Sánchez desbloquea el paquete de vivienda con Sumar y el PSOE prepara el tema para la campaña

Sánchez desbloquea con Díaz el paquete de vivienda y el PSOE prepara su batalla electoral

El presidente intervino en el tramo final de la negociación con Sumar, que terminó con la aprobación de dos decretos y abre ahora la batalla por su convalidación

Pedro Sánchez tuvo que intervenir personalmente para cerrar el acuerdo con Sumar que permitió al Gobierno aprobar este martes su nuevo paquete de medidas sobre vivienda. Una conversación entre el presidente y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, terminó de acercar las posiciones después de varios días de negociaciones y de un intercambio constante de propuestas entre los dos sectores de la coalición.

El acuerdo llegó prácticamente a la hora de comenzar el Consejo de Ministros, que terminó arrancando con alrededor de una hora de retraso. Finalmente, los ministros de Sumar acudieron a la reunión y no hubo ningún plante en el seno del Ejecutivo.

La negociación terminó dando lugar a dos decretos, en lugar de uno, con distintas medidas para afrontar la crisis de vivienda. El Gobierno los aprobó pese a no tener garantizado de antemano el respaldo suficiente para su convalidación en el Congreso.

La situación se había complicado especialmente durante la jornada del lunes, después de varias horas de conversaciones entre los ministerios implicados y los partidos que forman parte de la mayoría parlamentaria. El acuerdo definitivo se cerró durante la mañana del martes.

Cinco ministros participaron en las negociaciones

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha llevado buena parte de las conversaciones durante los últimos meses y fue una de las figuras centrales del acuerdo. Junto a ella participaron los ministros de Sumar Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, además del vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España.

El equipo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, también se incorporó a las conversaciones en la fase final, especialmente cuando la negociación se complicó por las posiciones de Junts y Sumar.

Cuerpo se encargó de concretar varias de las medidas de financiación incluidas en el paquete. Entre ellas se encuentra Tu Casa, un programa que permitirá financiar hasta el 20% de la compra de una primera vivienda, con un límite de 50.000 euros.

También se contempla una línea de hasta 2.000 millones de euros en avales para impulsar el alquiler social y asequible y otra de hasta 280 millones destinada a promover la construcción industrializada.

Hacienda, por su parte, ha trabajado en las deducciones fiscales para propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres y para inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales.

Según los cálculos del departamento, estas medidas podrían beneficiar a 1,6 millones de hogares y permitir que algunos inquilinos lleguen a ahorrar el equivalente a una mensualidad.

El paquete incluye además cambios en el régimen fiscal de las socimis dedicadas al alquiler residencial. Para mantener sus ventajas fiscales, estas compañías tendrán que destinar al menos el 80% de su actividad a vivienda asequible.

La prórroga de los alquileres tensionó el acuerdo

Uno de los principales puntos de fricción durante las últimas horas fue la duración de los contratos de alquiler.

Sumar reclamaba que determinados contratos pudieran renovarse automáticamente y defendía esta fórmula como una herramienta para evitar que los inquilinos pierdan su vivienda cuando llegue la fecha de vencimiento.

La medida terminó incorporándose al segundo decreto, junto a otras reivindicaciones planteadas durante las negociaciones.

La cuestión había ganado protagonismo después del desahucio de Maricarmen Abascal, cuyo caso provocó una fuerte presión social y volvió a situar el acceso a la vivienda en el centro del debate político.

El Sindicato de Inquilinas también había reclamado una prórroga de los contratos y ha mantenido una acampada en la Puerta del Sol. La organización forma parte del Consejo Asesor del Ministerio de Vivienda y ha mantenido interlocución con el departamento durante la elaboración de las medidas.

El Gobierno tendrá ahora que buscar los apoyos parlamentarios necesarios para que los dos decretos superen la votación de convalidación prevista para este viernes.

El PSOE quiere convertir la vivienda en un asunto electoral

La batalla no termina con la aprobación de los decretos. El Gobierno considera que la vivienda puede convertirse en uno de los grandes asuntos del próximo ciclo electoral y pretende utilizar las nuevas medidas para marcar diferencias con el Partido Popular.

La propia Isabel Rodríguez situó el debate en ese escenario durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La ministra señaló que, después de la votación del viernes, llegarán nuevas citas electorales en las que el problema de la vivienda seguirá ocupando espacio.

Rodríguez también criticó a las comunidades autónomas gobernadas por el PP por su gestión de las competencias en materia de vivienda y defendió que el Ejecutivo central sí está tomando medidas para afrontar la situación.

En Moncloa consideran que el problema de acceso a la vivienda afecta a un sector amplio de la población y supera el tradicional eje entre izquierda y derecha. El Gobierno pretende aprovechar esa dimensión para convertir la cuestión residencial en uno de los principales argumentos políticos de los próximos meses.

PSOE y Sumar compiten por el protagonismo

El acuerdo también ha dejado al descubierto las diferencias entre los dos socios de la coalición.

Sumar reivindica como propios varios de los avances incorporados al paquete, especialmente la prórroga automática de los alquileres. Sus ministros comparecieron por separado después del Consejo de Ministros para explicar las medidas y defendieron la necesidad de mantener la presión social.

Los ministros de Sumar Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego ofrecieron una comparecencia conjunta en la sede de la Vicepresidencia Segunda.

En paralelo, Isabel Rodríguez compareció en Moncloa junto a Carlos Cuerpo, la ministra portavoz, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La división de las comparecencias evidenció la pugna por atribuirse el protagonismo de un paquete que ambos sectores consideran relevante de cara a los próximos meses.

El Gobierno afronta ahora una nueva negociación en el Congreso. La aprobación en Consejo de Ministros ha permitido cerrar la disputa interna, pero todavía queda por resolver si los dos decretos consiguen los votos necesarios para seguir adelante.