El desahucio de Maricarmen fuerza al Gobierno a mover ficha ante el temor a un nuevo 15-M
Moncloa busca responder a la presión social por el desalojo de una mujer de 87 años, mientras Sumar exige aprobar la norma y Junts mantiene sus condiciones.
Moncloa admite que el desahucio de Maricarmen es un punto de inflexión y trabaja para llevar la norma al Consejo de Ministros. Los votos que la tumbaron en la votación anterior siguen donde estaban.
El Gobierno trabaja para aprobar este martes el real decreto de vivienda que prepara desde julio, después de que el desalojo de una mujer de 87 años que llevaba más de setenta viviendo en la misma casa haya disparado la presión sobre el PSOE.
Fuentes de Moncloa reconocen que el caso supone un punto de inflexión y que la sociedad requiere respuestas, y añaden que el problema abarca a todos los partidos. Piden a los grupos del Congreso recapacitar y advierten de que todos tendrán que ceder en sus posiciones de máximos.
Sumar ha dado un ultimátum: el texto debe salir el martes, con acuerdo de Junts o sin él.
Aprobar y convalidar son dos cosas
Un real decreto ley entra en vigor cuando lo firma el Consejo de Ministros y decae si el Congreso no lo convalida en los treinta días siguientes.
El texto anterior, que congelaba precios y paralizaba desahucios, recorrió ese camino completo. Fue aprobado por el Gobierno y derribado con los votos de PP, Vox y Junts. Esos tres grupos siguen sumando mayoría absoluta.
La exigencia de Sumar se refiere, por tanto, al tramo que el Ejecutivo controla en solitario. Aprobar sin Junts significa aprobar algo que se votará en octubre con la misma aritmética que ya falló.
Un decreto derogado deja además a los contratos firmados durante esas semanas en una situación jurídica incierta, y a los inquilinos exactamente donde estaban antes.
Dos negociaciones que piden cosas contrarias
Junts ha confirmado que mantiene abierta una vía con el Gobierno. Entregó sus propuestas hace dos semanas y el PSOE las está estudiando.
Lo que pide el partido catalán son desgravaciones fiscales para pequeños tenedores y cuentas de ahorro para la compra de vivienda. Lo que pide Sumar es congelar y prorrogar los alquileres, regular los usos especulativos —pisos turísticos, viviendas de temporada, alquiler de habitaciones— y proteger a las familias frente a grandes inversores.
Ese último punto tiene un matiz que suele perderse: Sumar no reclama una paralización general de los desahucios, sino la protección frente a propietarios que son fondos y no particulares.
Las dos listas no son incompatibles sobre el papel. Nada impide combinar deducciones para pequeños propietarios con topes al alquiler. El obstáculo es político: la congelación de precios es justo lo que Junts ha rechazado en cada votación, y las desgravaciones a caseros son lo que una parte de la izquierda no quiere firmar.
Cualquier acuerdo obliga a las dos partes a votar aquello contra lo que hicieron campaña.
El argumento que el Gobierno dirige al PP
Moncloa ha abierto también una puerta a los populares. "Que diga el PP qué es lo que no le gusta ahora del decreto que sí apoyó en 2025 y podemos estudiar cambios para intentar incorporarlos a este acuerdo", señalan fuentes del Ejecutivo.
El planteamiento busca una abstención, que bastaría para convalidar la norma sin necesidad de un voto favorable.
Su eficacia depende de cuánto se parezcan los dos textos. Un decreto apoyado hace un año y otro redactado ahora bajo presión de Sumar pueden compartir el título y poco más, y el PP responderá sobre el contenido actual, no sobre el anterior.
Podemos, por su parte, no se ha levantado de la mesa.
Cuatro mil desahucios y un nombre
En el primer trimestre de este año se ejecutaron unos 4.000 desahucios en España.
Ninguno de ellos generó manifestaciones. El de Maricarmen sí, y la diferencia no está en la gravedad sino en las imágenes: una mujer de 87 años saliendo en camilla de la casa donde vivió siete décadas produce algo que una estadística trimestral no produce.
Ese es el funcionamiento habitual de la atención pública y explica por qué un caso mueve lo que miles no mueven. También explica su límite. La movilización dura lo que dura el caso, y el decreto que se apruebe el martes tendrá que votarse cuando ya no haya imágenes.
Pablo Bustinduy ha planteado llevar la presión a la calle para forzar el voto de Junts. La eficacia de esa fórmula sobre un partido que concurre en Cataluña y responde a su propio electorado está por ver.
Lo que decide el martes
El Consejo de Ministros puede aprobar el decreto sin pedirle permiso a nadie. Eso responde al ultimátum de Sumar, satisface la demanda de una reacción inmediata y permite al Gobierno decir que ha actuado.
La votación de octubre es otra cosa y depende de dos decisiones que no están tomadas: si Junts acepta un texto con topes al alquiler y si el PP se abstiene sobre una norma que ya rechazó.
Sin alguna de esas dos, el martes solo produce titulares.
- LO MÁS LEÍDO EN España
