El Gobierno estrena sus ”martes sociales” con nuevas ayudas y 225 millones para vivienda
El Ejecutivo prepara nuevas iniciativas antes de las elecciones del 29 de noviembre, incluida una posible subida del salario mínimo interprofesional.
El primer paquete incluye cambios en las pensiones, protección por menopausia y prestaciones para familias cuidadoras. El Ejecutivo también financiará viviendas en zonas tensionadas y hasta 2.000 plazas de alojamiento universitario, mientras prepara nuevas medidas antes del 29 de noviembre.
El Gobierno ha puesto en marcha los denominados "martes sociales", una serie de medidas y prestaciones que pretende aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El primer paquete, presentado tras el Consejo de Ministros de este martes, se centra en la protección social y el acceso a la vivienda.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha defendido que el Gobierno continúa desarrollando su agenda, con iniciativas dirigidas a distintos colectivos. Seguridad Social y Vivienda han concentrado buena parte de los anuncios, aunque el Ejecutivo prevé abordar nuevas medidas en las próximas semanas, entre ellas una posible subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
Nuevas prestaciones por menopausia y cuidado de hijos
Entre las principales novedades figura una protección específica para las trabajadoras que sufran episodios incapacitantes relacionados con la menopausia. La medida elimina el periodo de carencia para acceder a la prestación desde el inicio de la baja médica y mejora la cobertura económica, que puede alcanzar el 75 % de la base reguladora.
El paquete también incorpora una prestación para trabajadores que no puedan desempeñar su actividad como consecuencia de catástrofes medioambientales. La iniciativa amplía a otros casos una protección que ya se había aplicado tras la dana de 2024 y podría beneficiar a personas afectadas por fenómenos meteorológicos extremos.
Otra de las medidas afecta a las familias que cuidan de hijos con cáncer u otras enfermedades graves. La reforma permitirá que ambos progenitores puedan utilizar la prestación de forma simultánea o alterna y extenderá la cobertura hasta los 26 años cuando se cumplan los requisitos previstos.
Cambios en las pensiones de viudedad y orfandad
El Gobierno ampliará el acceso a la pensión de viudedad para determinadas parejas que no estuvieran casadas ni inscritas oficialmente como parejas de hecho, siempre que tengan hijos en común y puedan acreditar la convivencia exigida.
También aumentará la protección de los familiares de víctimas del terrorismo. Las modificaciones contemplan ampliar la cobertura a determinados casos sin sentencia penal y mejorar las prestaciones relacionadas con lesiones incapacitantes.
En el ámbito de la violencia de género, el Ejecutivo elevará las pensiones de orfandad de los hijos cuya madre haya sido asesinada hasta una cuantía equivalente al doble del salario mínimo interprofesional.
El paquete incluye, además, una modificación del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. La cuantía máxima del anticipo pasará de 100 a 300 euros mensuales para ayudar a las familias cuando el progenitor obligado a pagar la manutención incumpla sus obligaciones. El dinero adelantado por el Estado deberá ser reembolsado conforme al régimen aplicable.
Vivienda: 225 millones para zonas tensionadas y estudiantes
El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha anunciado dos partidas que suman 225 millones de euros para impulsar la oferta de vivienda asequible.
La primera contempla 180 millones para actuaciones en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado. Los recursos se dirigirán a las comunidades autónomas que han aplicado este mecanismo de la Ley de Vivienda: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.
Las ayudas podrán destinarse a comprar viviendas en el mercado libre para incorporarlas al alquiler social, adquirir suelo urbanizable, financiar la promoción o rehabilitación de inmuebles destinados a alquiler asequible y desarrollar nuevos terrenos edificables. También podrán cubrir determinados impagos de contratos de arrendamiento.
La segunda partida se dedicará a crear alojamientos asequibles para estudiantes universitarios. La financiación alcanzará a siete universidades: la Autónoma de Madrid, la de Castilla-La Mancha, la Pablo de Olavide, la de Burgos, la Jaume I de Castelló, la de Jaén y la de Lleida.
El objetivo es poner en marcha hasta 2.000 nuevas plazas. Según el Gobierno, los proyectos seleccionados ya están definidos y cuentan con posibilidades de ejecución a corto plazo.
El SMI, entre las próximas medidas del Gobierno
El Ejecutivo prevé continuar con los anuncios sociales antes de las elecciones. Saiz ha avanzado que la subida del salario mínimo interprofesional será uno de los asuntos que se abordarán en las próximas reuniones del Consejo de Ministros.
La cuantía todavía está pendiente del trabajo del comité de expertos designado para analizar la evolución del SMI, junto con el diálogo con los agentes sociales.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de presentar nuevas medidas económicas y sociales durante las semanas previas a la cita electoral.
PP y Vox mantienen las conversaciones sobre el Senado
En paralelo, el Partido Popular y Vox continúan negociando un posible acuerdo para coordinar sus candidaturas al Senado. La iniciativa busca contrarrestar la coalición formada por el PSOE y otras fuerzas de izquierda, que aspiran a mejorar su representación en la Cámara Alta.
Desde Moncloa siguen las conversaciones y han advertido de que utilizarán un eventual pacto en la campaña electoral. Fuentes de Presidencia consideran que el acuerdo demostraría, a su juicio, la proximidad política entre PP y Vox, con independencia de que se traduzca en la inclusión de candidatos de Vox en las listas populares o en que el partido de Santiago Abascal retire candidaturas en determinadas provincias.
La disputa política también se ha intensificado a raíz de las protestas de docentes en Madrid. Preguntada por las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre los profesores que se manifestaron, la portavoz del Gobierno las ha calificado de "absolutamente irresponsables" y ha criticado que se les haya descrito como violentos.
Con las elecciones previstas para el 29 de noviembre, el Ejecutivo combina la aprobación de medidas sociales con una creciente confrontación política, mientras los partidos cierran sus estrategias electorales.