El Gobierno busca un decreto de vivienda de mínimos para asegurar el apoyo de Junts y PNV
El Ejecutivo busca un texto de mínimos que reúna el respaldo de Junts, PNV y sus socios de izquierda, mientras Podemos reclama expropiar 650.000 viviendas.
La propuesta incluye limitar la compra de promociones por fondos buitre y aplicar beneficios fiscales al alquiler y la compra, mientras Podemos insiste en las expropiaciones
El Gobierno apura las últimas horas antes del Consejo de Ministros con el objetivo de cerrar un decreto de vivienda que pueda reunir los apoyos necesarios en el Congreso. La propuesta que se negocia toma como referencia dos de las principales condiciones planteadas por Junts: limitar la compra de nuevas promociones por parte de fondos buitre y establecer incentivos fiscales para el alquiler y la adquisición de vivienda.
Según fuentes conocedoras de las conversaciones, estas medidas cuentan con un grado de acuerdo suficiente entre las fuerzas que participan en la negociación. El planteamiento busca construir un texto de mínimos que pueda ser respaldado por Junts, PNV y los socios de izquierda del Ejecutivo.
La principal dificultad en este momento procede de Podemos. La formación reclama incluir en el decreto la expropiación de unas 650.000 viviendas que atribuye a fondos buitre. Esta propuesta no cuenta con el respaldo de Junts ni del PNV y su incorporación podría poner en riesgo la mayoría necesaria para convalidar la norma.
El Ejecutivo intenta evitar ese escenario y trabaja con la idea de concentrar en el decreto aquellas medidas que puedan reunir más apoyos, mientras deja otras propuestas para futuras iniciativas legislativas. La estrategia permitiría mantener abierta la negociación con los distintos socios sin incorporar al texto una medida que pueda hacer imposible su aprobación parlamentaria.
Junts rechaza un nuevo decreto ómnibus
Junts también ha fijado una condición sobre la estructura de la norma. La formación de Carles Puigdemont no quiere que el decreto de vivienda se convierta en un nuevo paquete de medidas heterogéneas, como ocurrió con anteriores decretos ómnibus.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, reclamó a Sánchez que no mezcle la vivienda con medidas que, a su juicio, puedan perjudicar a los pequeños propietarios.
La posición del PNV es similar en cuanto a la necesidad de buscar un punto de acuerdo entre las distintas formaciones. Su presidente, Aitor Esteban, defendió un texto que establezca "un mínimo común denominador entre todos" y cuestionó la estrategia de quienes plantean posiciones de máximos.
La referencia también afecta a Podemos, que mantiene su exigencia de incluir las expropiaciones.
ERC reclama ampliar la protección de los inquilinos
Esquerra mantiene sus propias demandas, aunque la posición expresada por su presidente, Oriol Junqueras, se ha centrado en el contenido del decreto y no en las propuestas de Junts.
Junqueras reclama limitar los alquileres de temporada y por habitaciones, suspender los desalojos de personas vulnerables, eliminar lo que considera "privilegios de las sociedades de inversión" y establecer una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan después de la entrada en vigor del decreto.
El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido más crítico con la posibilidad de que Junts marque las condiciones de la negociación, pero la posición fijada por Junqueras evita convertir esa disputa en el centro de las exigencias de Esquerra.
Sumar también acepta discutir las medidas fiscales
Sumar ha mantenido una posición más próxima a las demandas de sus socios de izquierda, aunque en los últimos días ha abierto la puerta a estudiar algunas de las propuestas planteadas por Junts.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó el viernes que las medidas fiscales podían ser objeto de debate ante la "urgencia habitacional". La posición se produjo antes de que Sumar advirtiera al PSOE de que podría volver a plantar al Gobierno en el Consejo de Ministros si el decreto llega sin los apoyos suficientes para superar después la votación en el Congreso.
El Ejecutivo tiene así una negociación abierta en varios frentes. Junts reclama un texto centrado en vivienda y rechaza incluir medidas que considera ajenas a ese objetivo. El PNV pide un acuerdo de mínimos. ERC quiere ampliar la protección de los inquilinos y Sumar exige un mayor alcance social. Podemos, por su parte, mantiene la expropiación de viviendas como una de sus principales condiciones.
Sánchez afronta también la presión en la calle
A la negociación parlamentaria se suma la movilización social. Pedro Sánchez estará este lunes en Barcelona, donde tiene previsto participar en varios actos, entre ellos una visita a una promoción de vivienda social y la entrega de los premios de La Vanguardia.
El Sindicato de Inquilinas ha convocado una protesta a las 19 horas frente al Palacio de Congresos, donde se celebrará la ceremonia.
La movilización coincide con las horas decisivas para cerrar el decreto. El Gobierno busca llegar al Consejo de Ministros con un texto que pueda superar después la votación parlamentaria sin perder los apoyos necesarios de sus socios.
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