El Gobierno de Sánchez deja atados los grandes reguladores económicos para la próxima legislatura
Ángel Estrada ocupará seis años su puesto y Mariano Bacigalupo continuará dos más, mientras el PP critica la falta de consenso en los nombramientos.
El Gobierno ha cerrado esta semana otra pieza de la renovación de los principales organismos reguladores de la economía española. La última operación ha sido en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde el Ministerio de Economía ha renovado por dos años a Mariano Bacigalupo y ha incorporado a Ángel Estrada para un mandato de seis años.
Los dos nombramientos se han formalizado mediante órdenes ministeriales publicadas este martes. Estrada ocupará el puesto durante seis años y sustituye a María Dolores Beato, mientras que Bacigalupo continuará otros dos años, hasta alcanzar el máximo de seis ejercicios que permite la normativa actual.
Con estas decisiones, el Ejecutivo deja configurada la cúpula de la CNMV para los próximos años. Y el calendario importa: buena parte de los responsables de los grandes supervisores económicos mantendrán sus cargos cuando llegue la próxima legislatura, independientemente de quién esté al frente del Gobierno después de las elecciones generales.
Ese es precisamente uno de los puntos que cuestiona el Partido Popular. Su crítica se centra en que el Ejecutivo está realizando estos nombramientos sin buscar un acuerdo con la principal fuerza de la oposición, en instituciones cuya independencia resulta especialmente relevante.
La CNMV, la última pieza
Bacigalupo llegó a la CNMV en 2022 después de haber formado parte del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Antes había iniciado su trayectoria en organismos reguladores.
Su renovación añade otros dos años a su permanencia en la CNMV. Además, es marido de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea y exvicepresidenta del Gobierno español. La Audiencia Nacional ya avaló anteriormente la legalidad de su nombramiento tras un recurso que cuestionaba su idoneidad.
Ángel Estrada llega a la CNMV con un perfil fundamentalmente económico y con una larga trayectoria vinculada al Banco de España. Su nombramiento también será por seis años y no podrá ser renovado, de acuerdo con la legislación vigente.
El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, fue nombrado en 2024 y su mandato se extiende hasta 2030. La vicepresidenta es Paloma Marín.
La composición actual del organismo queda, por tanto, marcada por mandatos que continuarán durante buena parte del próximo ciclo político.
Banco de España: Escrivá y seis años por delante
El mismo patrón se ha producido en el Banco de España, aunque con una diferencia importante: la composición del consejo no responde exclusivamente a una misma procedencia política.
El gobernador, José Luis Escrivá, fue nombrado en 2024 por un periodo de seis años, después de haber sido ministro de Transformación Digital y Función Pública. La designación generó críticas precisamente por su salto directo desde el Gobierno al principal supervisor bancario del país.
Actualmente, el Consejo de Gobierno del Banco de España está integrado, entre otros, por la subgobernadora Soledad Núñez y los consejeros Judith Arnal, Fernando Fernández, Carles Manera, Jordi Pons Novell, Lucía Rodríguez y Luis Servén.
El propio historial oficial del Banco refleja que los nombramientos se han producido en distintos momentos y con perfiles diversos. Fernando Fernández, por ejemplo, fue nombrado en 2023; Carles Manera ocupa el puesto desde 2020 y Luis Servén desde 2021.
La cuestión política está en otro punto: varios de estos mandatos sobrevivirán al actual Gobierno y seguirán vigentes durante la próxima legislatura.
La CNMC también estrena consejo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha experimentado este verano una renovación prácticamente completa de su dirección.
Juan José Ganuza fue nombrado presidente en julio y comenzó su mandato junto a tres nuevos consejeros: Carmen Balsa Pascual, Joan Capdevila y Marina Echebarría. Los cuatro tienen mandatos de seis años y no pueden ser reelegidos.
En este caso, el Gobierno comunicó oficialmente al Congreso las propuestas de nombramiento. Ganuza cuenta con una trayectoria académica especializada en competencia y regulación, mientras que entre los nuevos consejeros hay perfiles procedentes de diferentes ámbitos.
La nueva composición vuelve a abrir el debate sobre el reparto de estos puestos. El PP denuncia que no ha participado en el proceso y reclama recuperar una práctica de consenso que, según sostiene, se había aplicado en anteriores etapas.
El Consejo de Seguridad Nuclear, otra institución con mandatos largos
El Consejo de Seguridad Nuclear es otro de los organismos cuya dirección se ha renovado durante la etapa de Sánchez. Sus consejeros tienen también mandatos de varios años, de modo que las decisiones adoptadas ahora no quedan limitadas a la legislatura en la que se producen.
Entre los nombres que han generado más debate está Pilar Lucio, que llegó al organismo después de haber sido diputada y formar parte de la estructura del PSOE. Su mandato fue renovado y se extiende hasta 2031.
El CSN, como ocurre con el Banco de España, la CNMV y la CNMC, tiene funciones técnicas que requieren independencia respecto del poder político. De ahí que el sistema de nombramientos haya sido objeto de discusión recurrente entre Gobierno y oposición.
El debate no es solo quién ocupa los cargos
El problema que plantea esta sucesión de nombramientos no está únicamente en los nombres. También está en cuánto tiempo permanecerán en sus puestos.
La mayoría de los cargos de estos organismos tienen mandatos superiores a una legislatura. Eso significa que las decisiones tomadas por un Gobierno pueden determinar durante años quién supervisa los mercados financieros, la banca, la competencia económica o la seguridad nuclear.
El PP sostiene que esta situación genera una concentración de poder institucional y denuncia que el Ejecutivo no ha buscado un acuerdo con la oposición. El Gobierno, por su parte, defiende los perfiles elegidos y los procedimientos legales utilizados para realizar los nombramientos.
La discusión queda así abierta: los responsables pueden contar con experiencia técnica y cumplir los requisitos legales, pero la cuestión de fondo sigue siendo si estas instituciones deben funcionar con un mayor grado de consenso político para reforzar su independencia.
Con la renovación de la CNMV, el Gobierno ha cerrado otra de las grandes piezas de ese tablero. Y los efectos de estas decisiones no terminarán necesariamente cuando cambie la legislatura: muchos de los mandatos continuarán varios años más.
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