El Gobierno promete subir un 5% el sueldo de los funcionarios en 2027, pero no fija fecha
Función Pública se compromete a aprobar un real decreto-ley, mientras UGT, CCOO y CSIF piden que se tramite antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El incremento contempla un 4,5% desde enero y otro 0,5% condicionado a la inflación de 2026. Los sindicatos reclaman que el real decreto-ley se apruebe antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para evitar retrasos.
El Ministerio de Función Pública se ha comprometido a aprobar un real decreto-ley para aplicar la subida salarial de los empleados públicos prevista para 2027, aunque no ha concretado cuándo lo hará. El anuncio se produjo este martes durante una reunión con los representantes sindicales, que llevan semanas reclamando al Ejecutivo que cumpla el acuerdo plurianual firmado a finales de 2025.
La subida pactada contempla un incremento inicial del 4,5% con efectos desde enero de 2027. A esa cifra se añadiría un 0,5% condicionado a que la inflación media de 2026 supere el 1,5%. Según las previsiones recogidas por los sindicatos, el IPC medio podría situarse cerca del 4%, lo que activaría ese complemento.
De aplicarse ambos componentes, el aumento alcanzaría el 5%. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha aclarado si aprobará la medida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre o si esperará a una fase posterior. El Ministerio, por el momento, ha evitado hacer comentarios adicionales.
Los sindicatos piden aprobar la subida antes del 24 de noviembre
UGT Servicios Públicos ha reclamado que el incremento quede aprobado antes del 24 de noviembre, cinco días antes de las elecciones. La organización sostiene que tanto el Consejo de Ministros como la Diputación Permanente del Congreso disponen de mecanismos legales para tramitar la medida, incluso si el Ejecutivo se encuentra en funciones.
CCOO y CSIF comparten la petición de que la subida se apruebe antes de los comicios. Los sindicatos consideran que cerrar el trámite con antelación reduciría el riesgo de retrasos o de que fuera necesario negociar de nuevo con un futuro Gobierno.
El acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado establece la siguiente senda de incrementos salariales: un 2,5% en 2025, un 2% en 2026, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. Las subidas son consolidables, por lo que cada porcentaje se aplica sobre las retribuciones actualizadas del año anterior.
El pacto también incluye cláusulas vinculadas a la evolución de los precios para compensar parcialmente desviaciones de la inflación. El año pasado, la subida se aprobó con efectos acumulados que, según la información recogida en el acuerdo, alcanzaron el 4% en dos meses.
La subida afectaría a tres millones de empleados públicos
El incremento salarial beneficiaría a alrededor de tres millones de trabajadores del sector público. No obstante, el decreto del Gobierno solo puede regular directamente las retribuciones del personal de la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberán adoptar las disposiciones correspondientes para sus propias plantillas.
El calendario salarial se diseñó teniendo en cuenta los límites presupuestarios y las reglas fiscales. Aun así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que España podría superar el límite de crecimiento del gasto comprometido con Bruselas, lo que añade presión al debate sobre las cuentas públicas.
El Gobierno prepara cambios para frenar la temporalidad
Durante la reunión también se abordó la reforma destinada a reducir el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas, que el Ministerio prepara en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales.
Según CSIF, el Ejecutivo estudia modificar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir el abuso de temporalidad y establecer mecanismos que permitan prevenirlo. Entre las medidas planteadas figuran sanciones y el cese de los responsables administrativos que incumplan las nuevas disposiciones.
La temporalidad continúa en torno al 27% de media en el conjunto de las administraciones, según los datos expuestos en el encuentro. En los sectores educativo y sanitario, la proporción supera el 40%.
CSIF ha defendido la aplicación de sanciones, la eliminación de la tasa de reposición y la reducción de los plazos de los procesos selectivos para que no se prolonguen más de un año. También propone reforzar los controles y establecer medidas reparadoras para los trabajadores afectados por situaciones abusivas.
Aunque estas iniciativas cuentan con respaldo sindical, su aplicación plantea dificultades presupuestarias y jurídicas. Actualmente, algunos tribunales reconocen indemnizaciones a empleados afectados por abusos de temporalidad, pero cada trabajador debe acudir a la vía judicial para reclamar su caso. Las organizaciones de interinos, por su parte, mantienen sus gestiones ante las instituciones europeas para acelerar una reforma que todavía está pendiente.