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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aplaude junto a Yolanda Díaz y Sara Aagesen durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el 2 de octubre de 2026, para votar medidas gubernamentales sobre vivienda. JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto que regulará el desarrollo de los centros de datos y la planificación energética, pese a las críticas de buena parte de la industria. El sector advierte de que las exigencias de suministro renovable pueden poner en riesgo inversiones por valor de 9.000 millones de euros, mientras las restricciones de la red ya han provocado pérdidas de 140 millones en ingresos para las renovables durante este año.

El Gobierno ha aprobado en una sesión extraordinaria el real decreto que establece las condiciones para el desarrollo de los centros de datos y la nueva planificación energética. La decisión llega una semana antes de las elecciones del 29-N y con el rechazo de prácticamente todo el sector energético, tecnológico y de infraestructuras.

España tiene margen para multiplicar su capacidad computacional instalada: de los actuales 439 megavatios podría pasar a unos 2.500 MW en 2030. Este crecimiento supondría importantes oportunidades de inversión y creación de empleo, pero la regulación aprobada mantiene unos requisitos que la industria considera demasiado restrictivos.

La principal controversia está en las condiciones de suministro eléctrico renovable. El proyecto exige que el 80% del consumo de los centros de datos esté cubierto por nueva generación renovable, un criterio conocido como adicionalidad. También establece una correlación horaria: ese mismo porcentaje del consumo deberá estar respaldado por energía renovable en cada hora.

Según las empresas del sector, estas obligaciones son más exigentes que las contempladas en la normativa europea comparable y obligarían a sobredimensionar las instalaciones de generación para garantizar el suministro. La patronal SpainDC advierte de que el encarecimiento podría comprometer inversiones inmediatas por unos 9.000 millones de euros, que podrían trasladarse a Francia o Portugal.

Un coste energético que podría multiplicarse

Un informe elaborado por EY analiza el impacto de estos requisitos sobre los 3,5 GW de centros de datos previstos en la estrategia nacional de inteligencia artificial.

Para cumplir las condiciones de adicionalidad y correlación horaria, el estudio calcula que sería necesario disponer de 26,8 GW de energía solar, 8,8 GW de eólica y 14,2 GW de baterías. En conjunto, la potencia requerida sería 14,2 veces superior a la demanda de los centros de datos.

El dimensionamiento necesario para cubrir los periodos más desfavorables generaría 19.742 GWh de excedentes anuales y aumentaría al menos un 16% los vertidos del sistema eléctrico.

El coste estimado del suministro alcanzaría los 133,07 euros por megavatio hora, frente a los 55 euros por MWh que se proyectan para los futuros de 2030. Esto supondría un precio 2,4 veces superior. El informe también señala que los centros de datos quedarían expuestos a penalizaciones por la variabilidad de la producción eólica.

El análisis advierte, además, de que el exceso de capacidad necesario podría perjudicar a las instalaciones renovables que ya están operativas. Su infrautilización reduciría la rentabilidad de los activos existentes y podría deteriorar las condiciones para futuras inversiones.

Las renovables pierden 140 millones por los recortes de producción

La controversia regulatoria coincide con otro problema para el sector energético: las restricciones de la red eléctrica están obligando a desconectar o reducir la producción de instalaciones renovables.

Según un informe de Wood Mackenzie, las empresas de energías renovables en España han dejado de ingresar 140 millones de euros durante este año por los recortes de generación, conocidos como curtailment. La consultora vincula el mantenimiento de estos niveles elevados a las limitaciones de la red que se han prolongado desde el apagón del 28 de abril de 2025.

El problema podría intensificarse con la incorporación de nueva potencia solar. El estudio prevé que se conecten alrededor de 10 GW hasta 2028, dentro de una expansión total de 16 GW de nueva capacidad renovable prevista para el periodo 2026-2028.

Wood Mackenzie advierte de que esta generación tendrá que incorporarse a una red de transporte que ya presenta congestión. Su análisis nodal concluye que los volúmenes de redistribución en el mercado de restricciones técnicas todavía no han recuperado los niveles anteriores al apagón de 2025.

Los recortes superan el 25% en algunos puntos de Extremadura y Murcia

La consultora estima que la generación renovable recortada sin compensación representa ya el 4% de la oferta disponible en el acumulado del año. Entre los factores que explican esta situación figura la entrada de centrales de ciclo combinado de gas para mantener la estabilidad del sistema, en sustitución de parte de la producción solar y eólica desconectada.

El impacto, sin embargo, no se distribuye de manera uniforme por el territorio. La media nacional oculta importantes diferencias entre zonas y puntos de conexión. En determinados nudos de Extremadura y Murcia, los recortes superan el 25% de la producción renovable.

Esto significa que algunos propietarios de instalaciones dejan de percibir ingresos por más de una cuarta parte de la electricidad que podrían haber generado. La situación plantea un desafío adicional para el desarrollo renovable en España, precisamente cuando el sistema debe absorber nuevas instalaciones y responder a una demanda energética creciente.