Aragón recurrirá al Supremo el reparto de 476 menores migrantes impuesto por el Gobierno

El Gobierno de Aragón llevará ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Ejecutivo central para organizar el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El recurso, que se presentará de forma "inminente", busca impedir que la comunidad tenga que asumir la acogida de 476 menores adicionales en una red que el Ejecutivo autonómico asegura que se encuentra sobrepasada.

Los servicios jurídicos de Aragón han detectado "numerosas irregularidades" en la norma y solicitarán también su suspensión cautelar para evitar que produzca efectos mientras el Supremo analiza su legalidad.

Los vicepresidentes del Gobierno aragonés, Mar Vaquero y Alejandro Nolasco, han anunciado conjuntamente la decisión, en una nueva muestra de la posición compartida por PP y Vox en materia migratoria. El Ejecutivo de Jorge Azcón sostiene que el real decreto invade competencias autonómicas y cuestiona el procedimiento utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para establecer el reparto.

Durante la presentación del recurso, Nolasco ha enumerado varios de los argumentos que planteará Aragón ante el Supremo. Según el vicepresidente, la norma "invade competencias autonómicas", vulnera "el principio de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas" y entra en conflicto con el acuerdo suscrito entre España y Marruecos el 6 de marzo de 2007.

Nolasco sostiene que ese acuerdo obliga a España a devolver "de forma urgente" a los menores que crucen ilegalmente la frontera a sus familias o al Estado marroquí. Este será uno de los argumentos que la comunidad incorporará a su recurso contra el real decreto.

Vaquero ha recordado que la norma aprobada en junio supone, a su juicio, una ampliación del real decreto aprobado en 2025, que Aragón ya recurrió ante los tribunales. La vicepresidenta ha acusado al Ejecutivo central de volver a actuar sin contar con las comunidades autónomas y ha criticado el carácter obligatorio del reparto.

"El Gobierno de España vuelve a repetir el patrón respecto a la total falta de respeto a las competencias de la comunidad autónoma, la decisión unilateral, el reparto forzoso, sin ningún tipo de criterio que podamos entender argumentado", ha afirmado.

Los dos vicepresidentes han cuestionado además el modo en que el Ejecutivo central está gestionando la política migratoria. Nolasco ha acusado al Gobierno de utilizar a los menores migrantes como parte de su estrategia política y ha asegurado que el real decreto "favorece a las mafias que hacen negocio con esa inmigración ilegal".

El dirigente de Vox también ha calificado la norma de "compendio de ilegalidad" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber convertido la "ilegalidad", la "inmoralidad" y la "corrupción" en parte de su actuación política.

Aragón se suma así a las comunidades autónomas que ya han decidido recurrir judicialmente el sistema de reparto. El Ejecutivo autonómico pretende que el Supremo suspenda cautelarmente la aplicación del real decreto hasta que exista un pronunciamiento sobre su legalidad.

La decisión llega mientras el Gobierno aragonés mantiene que sus recursos de acogida para menores se encuentran "totalmente sobrepasados". Durante la comparecencia, sin embargo, ni Vaquero ni Nolasco ofrecieron una cifra concreta sobre el número de menores que permanecen actualmente en los centros de la comunidad.

El Ejecutivo de Azcón considera que la incorporación de otros 476 menores agravaría la situación de una red que, según sostiene, ya afronta dificultades para atender a los jóvenes que se encuentran bajo su tutela.