El Gobierno moviliza 12.000 millones en un nuevo decreto anticrisis y rebaja los carburantes
El decreto prorroga el apoyo a transportistas, agricultores y armadores, fija descuentos decrecientes en los carburantes y activa rebajas fiscales si se disparan los precios energéticos.
El tercer paquete contra la inflación mantiene las ayudas hasta diciembre, limita el alza del gas y prorroga el apoyo a transportistas y agricultores
El Gobierno ha aprobado este martes su tercer decreto anticrisis del año, un paquete de medidas que tendrá un coste estimado de 12.000 millones de euros para las arcas públicas y que busca contener el impacto del encarecimiento de la energía sobre hogares y empresas.
La principal medida afecta de nuevo a los carburantes. El Ejecutivo mantendrá hasta finales de diciembre la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos, aunque con un descuento que irá disminuyendo durante los próximos tres meses. También incorpora un nuevo límite para la subida de la tarifa regulada del gas, mantiene las ayudas a determinados sectores profesionales y establece mecanismos automáticos para reducir impuestos si los precios energéticos vuelven a dispararse.
El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha presentado las medidas tras el Consejo de Ministros y ha definido el paquete como "un plan de protección ambicioso para hogares y empresas".
La rebaja de los carburantes será decreciente
El nuevo esquema mantiene el descuento sobre los carburantes hasta el 31 de diciembre. En octubre será de 20 céntimos por litro, en noviembre bajará a 13 céntimos y en diciembre quedará en seis céntimos.
El Gobierno incorpora además una cláusula que permitirá recuperar automáticamente la rebaja máxima si los precios vuelven a superar el umbral establecido. En ese caso, el descuento volvería a situarse en 20 céntimos por litro.
La medida tendrá un efecto diferente dependiendo del carburante. En el caso de la gasolina supondrá una reducción adicional respecto a septiembre, mientras que los usuarios de diésel no tendrán un ahorro adicional inicial, ya que este combustible ya disfruta actualmente de una rebaja de 20 céntimos gracias a la activación de la cláusula automática.
El Ejecutivo ha diseñado el calendario bajo la previsión de que la presión energética se reduzca durante los próximos meses, aunque mantiene el mecanismo de protección ante un nuevo repunte de los precios.
El Gobierno limita la subida de la tarifa del gas
El nuevo decreto incorpora también medidas específicas para contener el impacto del encarecimiento del gas. El Gobierno limitará la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para los consumidores a los que corresponda revisar sus contratos durante los próximos meses.
Para las revisiones de octubre, el incremento máximo será del 35%, mientras que en noviembre y diciembre el límite se reducirá al 15%.
Según los cálculos del Ejecutivo, sin esta limitación la factura podría llegar a aumentar un 50%. La medida afectará a unos tres millones de consumidores que tienen contratada la tarifa regulada.
El Gobierno también establece un mecanismo para actuar sobre la fiscalidad de la energía si el encarecimiento se mantiene. Cuando el precio del gas o de la electricidad registre una subida interanual superior al 15%, se activará automáticamente una reducción del IVA energético del 21% al 10%.
El impuesto sobre la electricidad también bajará del 5,1% al 0,5%, el mínimo legal.
El objetivo es evitar que una nueva escalada del gas termine trasladándose con mayor intensidad a la factura eléctrica durante los próximos meses.
El butano queda limitado y continúan las ayudas a los sectores profesionales
El decreto también fija un nuevo límite para la bombona de butano, cuyo precio no podrá superar los 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027.
Además, se mantienen las ayudas dirigidas a sectores especialmente expuestos al coste de los carburantes. El Gobierno prorroga la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo para el sector agrario y los armadores.
También continúan las ayudas destinadas al transporte de mercancías por carretera, marítimo y ferroviario, con el objetivo de evitar que el incremento de los costes energéticos termine trasladándose en mayor medida al precio de sus servicios.
El Ejecutivo teme ahora un impacto sobre los alimentos
Una de las principales preocupaciones del Gobierno es que la nueva escalada de los costes energéticos termine trasladándose a los precios de los alimentos.
Para analizar ese posible efecto, el Ejecutivo ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un estudio sobre la evolución de los precios a lo largo de la cadena alimentaria.
El análisis deberá examinar cómo se trasladan los incrementos de los costes energéticos desde los primeros eslabones de la cadena hasta el consumidor final. La CNMC también tendrá que plantear posibles medidas que puedan servir de base para futuras actuaciones del Gobierno.
El Ejecutivo pretende así anticiparse a una segunda fase de la crisis energética, en la que el encarecimiento de los combustibles y de la electricidad pueda terminar repercutiendo de forma más amplia sobre los productos de consumo.
El Gobierno defiende el efecto de las ayudas anteriores
Cuerpo ha defendido la eficacia de los dos primeros decretos aprobados durante la crisis y ha asegurado que "han funcionado".
El vicepresidente económico ha destacado especialmente el efecto de las medidas sobre los carburantes y ha sostenido que el precio que pagan los consumidores en las gasolineras españolas se mantiene "significativamente por debajo" del de las principales economías europeas.
Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía hasta finales de año el escudo desplegado para hacer frente a la subida de la energía, aunque con ayudas decrecientes y nuevos mecanismos automáticos destinados a activarse si el repunte de precios se intensifica.
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