Tres de cada cuatro españoles piden más intervención del Estado para garantizar el acceso a la vivienda
El nuevo barómetro señala que ocho de cada diez españoles están muy o bastante preocupados por el acceso a la vivienda y recoge un amplio respaldo a diversas medidas públicas.
El 76,3% reclama una mayor intervención pública y el 91,4% apuesta por construir más vivienda pública, según el nuevo Barómetro de Vivienda del CIS
Tres de cada cuatro españoles consideran que el Estado debería intervenir en el mercado de la vivienda tanto como sea necesario para garantizar el acceso a una casa. Es una de las principales conclusiones del nuevo Barómetro de Vivienda del CIS, elaborado entre el 22 y el 30 de junio y publicado este jueves.
El estudio refleja un amplio respaldo a una mayor intervención de las administraciones públicas en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y el aumento de las dificultades para acceder a un hogar. El problema, además, lleva meses instalado entre las principales preocupaciones de los ciudadanos: la vivienda acumula 22 meses como primera preocupación de los españoles en los barómetros del CIS.
La magnitud del malestar queda reflejada en las respuestas de los encuestados. Ocho de cada diez españoles aseguran que la situación de la vivienda les preocupa mucho o bastante, mientras que cuatro de cada diez consideran que el problema ya les está perjudicando directamente.
Ante esta situación, el 76,3% considera que el Estado debería intervenir para garantizar el acceso a una vivienda y un 91,4% cree que las administraciones deberían construir más vivienda pública.
Rebajar impuestos y proteger a los propietarios, entre las medidas con más respaldo
El CIS también preguntó por diez posibles medidas para afrontar la crisis habitacional. La que obtiene un mayor respaldo es la rebaja de impuestos para la compra de la primera vivienda, apoyada por el 95,4% de los encuestados. Es, además, la única propuesta que consigue un respaldo mayoritario entre todos los electorados.
A continuación aparecen otras dos medidas relacionadas con la oferta y la seguridad de los propietarios: dar mayores garantías a los caseros frente a los impagos, con un 85,7% de apoyo, y sacar suelo urbanizable al mercado, respaldado por el 84,3%.
Estas dos últimas propuestas cuentan con mayor apoyo entre los votantes del PP y Vox que entre los de Sumar.
El respaldo cambia cuando se plantean medidas dirigidas a aumentar la presión fiscal o limitar los precios. Un 72% de los encuestados apoya subir los impuestos a los grandes tenedores, aunque las diferencias entre electorados son notables: la medida recibe el respaldo del 95,4% de quienes votaron a Sumar y del 88,5% de los votantes del PSOE, frente al 48,5% del PP y el 44% de Vox.
La misma división aparece en propuestas como la congelación de los alquileres durante dos años o la limitación de los pisos turísticos.
Las únicas medidas incluidas en el cuestionario que no alcanzan un respaldo mayoritario son la expropiación de suelo, con un 49,9%, y la expropiación de viviendas vacías, con un 40%.
La crisis también afecta a las condiciones de las viviendas
El barómetro no se limita a preguntar por las políticas que deberían adoptarse, sino que intenta medir cómo está afectando la crisis a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Una de las situaciones más habituales está relacionada con la calidad de las viviendas. El 24,2% de los encuestados asegura haber sufrido frío o calor extremo en su hogar durante los últimos cinco años.
Entre quienes viven de alquiler, el impacto de los precios es especialmente relevante. Siete de cada diez inquilinos aseguran pagar una renta igual o superior al precio de mercado, mientras que solo el 23,6% afirma estar pagando por debajo de ese nivel.
La presión económica también se refleja en la necesidad de recurrir a familiares. Un 18,5% de los españoles reconoce haber recibido dinero de su familia para afrontar el pago del alquiler o de la hipoteca. La cifra triplica ampliamente el porcentaje de quienes han recibido ayuda de alguna administración pública, que se sitúa en el 5,8%.
Además, el 14,7% ha tenido que alejarse de su familia o de sus amigos debido al precio de la vivienda. Un 13,5% afirma haber sufrido una subida del alquiler superior a la inflación, mientras que el 11,8% ha tenido que volver a vivir con familiares o compartir piso por no poder asumir el coste de su vivienda.
El estudio también recoge otras situaciones: un 10% asegura haber sufrido prácticas ilegales por parte de inmobiliarias y un 9% ha vivido en una vivienda alquilada sin contrato.
Los jóvenes, los más expuestos
Los ciudadanos de entre 25 y 34 años son el grupo de edad que más experimenta buena parte de estas dificultades, aunque existen algunas excepciones.
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, por ejemplo, un 28,5% asegura haberse sentido discriminado por su edad al buscar vivienda. En el extremo contrario, la imposibilidad de afrontar el pago de una hipoteca afecta en mayor medida a los grupos de más edad: el 6,3% de las personas entre 65 y 74 años señala haber vivido esta situación.
Las dificultades para independizarse también están directamente relacionadas con los precios. Entre quienes viven con familiares o comparten habitación y no tienen previsto mudarse durante el próximo año, ocho de cada diez identifican el precio como el principal obstáculo.
En concreto, el 84,9% señala que el coste del alquiler en relación con sus ingresos le impide acceder a una vivienda independiente, mientras que el 85,6% considera que no puede afrontar el precio de compra.
A estas dificultades se suma la falta de ahorros suficientes para afrontar una entrada o una fianza, señalada por el 77% de los encuestados.
Madrid y Barcelona, donde más se paga por la vivienda
El coste medio que afrontan los inquilinos y los propietarios con una hipoteca pendiente se sitúa en 629 euros al mes.
La cantidad aumenta conforme crece el tamaño del municipio, aunque las diferencias son relativamente moderadas hasta llegar a las grandes ciudades. En los municipios de menos de 2.000 habitantes, el gasto medio es de 472 euros mensuales, frente a los 650 euros de las ciudades de hasta un millón de habitantes.
El salto más importante se produce en los municipios de más de un millón de habitantes, que en España se corresponden con Madrid y Barcelona. Allí, el gasto medio asciende hasta los 865 euros al mes, 215 euros más que en el resto de las grandes ciudades y casi el doble que en los municipios más pequeños.
La diferencia también se aprecia en los alquileres y cuotas más elevados: el 22,3% de quienes viven en Madrid y Barcelona paga entre 1.000 y 1.499 euros mensuales, frente al 9,5% del conjunto de los españoles.
Los datos del CIS dibujan así un mercado en el que el acceso a la vivienda se ha convertido no solo en una preocupación generalizada, sino también en un condicionante directo de las decisiones familiares, la independencia de los jóvenes y la capacidad de los hogares para mantener su nivel de vida.