Marruecos ofrece colaborar en un retorno que depende de los tribunales españoles
El encuentro en Nueva York no establece calendario ni mecanismo de retorno y no altera la tramitación individual que exige la ley española para cada menor no acompañado.
Albares y Bourita se ven por primera vez desde julio y acuerdan cooperar en las devoluciones. El bloqueo de los 3.000 menores está en el procedimiento español, y la reunión de Nueva York no lo toca.
José Manuel Albares y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, se reunieron este jueves en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Es su primer encuentro presencial desde la entrada masiva en Ceuta del 30 y 31 de julio, y llega precedido de numerosas conversaciones telefónicas.
Según fuentes de Exteriores, Marruecos ha reiterado su plena colaboración para que regresen cuanto antes quienes no tengan derecho a solicitar asilo. Bourita defendió después ante los medios la posición de su país a favor del retorno tanto de los adultos como de los menores no acompañados.
En Ceuta permanecen alrededor de 10.000 personas, unas 3.000 de ellas menores.
Marruecos dice que sí y el retorno sigue sin producirse
El punto más conflictivo son los menores, y ahí la oferta marroquí no resuelve el problema.
El Ministerio de Exteriores marroquí publicó el 10 de septiembre un comunicado en el que urgía a España a entregarlos y aseguraba que no pondría impedimento alguno para acogerlos. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho esta semana que el Gobierno prevé que la mayoría se quede en España.
Las dos afirmaciones no se contradicen porque describen tramos distintos del proceso.
La repatriación de un menor no acompañado no es un acto administrativo entre dos países. La ley española exige un procedimiento individualizado para cada uno: determinar su edad, oírle, recabar informe del Ministerio Fiscal, valorar cuál es su interés superior y verificar que en el país de origen hay familia localizada o servicios de protección que puedan hacerse cargo. La resolución es recurrible ante los tribunales.
Ese recorrido dura meses por expediente y en un porcentaje elevado de casos termina sin repatriación, porque no se acredita ninguna de las dos condiciones anteriores.
De modo que la disposición de Rabat a recibirlos no acelera nada. El obstáculo está en el lado español y es judicial, no diplomático. Tres mil expedientes se resuelven uno a uno, por jueces y fiscales, con independencia de lo que se acuerde en Nueva York.
Lo que la reunión no ha producido
La expresión "plena colaboración" describe una voluntad. No es un mecanismo.
No se ha anunciado un calendario, ni un procedimiento de readmisión, ni un número de personas, ni un punto de entrega, ni la designación de interlocutores técnicos. Sin esas piezas, el compromiso no se distingue de los que Marruecos ya había formulado por escrito el 10 de septiembre y que no han cambiado la situación sobre el terreno.
Los retornos de adultos tienen su propio requisito previo, y es el mismo que bloquea todo lo demás: identificar a cada persona y abrir su expediente. Mientras ese trabajo no avance, no hay a quién devolver aunque el otro país esté dispuesto a recibirlo.
La frase de la CNN y el informe policial
El encuentro llega en una semana en la que el lenguaje del Gobierno sobre Marruecos se ha movido.
Sánchez afirmó en una entrevista en la CNN que había pedido respuestas a Rabat por los fallos en la frontera del 30 y el 31 de julio. Era la primera vez que señalaba de forma tan directa al país vecino. Tanto él como Albares negaron después que aquello supusiera un cambio de discurso.
El contraste con lo dicho tres semanas antes es evidente. El 3 de septiembre, en el Congreso, el presidente sostuvo que no había pruebas de que Marruecos hubiera planificado o ejecutado la entrada, y añadió que si aparecían evidencias sólidas el Gobierno actuaría con contundencia.
Aquella comparecencia se produjo un día después de conocerse el informe que la Policía entregó a la jueza María Tardón, en el que se apunta a las fuerzas de seguridad marroquíes y se describe la llegada como planificada y en ningún caso espontánea.
Un informe policial es material de investigación y no una conclusión judicial. Pero el Gobierno no ha explicado por qué considera que ese documento no constituye una evidencia sólida, y esa explicación sigue pendiente.
Por qué el tono se mide tanto
La posición española en esta negociación tiene un desequilibrio conocido.
España necesita a Marruecos para las devoluciones, para el control del perímetro de Ceuta y Melilla, para la cooperación antiterrorista y para la gestión de los flujos en el Estrecho y en Canarias. Marruecos lo sabe.
Esa dependencia explica por qué Moncloa ha medido cada palabra sobre lo ocurrido en julio, y también por qué una declaración algo más dura en una televisión estadounidense se matizó al día siguiente.
Albares ha reiterado que quiere una relación basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la declaración conjunta de 2022. Es la misma fórmula con la que el Gobierno responde a las voces marroquíes que reclaman la anexión de Ceuta y Melilla, y esta semana el ministro sostuvo que España no hablará de esa cuestión con nadie.
Lo que se decide en Nueva York y lo que no
De la reunión sale un compromiso sobre la parte que no estaba bloqueada y ninguna novedad sobre la que sí lo está.
Los adultos no pueden ser devueltos hasta que se les identifique. Los menores no pueden serlo hasta que un juez lo autorice caso por caso. Ninguna de esas dos cosas depende de Rabat.
La diplomacia ha hecho su trabajo. El cuello de botella sigue donde estaba en agosto, y está en España.
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