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Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (L) sits next to Deputy Prime Minister Carlos Cuerpo Thomas COEX / AFP via Getty Images

El Ejecutivo vuelve a dejar pendiente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado pese al mandato constitucional y prepara el inicio de 2027 con las cuentas de 2023 prorrogadas

El Gobierno cerrará la legislatura sin haber presentado en plazo los Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. El artículo 134 de la Constitución establece que el Ejecutivo debe entregar al Congreso el proyecto de cuentas públicas al menos tres meses antes de que termine la vigencia de los presupuestos del año anterior, lo que sitúa el límite en el 30 de septiembre.

Ese plazo vuelve a cumplirse sin que el Ejecutivo haya presentado un nuevo proyecto. Si no hay cambios en las próximas semanas, 2027 comenzará con una nueva prórroga de los Presupuestos de 2023.

La situación también afecta a los compromisos presupuestarios con la Unión Europea. Desde 2023, el Gobierno tampoco ha remitido a la Comisión Europea el plan presupuestario anual, de modo que este sería el cuarto ejercicio consecutivo sin ese documento.

El conflicto ha llegado al Tribunal Constitucional, que prepara una sentencia sobre la situación. La cuestión afecta además a la relación entre el Gobierno y el Parlamento: el Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva para elaborar los Presupuestos, mientras que las Cortes tienen la facultad de examinarlos, introducir modificaciones y aprobarlos. Sin un proyecto sobre el que trabajar, esa función parlamentaria queda limitada.

Unas cuentas prorrogadas que cambian año tras año

Aunque no haya nuevos Presupuestos, el Gobierno ha seguido modificando las cuentas prorrogadas. Durante los dos años y medio en los que se han aplicado las prórrogas, el Ejecutivo ha realizado modificaciones por unos 330.000 millones de euros.

De esa cantidad, alrededor de 122.000 millones hacen referencia a transferencias entre ministerios desde 2024. Por otro lado, unos 211.000 millones, procede de ampliaciones de crédito. En conjunto, las cuentas prorrogadas se han incrementado un 36%.

Los cambios permiten al Ejecutivo adaptar unas cuentas diseñadas para 2023 a las necesidades de ejercicios posteriores. Sin embargo, las ampliaciones de crédito plantean dudas jurídicas y una parte importante de las modificaciones no pasa por el Congreso.

Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado reflejan que el recurso a estas modificaciones se ha intensificado durante 2026. Hasta julio, las modificaciones y transferencias presupuestarias rozaban los 119.000 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que se había registrado durante todo 2025.

En comparación con los siete primeros meses del año pasado, el volumen había aumentado un 88%. Para julio, las modificaciones ya equivalían al 62% de las cuentas prorrogadas.

El Gobierno defiende que los Presupuestos de 2023 siguen siendo válidos y ha insistido en que se trata de unas cuentas que permiten mantener la actividad del Estado. Pero la prolongación de la prórroga obliga a adaptar partidas a nuevas necesidades de gasto y a una recaudación diferente a la prevista inicialmente.

Hacienda mantiene la promesa de presentar los Presupuestos

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, justificó el martes que el Ejecutivo no haya presentado todavía el proyecto. "Lo que hemos tenido estas semanas son materias urgentes aplicándose por encima de lo importante", afirmó.

Cuerpo también volvió a señalar que el Ministerio de Hacienda mantiene conversaciones con los grupos parlamentarios para avanzar en las nuevas cuentas. "El ministro de Hacienda ha avanzado en estas semanas en conversaciones con los grupos para aterrizar esa propuesta de presupuestos", explicó.

La promesa del Gobierno es que los Presupuestos Generales de 2027 llegarán antes de que termine el año. El problema es que la tramitación parlamentaria requiere alrededor de dos meses, teniendo en cuenta también los plazos del Senado.

Por ello, cuanto más se retrase la presentación del proyecto, más posibilidades hay de que el ejercicio comience todavía con las cuentas prorrogadas de 2023.

El Ejecutivo ha situado en los últimos meses distintos asuntos como prioridades políticas. Primero fue la guerra de Oriente Medio, después la situación de Ceuta y, más recientemente, la crisis de vivienda. El Gobierno sostiene ahora que buena parte de sus esfuerzos están concentrados en esta última cuestión.

Pero el Consejo de Ministros ha continuado aprobando otras medidas. Esta misma semana, por ejemplo, dio luz verde a la ampliación del decreto anticrisis. La actividad del Ejecutivo, por tanto, no se ha detenido mientras permanece pendiente la elaboración de los Presupuestos.

El coste de seguir funcionando con una prórroga

La prórroga permite mantener en funcionamiento la Administración, pero las cuentas de 2023 no fueron diseñadas para las necesidades presupuestarias de 2026 o 2027.

El Estado tiene que atender gastos que han cambiado con el paso de los años, entre ellos el déficit de la Seguridad Social, la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos y el coste de los intereses de la deuda.

Por eso, el Ejecutivo ha recurrido cada vez más a modificaciones y transferencias para adaptar el presupuesto vigente. El volumen alcanzado hasta julio muestra hasta qué punto las cuentas iniciales han sido alteradas durante la prórroga.

El Gobierno hace frente así al final de la legislatura con la posibilidad de comenzar 2027 utilizando por cuarto año consecutivo unas cuentas diseñadas originalmente para 2023, mientras Hacienda mantiene abierta la negociación política para intentar sacar adelante un nuevo proyecto.