La Generalitat de Illa recupera los 4,3 millones avalados a los líderes del procés tras la amnistía
La resolución afecta a 23 investigados, entre ellos Puigdemont, Junqueras, Mas y Romeva, y pone fin a la reclamación contable por los gastos del referéndum y la promoción exterior de la independencia.
El Tribunal de Cuentas aplica la ley de amnistía a los dirigentes independentistas y devuelve los avales públicos que cubrían posibles responsabilidades contables por los gastos vinculados al procés.
La Generalitat de Cataluña, presidida por Salvador Illa, ha logrado recuperar los 4,3 millones de euros que había avalado para cubrir las posibles responsabilidades contables de los dirigentes independentistas investigados por los gastos relacionados con el procés. Tras la aplicación de la ley de amnistía por parte del Tribunal de Cuentas, los beneficiarios no tendrán que devolver las cantidades y los avales no se ejecutarán.
Según una sentencia de este organismo fiscalizador, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la Generalitat mantenía avales superiores a 400.000 euros para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros dirigentes y cargos de anteriores gobiernos soberanistas. En total, las garantías alcanzaban a 23 personas relacionadas con gastos destinados a la promoción exterior de la independencia y a la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.
La medida evita que los afectados tengan que responder con su patrimonio por las responsabilidades contables reclamadas en este procedimiento. Sin embargo, también implica que las cantidades avaladas no se recuperarán mediante la ejecución de esas garantías.
Un aval público que generó polémica
Los avales fueron concedidos por el Institut Català de Finances, organismo financiero de la Generalitat, para evitar que el Tribunal de Cuentas embargara preventivamente los bienes de los dirigentes investigados mientras se resolvía el procedimiento.
La decisión generó controversia porque suponía que la Administración catalana respaldaba económicamente a personas a las que se reclamaban responsabilidades por gastos públicos vinculados al proceso independentista.
Las garantías se aprobaron durante la etapa de Pere Aragonès al frente de la Generalitat, cuando gobernaba una coalición de Esquerra Republicana y Junts. Según la información publicada, Salvador Illa respaldó la medida en aquel momento y la mantuvo posteriormente durante su mandato.
El escenario ha cambiado ahora con la resolución del Tribunal de Cuentas, que ha determinado la aplicación de la ley de amnistía al caso y ha acordado devolver los avales.
Albert Royo, el dirigente con el aval más elevado
El mayor aval correspondía a Albert Royo, antiguo secretario general de Diplocat, la entidad dedicada a la proyección exterior de Cataluña. La garantía superaba los 846.000 euros por los gastos que, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y Sociedad Civil Catalana, acusación popular en el procedimiento, estaban relacionados con la promoción internacional del procés.
Le seguía Francesc Homs, exconsejero de Presidencia, con un aval de 655.000 euros. El expresidente de la Generalitat Artur Mas y el antiguo consejero de Economía Andreu Mas-Colell contaban, cada uno, con garantías de 590.000 euros.
En el caso de los principales dirigentes independentistas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tenían avales superiores a los 416.000 euros, mientras que el correspondiente a Raül Romeva superaba los 450.000.
Tras la aplicación de la amnistía, estas garantías dejarán de respaldar las responsabilidades contables reclamadas en el procedimiento, por lo que no se procederá a su ejecución.
La sentencia descarta la vía de los fondos europeos
La resolución de la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez, propuesta para el cargo por el Partido Popular, se apoya, entre otros elementos, en un certificado de la Intervención de la Generalitat de Cataluña.
Según recoge la sentencia, ese documento acredita "la no utilización de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea para realizar los gastos por los que los demandantes reclaman responsabilidades contables".
La resolución añade que esta certificación sirvió de fundamento para que el Ministerio Fiscal, la propia Generalitat y los codemandados ratificaran la aplicación de la ley de amnistía en sus últimos escritos de alegaciones.
La ausencia de fondos europeos resulta determinante en el razonamiento del Tribunal de Cuentas, ya que esa circunstancia no permite recurrir a la vía que habría posibilitado excluir estos hechos de la amnistía por su vinculación con recursos de la Unión Europea.
El Tribunal de Cuentas descarta aplicar la excepción por enriquecimiento personal
Hernáez también señala en su sentencia que el Tribunal de Cuentas no podía seguir la interpretación defendida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Este había considerado posible excluir de la amnistía determinados supuestos de malversación de fondos públicos, aunque no afectaran a recursos europeos, cuando existiera enriquecimiento personal.
Sin embargo, según el razonamiento recogido en la resolución, la ley de amnistía cerró específicamente esa posibilidad para el Tribunal de Cuentas.
De este modo, la aplicación de la norma pone fin a la reclamación contable en los términos examinados y permite devolver los avales que cubrían a los dirigentes independentistas. La consecuencia económica es que las garantías públicas no se ejecutarán y las cantidades reclamadas no se recuperarán a través de este procedimiento.