Democracia 21 propone limitar los alquileres y que el Estado cubra los impagos.
El partido de Miriam González también propone avalar el cobro a pequeños propietarios, agilizar las licencias y movilizar suelo público para construir nuevos barrios.
El partido de Miriam González plantea medidas excepcionales para aliviar la presión del mercado inmobiliario y un plan a diez años para aumentar masivamente la oferta de vivienda asequible.
Democracia 21, la formación liderada por Miriam González, propone limitar temporalmente los precios de los alquileres y crear mecanismos públicos para proteger tanto a los inquilinos vulnerables como a los pequeños propietarios. Su programa de vivienda combina medidas urgentes para aliviar la presión del mercado con una estrategia a largo plazo destinada a incrementar la oferta de viviendas asequibles.
La propuesta contempla que el Estado asuma el coste del realojo o del alquiler de las personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional inmediata. También plantea que la Administración supervise y avale acuerdos de usufructo temporal.
Durante la presentación del partido, González ya había adelantado su intención de eliminar los impuestos asociados a la compra de vivienda para los menores de 35 años y destinar los fondos europeos Next Generation que no se hayan utilizado a un Fondo Público Soberano para construir vivienda asequible y protegida.
Un límite temporal a los alquileres y garantías para los propietarios
El programa plantea un plan de choque dividido en dos fases: una primera para ofrecer alivio inmediato a los ciudadanos y otra orientada a resolver el problema estructural de la vivienda.
Uno de sus principales objetivos es reducir la confrontación entre propietarios e inquilinos. Para ello, Democracia 21 propone establecer un límite "temporal y excepcional" a los precios de los alquileres y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los pequeños propietarios frente a posibles impagos.
La formación plantea crear un Servicio Social de Garantía de Arrendamientos, que garantizaría al propietario el cobro íntegro y continuado de la renta cuando un inquilino sea declarado vulnerable y la Administración no disponga de una alternativa habitacional inmediata.
Además, propone un Servicio de Mediación de Arrendamientos gratuito y vinculante, con un plazo máximo de 30 días para resolver los conflictos, así como la creación de juzgados especializados que permitan obtener una resolución firme en los 60 días posteriores.
El programa también incluye una reforma del Código Penal para tipificar como delito de estafa la firma de contratos con intención premeditada de impago y el subarriendo ilegal.
En cuanto a la regulación de los arrendamientos, la formación plantea incorporar el alquiler por habitaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos, establecer requisitos estrictos de habitabilidad y cruzar digitalmente los contratos con el padrón municipal para combatir los falsos alquileres temporales.
Un plan nacional de vivienda a diez años
Más allá de las medidas inmediatas, Democracia 21 propone un Plan Nacional de Barrios con un horizonte de diez años y la participación coordinada del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La iniciativa contempla que las administraciones aporten suelo público mediante concesiones o derechos de superficie de hasta 75 años. Según la propuesta, este mecanismo garantizaría que tanto el suelo como las viviendas mantengan su titularidad pública al finalizar ese periodo.
La construcción y gestión del parque de vivienda asequible recaería en empresas públicas y privadas. El partido también apuesta por industrializar el sector de la construcción para reducir costes, aumentar la productividad y generar empleo, mediante el desarrollo de barrios completos que incluyan servicios públicos y zonas verdes.
Entre los incentivos fiscales, la formación propone reducir el IVA del 10 % al 4 % para la construcción y rehabilitación integral de viviendas asequibles, además de rebajar otros impuestos.
Menos trabas administrativas para construir
El plan incluye medidas para acelerar la disponibilidad de suelo y la construcción de nuevas viviendas. Democracia 21 plantea exigir a los ayuntamientos que cumplan los objetivos de vivienda asequible y permitir que las comunidades autónomas asuman sus competencias urbanísticas cuando se produzcan incumplimientos.
Asimismo, propone establecer un plazo máximo de 30 días para resolver las licencias de obra mayor y sustituir las licencias previas para obras menores por declaraciones responsables digitales.
Con este conjunto de iniciativas, la formación pretende combinar la intervención temporal del mercado del alquiler, la protección de propietarios e inquilinos vulnerables y una ampliación sostenida de la oferta de vivienda asequible a lo largo de la próxima década.