La huelga educativa de Madrid arranca entre denuncias de precariedad: ”Lucharemos gobierne quien gobierne”

Estudiantes, profesores y trabajadores se concentran en la Complutense para reclamar más financiación, plantillas suficientes, mejores salarios y vivienda asequible. La protesta precede a una huelga educativa que movilizará a la enseñanza no universitaria y a las universidades públicas.

La huelga educativa de la Comunidad de Madrid calienta motores. Cerca de 200 personas se concentraron este martes en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense para denunciar la falta de recursos, el déficit de personal y las dificultades que atraviesa la educación pública. A la protesta se sumaron representantes de bomberos forestales y educadoras infantiles, colectivos que también mantienen conflictos laborales.

La movilización llega a menos de 24 horas del inicio de los paros y refleja un malestar que va más allá de las aulas. Los participantes reclaman financiación suficiente, mejores condiciones laborales, más personal y medidas que permitan a estudiantes y trabajadores vivir cerca de sus centros de estudio y empleo.

Pepe Navarro, estudiante de Educación Social de 23 años, puso como ejemplo la situación de la conserjería de la facultad. Según explica, el servicio llegó a contar con nueve trabajadores, pero las bajas y jubilaciones han reducido la plantilla habitual a dos personas. Para Navarro, el problema se repite en la universidad pública: cuando alguien se jubila, su puesto no siempre se cubre.

Mariam, también estudiante de Educación Social, recordó las goteras que tuvo su aula durante todo el curso pasado, con la humedad y los malos olores que provocaron. A los problemas de las instalaciones se suman las dificultades económicas de quienes deben desplazarse durante horas para acudir a clase porque los alquileres cercanos a la facultad resultan prohibitivos. Sus críticas se dirigen tanto a la Comunidad de Madrid como a la gestión de la propia Complutense.

Docentes agotados y recursos insuficientes

La concentración fue organizada por la asamblea UCM x la Pública, una plataforma independiente de estudiantes, profesores y trabajadores, y contó con el respaldo de colectivos como Bomberos en lucha y Educadoras infantiles.

El manifiesto leído durante el acto subrayó la responsabilidad de toda la comunidad universitaria en la defensa de la educación pública, especialmente en una facultad dedicada a formar a futuros docentes y educadores.

Entre el profesorado, las quejas se centran en la falta de personal, los salarios y el desgaste profesional. Luana Bruno, docente del Departamento de Investigación y Psicología en Educación, lleva ocho años trabajando en la región y considera que la vocación es lo que permite a muchos profesionales seguir adelante pese a las dificultades.

Daniel García, que trabaja en el mismo departamento desde hace cinco años, sostiene que la inversión educativa no se recuperó después de la crisis económica. Según relata, en ocasiones imparte clases con ratios que superan los máximos legales. "Es la tormenta perfecta", resume, al referirse a la combinación de menos recursos para la universidad pública y una oferta privada que considera cada vez más atractiva para parte del alumnado.

García defiende que la función de la universidad pública no se limita a formar estudiantes, sino que también consiste en impulsar la investigación y generar conocimiento para el conjunto de la sociedad.

Navarro, desde su experiencia como alumno, asegura que estuvo un mes y medio sin recibir una asignatura porque el profesor se encontraba de baja y nadie lo sustituyó. También denuncia retrasos en las adaptaciones destinadas a estudiantes con diversidad funcional, que, según afirma, pueden llegar en noviembre, cuando el curso ya ha comenzado en septiembre y se ha perdido parte de la materia.

Las cifras de la financiación, en el centro del conflicto

El manifiesto de la concentración sostiene que los departamentos han sufrido recortes del 30% y que la inversión autonómica en universidades se sitúa entre el 0,4% y el 0,45% del PIB, lejos del 1% que, según el documento, establece la legislación estatal como objetivo para 2030.

Los convocantes también denuncian que Madrid invierte un 21% menos que la media y mantiene unas de las matrículas universitarias más caras del país. Entre sus críticas figuran el traslado de docencia del segundo al primer cuatrimestre para hacer frente a la falta de profesores, la eliminación de turnos de tarde en algunas facultades y la externalización de servicios.

Juan Miguel Belmonte, profesor titular que cumplirá 40 años de docencia en noviembre, se mostró pesimista sobre la evolución de las plantillas. "El futuro no augura ninguna alegría", advirtió, al describir unas condiciones laborales que considera cada vez más precarias.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por su parte, cifra en 6.959,2 millones de euros la partida destinada a educación en el presupuesto de 2026, un 3,9% más que en el ejercicio anterior y equivalente al 24,8% del total. Los convocantes consideran que ese incremento sigue siendo insuficiente y temen que la infrafinanciación continúe en 2027.

