Feijóo critica al Gobierno por el desahucio de Maricarmen y reclama ”respuestas excepcionales”

El líder del PP dice que no usará el desahucio políticamente y sitúa la solución en construir un millón de viviendas. Ninguna de las dos administraciones ha explicado qué se le ofreció a la mujer desalojada.

Alberto Núñez Feijóo calificó de descorazonadora la imagen del desahucio de Maricarmen, de 87 años, a su salida del Campus FAES. "No voy a hacer demagogia con esto. No voy a utilizar un desahucio de una persona mayor a pesar del impacto que eso supone", afirmó. "Utilizar a Maricarmen para hacer política yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el Gobierno".

Pedro Sánchez había llamado al caso tragedia social y había responsabilizado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, ambos del PP, por ser competentes en la protección de personas vulnerables.

Feijóo respondió que el Gobierno no puede responsabilizar a nadie de su falta de política de vivienda después de ocho años en Moncloa, sostuvo que el Ejecutivo está inhabilitado para esta materia y pidió una oportunidad para resolverlo.

Las dos competencias existen y no son la misma

La política de vivienda en España está repartida.

El urbanismo, el suelo, las licencias y el parque público corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos. También los servicios sociales y la atención a personas en situación de vulnerabilidad, incluida la búsqueda de alojamiento alternativo para quien pierde su casa.

El Estado tiene la legislación civil y procesal, que es la que regula cómo se ejecuta un desahucio, la fiscalidad y la planificación económica general. De ahí salen las leyes de arrendamientos, los decretos de suspensión de lanzamientos y el marco normativo del alquiler.

Sánchez apunta a lo primero: quién debía atender a una mujer de 87 años el día que la sacaban de su casa. Feijóo apunta a lo segundo: quién ha gobernado la política estatal de vivienda durante ocho años.

Los dos señalan un ámbito real. Ninguno de los dos está respondiendo a lo que dice el otro.

Un millón de viviendas y el calendario

La propuesta de Feijóo consiste en construir más de un millón de viviendas nuevas, agilizar los trámites de licencia y aplicar rebajas fiscales, con atención especial a los jóvenes en compra y alquiler.

El diagnóstico coincide con el de buena parte de los economistas que estudian el mercado español: el problema central es de oferta insuficiente frente a una demanda que ha crecido.

El obstáculo es el plazo. Entre la decisión política, la modificación del planeamiento, la concesión de licencias y la entrega de llaves pasan años. Un plan aprobado hoy entrega viviendas hacia el final de la próxima década.

Eso lo convierte en una respuesta razonable al problema de fondo y en ninguna respuesta a un desahucio ejecutado el miércoles.

La parte que no desarrolló

Sobre desahucios, Feijóo dejó una frase sin contenido: "Ante situaciones excepcionales como esta tendremos que buscar también respuestas excepcionales".

No concretó cuáles. El PP no apoyó hace unos meses el decreto antidesahucios que el Gobierno llevó al Congreso y que decayó, y desde el partido sostuvieron esta semana que aquel texto no habría evitado este caso.

Esa afirmación se puede comprobar, pero hace falta un dato que nadie ha publicado: en qué situación jurídica estaba Maricarmen. Si el propietario era un gran tenedor, si ella figuraba como persona en situación de vulnerabilidad acreditada y qué resolución ordenó el lanzamiento determinan si aquel decreto le habría servido o no.

Mientras esos extremos no se conozcan, las dos afirmaciones que circulan —que el decreto la habría salvado y que no habría cambiado nada— son igual de indemostrables.

La pregunta que sigue sin respuesta

Un desahucio con orden judicial no se detiene por voluntad política. Lo que sí depende de las administraciones es lo que ocurre alrededor: si los servicios sociales tenían identificado el caso, si se activó el protocolo de emergencia habitacional y qué alojamiento alternativo se le ofreció a una mujer de 87 años.

Esa información la tienen el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y ninguno de los dos la ha facilitado.

Es también la única parte del asunto sobre la que el reparto de competencias no admite discusión.