Desahucian a Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba siete décadas en su casa

Maricarmen ya no vive en la casa en la que pasó más de siete décadas. La mujer, de 87 años, fue desalojada este miércoles de su vivienda en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, después de que la comisión judicial ejecutara el cuarto intento de desahucio.

Cientos de personas se habían concentrado desde la noche anterior para intentar impedir el lanzamiento. La protesta terminó con momentos de tensión en el portal, donde la Policía Nacional retiró a los activistas que permanecían sentados para bloquear el acceso al edificio. Finalmente, los agentes consiguieron entrar y ejecutar el desalojo.

Maricarmen abandonó el inmueble en camilla y fue trasladada por los servicios sanitarios del Samur. Las imágenes del momento, con la mujer saliendo del edificio mientras los manifestantes gritaban en su apoyo, pusieron el foco sobre un caso que llevaba meses enfrentando a la propiedad, los colectivos de vivienda y las distintas administraciones.

Cuatro intentos de desahucio

La historia de Maricarmen comenzó mucho antes de que el inmueble llegara a manos de su actual propietaria. Su padre firmó el contrato de alquiler en 1956. Tras su fallecimiento, el arrendamiento pasó primero a su esposa y posteriormente a Maricarmen.

Se trataba de uno de los conocidos contratos de renta antigua, con una mensualidad que se actualizaba conforme al IPC. Durante décadas, la mujer permaneció en la vivienda bajo esas condiciones.

El escenario cambió después de que el edificio pasara a manos de Urbagestión en 2018. Según los colectivos que han apoyado a la inquilina, la propiedad planteó una subida muy elevada del alquiler, lo que terminó desembocando en el conflicto judicial. Algunas informaciones sitúan la renta reclamada en torno a los 1.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 500 euros que pagaba.

Maricarmen consiguió inicialmente una resolución favorable en los tribunales, pero posteriormente el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad. Desde entonces se han producido varios intentos de lanzamiento.

El de este miércoles ha sido el definitivo.

La propiedad rechaza aplazar el lanzamiento

Durante las horas previas al desahucio, la defensa de Maricarmen intentó encontrar una salida. Su abogada, Beatriz Duro, aseguró que se plantearon distintas alternativas para retrasar el lanzamiento por razones humanitarias, pero la propiedad no aceptó.

También se habría planteado que una persona asumiera el pago del alquiler para evitar el desalojo. Según la defensa, tampoco esa propuesta prosperó. La propiedad ofreció enviar las pertenencias de Maricarmen a la dirección que indicara una vez ejecutado el lanzamiento.

La mujer, además, no tenía claro dónde iba a pasar la noche tras abandonar su vivienda. El Ayuntamiento de Madrid ha señalado que sus servicios sociales llevan meses siguiendo el caso y que se le habían ofrecido recursos de alojamiento que ella rechazó.

Ahí aparece uno de los puntos más controvertidos del caso: tanto las administraciones como los colectivos de vivienda aseguran haber buscado soluciones, pero ninguna de las alternativas planteadas ha terminado resolviendo el problema de fondo.

Cruce de acusaciones entre administraciones

El Ministerio de Vivienda había reclamado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que intervinieran y había respaldado la petición de Naciones Unidas para suspender el desahucio y garantizar una solución habitacional adecuada.

El Ministerio cuestionó que el Ayuntamiento no hubiera dado una respuesta suficiente a la situación de vulnerabilidad de la mujer y reclamó también a la Comunidad una alternativa residencial o una ayuda que permitiera asumir el coste de una vivienda.

Desde el Ayuntamiento rechazaron esas críticas. Fuentes municipales aseguraron que los servicios sociales habían elaborado un informe de vulnerabilidad en octubre de 2025, a petición del juzgado, y que Maricarmen recibe distintas prestaciones municipales.

El Consistorio también sostiene que puso a su disposición diferentes recursos de alojamiento, pero que la mujer rechazó las plazas ofrecidas.

Mientras las administraciones se reprochan responsabilidades, el problema ha terminado teniendo una consecuencia concreta: una mujer de 87 años ha abandonado la vivienda en la que llevaba viviendo desde 1956.

Un caso que trasciende a Maricarmen

La situación ha movilizado a colectivos de vivienda, vecinos y representantes políticos. Entre quienes acudieron a la concentración estuvieron la eurodiputada Irene Montero y el diputado de Sumar Enrique Santiago, que reclamaron una respuesta de las administraciones ante la situación de la anciana.

Los manifestantes mantuvieron durante horas consignas de apoyo a Maricarmen mientras la Policía despejaba el acceso al edificio. Hubo momentos de tensión y enfrentamientos verbales durante la intervención policial.

El Sindicato de Inquilinas sostiene que había planteado distintas soluciones, incluida la posibilidad de que las administraciones adquirieran la vivienda. También ha denunciado que las alternativas ofrecidas hasta ahora no se ajustaban a las posibilidades económicas de la mujer.

Naciones Unidas había pedido al Estado español que adoptara medidas para evitar el desalojo o garantizara una alternativa habitacional adecuada.

Nada de ello consiguió detener el lanzamiento.

Maricarmen salió finalmente de su casa en camilla, acompañada por los servicios sanitarios y entre los gritos de las personas que permanecían concentradas frente al edificio. El conflicto deja ahora una pregunta que va más allá del desahucio: qué respuesta ofrecerán las administraciones a una mujer de 87 años que acaba de perder la vivienda en la que ha vivido durante 70 años.