El debate sobre los recursos universitarios coincide, además, con la discusión sobre la expansión de las universidades privadas. La semana pasada, el Tribunal Supremo anuló el real decreto con el que el Gobierno pretendía endurecer los requisitos para crear nuevas universidades al considerar que se había omitido la consulta pública previa. El Ministerio de Ciencia trabaja en una nueva norma.

Según la memoria del decreto, las universidades privadas pasaron de cuatro en 1983 a 47 en 2024. La cifra actual recogida en el texto es de 49 centros privados frente a 50 públicos.

La Consejería defiende los servicios mínimos y cuestiona la huelga

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, pidió tranquilidad y confianza a las familias ante el comienzo de las movilizaciones. Su prioridad, señaló, es garantizar los servicios mínimos, al tratarse de un servicio esencial, y respetar tanto el derecho de huelga como el derecho al trabajo de quienes decidan no secundarla.

Zarzalejo admitió que se esperaba "un otoño caliente", pero cuestionó que los sindicatos convoquen protestas mientras mantienen reuniones periódicas con la Administración para negociar la carrera profesional docente. A su juicio, resulta difícil justificar una huelga si las reivindicaciones se limitan al ámbito educativo; si existen otros objetivos, añadió, serán los convocantes quienes deban explicarlos.

La consejera también rechazó las demandas relacionadas con la reducción del número de alumnos por aula. Aseguró que la Comunidad está cumpliendo el acuerdo sectorial firmado por los sindicatos el año pasado, vigente hasta 2028, que contempla reducciones de ratios y de horas lectivas.

Como ejemplo, señaló que primero y segundo de Primaria cuentan ya con 20 alumnos por aula, frente a los 22 que, según explicó, los sindicatos negociaron con el Ministerio en un proyecto de ley que decayó tras la convocatoria electoral. Ahora, sostuvo, se reclama reducir esa cifra a 15 alumnos. "¿Esto es sensato? No lo es", afirmó, antes de calificar las exigencias de "inalcanzables".

Una huelga que afecta a colegios, institutos y universidades

En la enseñanza no universitaria, CCOO, UGT, CGT, STEM y CNT, junto con colectivos como Menos Lectivas, preparan una huelga indefinida en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. CSIF ha convocado por separado tres jornadas de paro, los días 14, 15 y 16, además de paros parciales posteriores.

Entre sus reivindicaciones figuran la reducción de alumnos por aula, el refuerzo de la Formación Profesional pública, la climatización y accesibilidad de los centros y las mejoras salariales.

En la Universidad Complutense, la huelga está convocada para el personal docente e investigador y para los trabajadores de administración y servicios. La Delegación Central de Estudiantes ha añadido un paro académico total.

En un correo enviado a la comunidad universitaria el 9 de octubre, la institución informó de que los estudiantes que secunden el paro no acumularán faltas de asistencia, podrán ausentarse de las prácticas sin consecuencias y no tendrán que afrontar nuevas pruebas convocadas durante la movilización.

La Consejería publicó este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la orden de servicios mínimos para la Complutense, que presentó como pactada con el comité de huelga el 7 de octubre. Las medidas contemplan personal para abrir y cerrar los edificios, vigilancia en los campus de Ciudad Universitaria y Somosaguas, atención a los animales del Hospital Clínico Veterinario, un trabajador por turno en cada colegio mayor y una unidad de mantenimiento. No se establece personal mínimo para impartir clases.

Piquetes, concentraciones y nuevas movilizaciones

La jornada de huelga comenzará con piquetes a las 8.00 horas en Somosaguas, en el metro de Ciudad Universitaria y en las entradas de numerosos institutos públicos.

A mediodía está prevista una concentración de todas las etapas educativas en la Puerta del Sol, con participación de un bloque universitario. A las 18.00 horas, los manifestantes marcharán desde Atocha hasta Sol. Además, esta noche habrá una concentración a las 20.00 horas frente al Rectorado y un encierro en la Facultad de Ciencias de la Información.

El calendario de protestas continuará en noviembre, con nuevas jornadas de huelga universitaria los días 4 y 5 y la adhesión a la huelga general por la vivienda convocada para el día 11.

Con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, la protesta educativa adquiere también una dimensión política. Sin embargo, los convocantes insisten en que sus reivindicaciones no dependen del partido que ocupe el Gobierno. El mensaje del manifiesto leído en la Facultad de Educación fue contundente: las mejoras, sostienen, "las arrancaremos luchando, independientemente de quién gobierne".