Vox acusa al Gobierno de querer “secuestrar” a los menores de Ceuta con su traslado a la Península
El partido rechaza la distribución entre comunidades, mientras el Ejecutivo defiende el artículo 35 y prepara nuevos espacios de acogida en la ciudad autónoma.
La crisis migratoria de Ceuta ha abierto otro frente político. Vox ha endurecido sus críticas al Gobierno por la gestión de los menores extranjeros que permanecen en la ciudad y ha cargado contra la posibilidad de trasladarlos a otras comunidades autónomas.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, llegó este martes a calificar de "secuestro institucionalizado" la situación de estos menores. La dirigente considera que trasladarlos a la Península bajo el mecanismo previsto en la legislación supondría, según sus palabras, "arrebatarles" de sus familias y de sus países.
Millán fue todavía más lejos y calificó de "tráfico institucionalizado" cualquier reparto de los menores entre comunidades. Vox sostiene que esa medida favorecería a las redes que trafican con personas y acusa directamente al Ejecutivo de utilizar las instituciones del Estado para llevarla adelante.
Son acusaciones políticas de Vox que el Gobierno no comparte. El mecanismo de traslado, además, no implica que todos los menores sean enviados automáticamente a la Península. La situación de cada uno debe ser analizada y, cuando proceda, se estudian vías como la reagrupación familiar.
El artículo 35 está en el centro del conflicto
El enfrentamiento gira alrededor del artículo 35 de la Ley de Extranjería y del sistema creado para distribuir a menores extranjeros no acompañados cuando una comunidad o ciudad autónoma supera ampliamente su capacidad de acogida.
La normativa establece un mecanismo de contingencia para territorios especialmente tensionados. Una vez activado, las demás comunidades deben asumir parte de los menores que corresponda según los criterios establecidos. El sistema ya se ha utilizado con menores procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla.
El Gobierno sostiene que el mecanismo pretende aliviar territorios que no tienen capacidad suficiente para atender a todos los menores bajo su tutela. En Ceuta, la saturación se ha convertido en uno de los principales problemas de la crisis actual.
Según los últimos datos difundidos por el Ejecutivo, entre 500 y 700 menores no acompañados continúan en las calles de la ciudad, aunque organizaciones que trabajan sobre el terreno elevan esa cifra y hablan de más de 2.000.
Vox avisa de que recurrirá los traslados
La posición de Vox no se limita a las declaraciones. Millán aseguró que las comunidades donde su formación participa en el Gobierno cumplirán las decisiones que sean legalmente obligatorias, pero tratarán de impedir los traslados por las vías que tengan a su alcance.
Entre las medidas planteadas está la posibilidad de repetir las pruebas de edad cuando los menores lleguen a las comunidades de destino y recurrir administrativa y judicialmente las solicitudes de acogida.
El mensaje supone una nueva tensión dentro de los gobiernos autonómicos en los que PP y Vox comparten poder. Algunas de esas comunidades ya han recibido menores procedentes de Ceuta y otros territorios en aplicación de la legislación vigente.
De hecho, el debate ya ha dejado una contradicción difícil de esquivar: Vox rechaza políticamente el reparto, pero reconoce que las comunidades deben cumplir la ley cuando una derivación sea obligatoria.
El Gobierno prepara más espacios en Ceuta
Mientras la disputa política aumenta, la situación sobre el terreno continúa sin resolverse.
El Ejecutivo ha anunciado la habilitación de nuevos espacios de acogida en Ceuta durante las próximas semanas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que ya se han alojado alrededor de 6.000 adultos y 2.000 menores y que se trabaja para evitar que las personas que siguen en la ciudad tengan que dormir en playas o asentamientos improvisados.
El problema de los menores es especialmente delicado. No basta con decidir dónde serán trasladados. Antes deben ser identificados, filiados y sometidos a los procedimientos correspondientes. En los casos en los que pueda producirse una reagrupación familiar, también deben comprobarse las circunstancias y garantizarse el interés superior del menor.
Una crisis que sigue atrapada entre la política y los procedimientos
Vox reclama que los menores sean devueltos a Marruecos siempre que sea posible y acusa al Gobierno de mantenerlos en España para después distribuirlos por otras comunidades.
El Ejecutivo defiende otra vía: proteger a los menores mientras se estudia cada caso y utilizar los mecanismos legales disponibles cuando Ceuta no pueda asumir su atención.
El choque deja una cuestión pendiente que va mucho más allá de las declaraciones de los partidos. Ceuta continúa soportando una presión que supera su capacidad de acogida y, mientras Gobierno, PP y Vox mantienen posiciones enfrentadas sobre qué hacer con los menores, cientos de ellos siguen esperando una solución concreta.
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