El Constitucional avala la amnistía de Turull y acerca a Puigdemont a su regreso a España

El Tribunal Constitucional ha dado un giro decisivo al debate sobre la amnistía de la malversación del 'procés'. El Pleno ha acordado estimar el recurso de amparo presentado por Jordi Turull contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la ley, una decisión que puede terminar teniendo consecuencias directas sobre Carles Puigdemont.

La votación se ha saldado con siete magistrados a favor de estimar el recurso y cinco en contra. El acuerdo todavía tendrá que plasmarse en una sentencia, pero el criterio fijado por el Constitucional abre la puerta a que la misma interpretación se extienda a otros dirigentes independentistas afectados por el mismo asunto.

Turull fue el primero de los dirigentes del 'procés' cuyo recurso llegó al Pleno para analizar esta cuestión. El ponente, el magistrado José María Macías, había preparado una propuesta contraria a conceder el amparo y defendía la decisión adoptada anteriormente por el Supremo. Esa ponencia no ha conseguido los apoyos necesarios y ahora tendrá que elaborarse una nueva resolución conforme al criterio mayoritario.

El asunto no es menor. La decisión del Constitucional afecta al principal argumento utilizado por el Supremo para dejar fuera de la amnistía la malversación atribuida a los líderes del proceso independentista: la existencia de un supuesto propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

Un choque de criterios entre tribunales

El Supremo sostuvo que esa circunstancia impedía aplicar la ley de amnistía. En su interpretación, los hechos no encajaban en los supuestos que la norma permite perdonar.

La ponencia inicial de Macías defendía precisamente esa posición. El magistrado consideraba que la interpretación realizada por la Sala Segunda del Supremo no podía calificarse de arbitraria ni de imprevisible y que se ajustaba a la doctrina existente sobre el delito de malversación.

La mayoría del Constitucional ha optado ahora por otra vía. El nuevo criterio tendrá que quedar desarrollado en la sentencia que se redacte y será esa resolución la que permita conocer hasta dónde llega exactamente el alcance del amparo concedido a Turull.

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, prepara además una ponencia relacionada con el recurso de Dolors Bassa. Desde el sector conservador del tribunal se interpreta este movimiento como una forma de influir en la doctrina que finalmente quede establecida sobre la aplicación de la amnistía a la malversación.

Puigdemont, pendiente del siguiente movimiento del Supremo

La decisión tiene una consecuencia evidente para Carles Puigdemont. El expresidente catalán sigue pendiente de que el Tribunal Supremo determine si la amnistía puede aplicarse a su caso y mantiene una orden nacional de detención desde su salida de España en 2017.

El Supremo ya había rechazado levantar esa orden después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El magistrado Pablo Llarena consideró que la resolución europea no había resuelto la cuestión que, a su juicio, seguía siendo determinante: si en la malversación existió un propósito de obtener un beneficio personal.

Precisamente ese argumento puede quedar afectado por la doctrina que establezca ahora el Constitucional.

Fuentes jurídicas citadas por Europa Press habían señalado que el Supremo aceleraría el análisis de la situación de Puigdemont una vez conocida la resolución del Constitucional sobre Turull. Si el criterio favorable a la amnistía se considera aplicable al resto de dirigentes, Llarena podría pronunciarse sobre Puigdemont sin necesidad de esperar a que el Constitucional resuelva específicamente su propio recurso de amparo.

Eso no significa que Puigdemont pueda regresar automáticamente a España. Primero tendrá que conocerse el contenido definitivo de la sentencia del Constitucional y, después, la decisión que adopte el Supremo sobre la aplicación de la amnistía y la orden de detención.

El TJUE ya había despejado otro obstáculo

La batalla judicial llega después de otro movimiento importante en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea descartó que la aplicación de la ley de amnistía afectara, por sí misma, a los intereses financieros de la Unión Europea.

Ese pronunciamiento eliminó uno de los argumentos que habían pesado en la negativa a aplicar la norma. Sin embargo, el Supremo mantuvo abierto el segundo frente: el supuesto beneficio patrimonial personal asociado a la malversación.

Ahí es donde la decisión del Constitucional adquiere especial relevancia.

El tribunal de garantías ya había admitido a trámite el recurso de Turull precisamente porque planteaba cuestiones constitucionales relevantes sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación. En abril de 2025 señaló que el caso podía tener consecuencias políticas generales.

Ahora, con el acuerdo favorable a Turull, el escenario cambia. El Constitucional tendrá que convertir ese criterio mayoritario en una sentencia y el Supremo deberá decidir qué consecuencias tiene esa doctrina sobre los procedimientos todavía abiertos.

Para Puigdemont, la clave ya no está únicamente en Luxemburgo. El siguiente capítulo se juega entre Madrid y el Constitucional, con una pregunta muy concreta sobre la mesa: si la interpretación que permitió mantener su orden de detención puede sobrevivir al nuevo criterio del tribunal de garantías.