Vivienda destina 633.000 euros a publicitar una ley que no evitó el desahucio de Maricarmen
El Ministerio amplía el acuerdo adjudicado en 2025 para adaptar las campañas sobre la ley de vivienda y otras medidas a las nuevas políticas del departamento.
Vivienda adjudicó el contrato a Sra. Rushmore en 2025 y lo prorrogó este año para adaptar las campañas a las nuevas políticas del departamento
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha destinado 633.382,5 euros a un contrato de publicidad para divulgar las políticas del Gobierno en materia de vivienda. El acuerdo, adjudicado en mayo de 2025 a la agencia Sra. Rushmore, incluye campañas sobre la ley de vivienda aprobada en 2023 y otras medidas impulsadas por el departamento que dirige Isabel Rodríguez.
La campaña continúa mientras la crisis de acceso a la vivienda se mantiene como uno de los principales problemas señalados por los ciudadanos y en plena negociación del Gobierno para aprobar nuevas medidas. El debate se ha intensificado además después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 80 años desalojada de su vivienda en el madrileño barrio de Retiro.
La ley de vivienda es uno de los principales elementos de las campañas. Sin embargo, su aplicación no ha impedido el desahucio de Maricarmen, un caso que ha generado movilizaciones y presión política para que el Ejecutivo adopte nuevas medidas.
Un contrato de más de 633.000 euros
El expediente fue formalizado el 19 de mayo de 2025 y contempla la prestación de servicios de creatividad, diseño, realización y producción de campañas de divulgación, información y concienciación sobre vivienda y agenda urbana.
El contrato fue adjudicado por 633.382,5 euros, frente a los 1,29 millones de euros, impuestos incluidos, que había contemplado inicialmente la Administración.
El periodo de ejecución se fijó en seis meses, aunque el contrato permitía una prórroga en determinadas circunstancias. Finalmente, el Ministerio decidió ampliarlo para este año.
Una resolución de Vivienda fechada el 23 de febrero de 2026 justifica la prórroga por la necesidad de adaptar las campañas a las nuevas políticas públicas impulsadas por el departamento de Isabel Rodríguez. El documento señala que se trata de circunstancias que no podían preverse cuando se licitó el contrato y que, según el Ministerio, hacen necesaria la continuidad del servicio.
La ampliación no supone un cambio en el importe de adjudicación. Tampoco modifica el plazo de ejecución previsto inicialmente, sino que introduce una adecuación técnica del contrato.
Campañas sobre la ley de vivienda
Entre las campañas elaboradas por Sra. Rushmore figura "Vivienda para vivir, no para especular #unaleyparavivir", centrada en algunas de las medidas incluidas en la ley aprobada en 2023.
Uno de los mensajes explica que la norma permite limitar determinadas subidas del alquiler al finalizar un contrato. El anuncio añade que su aplicación depende de las comunidades autónomas.
Ese argumento aparece también en una de las cuñas que se emitían este lunes en emisoras como Los 40 y Cadena SER. El mensaje pone el foco en las actuaciones del Gobierno central en materia de vivienda y presenta la ley como una de las principales medidas adoptadas en este ámbito.
La campaña no hace referencia al caso de Maricarmen, cuyo desahucio se produjo la semana pasada y ha vuelto a colocar el problema de la vivienda en el centro del debate político.
El papel de las comunidades autónomas
La aplicación de algunas de las medidas de la ley depende de las comunidades autónomas. Entre ellas se encuentra la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que permite aplicar determinados mecanismos de control sobre los alquileres.
Según los datos incluidos en la información, esta herramienta se utiliza actualmente en Cataluña, Asturias y País Vasco. También hay comunidades gobernadas por el PSOE que no han recurrido a ella, como Castilla-La Mancha.
El Gobierno ha utilizado en los últimos años la falta de aplicación de determinadas medidas por parte de las comunidades gobernadas por el PP como argumento dentro de su política de vivienda.
Los anuncios institucionales incorporan esa misma idea al recordar que parte de las medidas previstas en la ley requieren la actuación de las administraciones autonómicas.
Publicidad en televisión, radio e internet
El contrato contempla una campaña con presencia en distintos formatos y medios. El pliego incluye televisión, prensa escrita, radio, publicidad exterior, internet y redes sociales, además de materiales informativos como folletos y carteles.
La prórroga aprobada en febrero mantiene las condiciones económicas del contrato. El Ministerio no incrementa ni reduce los 633.382,5 euros de la adjudicación inicial.
La continuidad de estas campañas coincide con un momento en el que el Gobierno negocia nuevas medidas para afrontar la crisis de la vivienda. El Ejecutivo trata de sacar adelante un nuevo decreto mientras aumenta la presión política para adoptar soluciones ante el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.
El caso de Maricarmen ha añadido un nuevo elemento a ese debate: el de una ley que el Gobierno presenta en sus campañas como una herramienta para proteger a los inquilinos, pero que no evitó el desahucio de la octogenaria madrileña.
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