La acampada de Sol continúa tras más de una semana de protestas al frenar el TSJM su desalojo inmediato
El tribunal considera que existe urgencia, pero recuerda que debe valorar el derecho de reunión y escuchar a la Delegación del Gobierno antes de decidir
El tribunal rechaza las cautelarísimas solicitadas por Ayuso y da 48 horas a la Administración del Estado para presentar alegaciones
La acampada instalada en la Puerta del Sol desde hace más de una semana continuará, al menos por ahora, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado la petición de la Comunidad de Madrid para ordenar su desalojo inmediato. El tribunal considera que existe una situación de especial urgencia, pero entiende que antes de tomar una decisión debe escuchar a la Administración General del Estado.
La Comunidad de Madrid había acudido a los tribunales después de reclamar a la Delegación del Gobierno que actuara ante la protesta por la vivienda. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solicitó medidas cautelarísimas para conseguir la disolución de la acampada frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
El TSJM no ha entrado todavía a resolver de forma definitiva sobre el desalojo. En su lugar, ha acordado tramitar la petición mediante el procedimiento ordinario de medidas cautelares y dar audiencia a la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid.
El tribunal quiere escuchar primero a la Administración
La petición de la Comunidad de Madrid llegó al TSJM después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid la elevara al tribunal por una cuestión de competencias.
El Gobierno regional sostiene que la protesta supone una ocupación de espacio público que ha superado los límites establecidos para el ejercicio del derecho de reunión. También acusa a la Delegación del Gobierno, dirigida por Francisco Martín, de no haber actuado ante una concentración que lleva más de una semana instalada en el centro de Madrid.
En su escrito, la Comunidad defendió que corresponde a la Delegación del Gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones.
El Ejecutivo autonómico también aportó un informe de la Dirección General de Patrimonio y de la Oficina del Español en el que se advierte de una posible afección a dos Bienes de Interés Cultural: la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño.
La Comunidad considera que estos daños podrían tener consecuencias sobre la protección del patrimonio cultural y reclamó una intervención inmediata.
El derecho de reunión pesa en la decisión
La Sala Sexta del TSJM considera que las circunstancias justifican la urgencia planteada por la Comunidad de Madrid, pero no cree que sea suficiente para resolver sin escuchar previamente a la otra parte.
El tribunal señala que para adoptar una medida cautelarísima deben valorarse las circunstancias con las garantías correspondientes y destaca que en este caso está en juego el derecho fundamental de reunión de las personas que participan en la protesta.
Además, recuerda que cualquier actuación debe respetar el principio de proporcionalidad y que la disolución de una concentración debe contemplarse como una medida de último recurso.
El tribunal también advierte de las consecuencias que podría tener un desalojo. En caso de que los manifestantes no atendieran los requerimientos de las autoridades, podría ser necesaria la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por ese motivo, el TSJM considera necesario conocer primero la posición de la Delegación del Gobierno antes de decidir sobre las medidas solicitadas por la Comunidad.
La Abogacía del Estado tiene hasta el miércoles
La Abogacía del Estado dispone ahora de un plazo de 48 horas para presentar sus alegaciones. El límite establecido por el tribunal termina a las 9.00 horas del miércoles.
Hasta entonces, la acampada podrá continuar en la Puerta del Sol mientras avanza el procedimiento judicial.
La decisión del TSJM supone, por tanto, que el desalojo inmediato reclamado por el Gobierno madrileño queda descartado por ahora, pero no cierra el procedimiento. El tribunal tendrá que valorar las alegaciones de la Administración del Estado antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad.