubrir parte de la entrada de una vivienda.

A ello se suman incentivos fiscales para los propietarios y bonificaciones para determinados inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros anuales.

Pero para los representantes del sector, estas medidas no atacan el principal desequilibrio del mercado: la escasez de oferta.

Los portales inmobiliarios cuestionan la prórroga de contratos

Una de las medidas que más críticas ha suscitado es la renovación automática de determinados contratos de alquiler, incluida en el segundo decreto.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, considera que el problema de la vivienda va mucho más allá de la duración de los contratos. A su juicio, ampliar las prórrogas, limitar las rentas o establecer contratos de mayor duración no aumenta el número de viviendas disponibles.

"Prorrogar la duración de los contratos, hacerlos indefinidos o limitar la subida de las rentas no pone en el mercado ni una sola casa", sostiene Iñareta.

El portavoz de Idealista reclama que las políticas públicas se orienten principalmente a aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler. De lo contrario, considera que las nuevas medidas pueden agravar una situación que ya está marcada por la escasez de oferta.

En una línea similar se pronuncia Ferran Font, de Pisos.com. Aunque defiende la protección de los hogares vulnerables, considera que esta debe combinarse con medidas que proporcionen mayor seguridad y previsibilidad a los propietarios, especialmente a los pequeños arrendadores.

El objetivo, explica Font, debería ser proteger a los hogares que necesitan ayuda sin aumentar la percepción de riesgo de los propietarios hasta el punto de que parte de las viviendas termine abandonando el mercado residencial.

Los constructores reclaman más suelo para construir

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) valora que la vivienda haya pasado a ocupar un lugar central en el debate político, pero considera que el paquete aprobado por el Gobierno no es suficiente para afrontar el déficit existente.

La patronal reclama desbloquear la reforma de la Ley del Suelo y acelerar la disponibilidad de suelo finalista. Su demanda parte de una estimación del Banco de España que sitúa en al menos 750.000 viviendas el déficit existente.

Para la CNC, la respuesta debería combinar la movilización de suelo con una reducción de los plazos administrativos, una fiscalidad adecuada, cambios en los mecanismos de actualización de precios de la contratación y medidas para hacer frente a la falta de trabajadores en el sector.

La organización sí valora positivamente que la construcción de vivienda de promoción pública y protegida pase a beneficiarse de un IVA del 4%, aunque reclama que esta reducción forme parte de una reforma fiscal más amplia. Según sus cálculos, la fiscalidad puede representar más del 25% del precio final de una vivienda.

Los promotores también reclaman más oferta

La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) comparte parte de este diagnóstico. La organización considera positiva la mejora fiscal para el desarrollo de vivienda protegida, pero critica que el paquete no incluya medidas suficientes para aumentar la oferta.

En concreto, reclama actuaciones relacionadas con el suelo, la agilización administrativa y la seguridad jurídica de los promotores.

Desde otras organizaciones y fuentes del sector también se cuestiona que las medidas aprobadas puedan cambiar la situación del mercado. Algunas califican el paquete de "la misma cantinela que llevamos escuchando desde hace un año" y reclaman acelerar la construcción de nuevas viviendas.

Su planteamiento pasa por modificar la Ley del Suelo y evitar, en su opinión, medidas que consideran parciales. Estas fuentes también sostienen que la protección de las familias vulnerables debería ser asumida por las administraciones públicas y no recaer sobre los propietarios de viviendas.

Asufin respalda algunas medidas, pero pide más

No todas las valoraciones son negativas. La asociación de usuarios financieros Asufin considera positiva la ampliación hasta finales de 2030 de la suspensión de determinados desahucios y también las ayudas destinadas a facilitar la compra de una primera vivienda.

Sin embargo, considera insuficiente la prohibición de la compra especulativa de vivienda por parte de fondos hasta 2028.

El paquete aprobado por el Gobierno reúne así medidas dirigidas tanto a proteger a los inquilinos y hogares vulnerables como a facilitar el acceso a la compra y promover vivienda pública. El sector inmobiliario, sin embargo, pone el foco en otra cuestión: que ninguna de estas actuaciones, a su juicio, resolverá por sí sola el desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta de vivienda que consideran insuficiente.