Sumar aprieta al PSOE por el desahucio de Maricarmen y exige expropiar su vivienda
La medida necesita la convalidación del Congreso, donde PP, Vox y Junts mantienen la mayoría que ya tumbó los anteriores topes al alquiler.
El socio minoritario exige aprobar el martes la nueva norma de vivienda y expropiar el piso del que fue desalojada una mujer de 87 años. Puente responde acusando a quienes critican al PSOE de servir a la derecha.
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, sacada en camilla de su vivienda entre protestas, ha abierto un conflicto dentro del Gobierno de coalición.
Yolanda Díaz ha reclamado al PSOE dos cosas: expropiar esa vivienda y aprobar el real decreto de vivienda que lleva meses en preparación, con un paquete para congelar los alquileres. Los ministros Pablo Bustinduy y Sira Rego han difundido mensajes en la misma línea. "Después de un año negociando, se acabó el tiempo", ha escrito Rego.
Fuentes de Sumar fijan una fecha: el texto debe aprobarse "sí o sí" en el Consejo de Ministros del martes. Piden que incluya la congelación y prórroga de los alquileres, la regulación de los usos especulativos de la vivienda, con los pisos turísticos y las viviendas de temporada, y protección para inquilinos frente a los fondos de inversión.
La presión llega un día después de que Ada Colau pidiera romper el Gobierno si el PSOE no cambia su política de vivienda.
El decreto lo aprueba el Gobierno y lo derriba el Congreso
Un real decreto ley entra en vigor cuando lo aprueba el Consejo de Ministros. Y decae si el Congreso no lo convalida en los treinta días siguientes.
El texto anterior con topes al alquiler ya recorrió ese camino. Fue aprobado por el Gobierno y tumbado en la Cámara con los votos de PP, Vox y Junts. Esos tres grupos siguen sumando mayoría.
Sumar reclama, por tanto, la parte del proceso que el Gobierno controla. La parte que determina si la medida sobrevive está en manos de quienes ya dijeron que no.
Un decreto aprobado el martes y derogado en octubre dejaría la situación de los inquilinos donde estaba, con una derrota parlamentaria añadida y con los contratos que se hubieran firmado durante esas semanas en un limbo jurídico.
Ahí está el motivo de que el texto lleve meses aplazándose mientras se negocia con Junts. Y ahí sigue el problema después del martes, decida lo que decida el Consejo de Ministros.
Expropiar un piso concreto
La segunda petición tiene sus propias dificultades.
La Constitución permite expropiar por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante ley y con la indemnización correspondiente. El procedimiento exige declarar esa causa, tramitar el expediente y pagar el justiprecio, que se calcula a valor de mercado.
Eso plantea tres cuestiones prácticas.
La primera es que expropiar una vivienda concreta para resolver un caso concreto encaja mal con una figura pensada para actuaciones de alcance general. Declarar el interés social de un solo piso es jurídicamente frágil.
La segunda es el precio. El Estado tendría que pagar al propietario el valor de mercado de la vivienda. El fondo cobraría íntegro lo que vale el inmueble y quedaría fuera del problema.
La tercera es quién puede hacerlo. Las competencias en vivienda corresponden en su mayor parte a las comunidades autónomas. Varias aprobaron leyes de expropiación temporal del uso de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, y buena parte de aquellas normas fueron recurridas y anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional.
La medida funciona como señal política. Como solución jurídica tiene un recorrido corto.
La respuesta de Puente
El ministro de Transportes ha contestado a las críticas desde X sin nombrar a nadie del Gobierno.
"A mí a izquierdista no me gana nadie. Y eso incluye no ponerme jamás en la posición de hacer de tonto útil de la derecha", escribió, antes de añadir que "las cosas se cambian sobre todo gobernando y casi nunca todo lo que uno querría".
También apuntó a la fragmentación del espacio situado a la izquierda del PSOE: "Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el Gobierno a la ultraderecha".
Horas antes había escrito que culpar al PSOE de un desahucio a una mujer de 87 años explica "el proceso de autoliquidación" de esa izquierda.
Dos electorados, dos mensajes
El intercambio cumple una función reconocible en ambas direcciones.
Sumar necesita mostrar a sus votantes que la permanencia en el Gobierno sirve para algo, y una fecha límite pública es la forma más visible de hacerlo. Si el PSOE aprueba el decreto, se apunta el resultado. Si no lo aprueba, tiene el agravio.
Puente cumple la función simétrica para el electorado socialista: presentar la crítica interna como un favor a la oposición y la gestión como el único terreno serio.
Ninguno de los dos mensajes está dirigido al otro. Los dos van al mismo sitio, que son las encuestas.
Lo que no cambia el martes
El desahucio ya se ha producido. Ninguna de las dos medidas que se discuten estos días lo habría impedido, porque el decreto no estaba en vigor y la expropiación requiere un procedimiento que dura meses.
Del caso de Maricarmen se conocen las imágenes y poco más: no se ha explicado en qué situación estaba el contrato, ni qué resolución judicial ordenó el lanzamiento, ni qué alternativas habitacionales se le ofrecieron. Esos datos determinan si alguna de las medidas propuestas le habría servido.
Lo que sí se sabe es que la norma que podría haber afectado a casos como el suyo se votó en el Congreso hace meses y no salió adelante. La mayoría que la rechazó sigue estando.
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