España declara a Ceuta Zona de Interés Nacional y Crea un Mando Único Migratorio

Resumen parafraseado
El Consejo de Ministros ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta debido a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que la respuesta del Gobierno ha sido proporcional a una situación que calificó de excepcional, y explicó que la actuación se ha ido desarrollando por fases, desde la seguridad hasta la ayuda humanitaria.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, el Ejecutivo aprobó esta declaración y creó una autoridad de coordinación —descrita como "mando único"— que recae en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Dicha autoridad se apoyará en un comité en el que participan la ciudad autónoma, representada por su presidente Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno en Ceuta, el CNI, los ministerios afectados y el Departamento de Seguridad Nacional.
Torres recordó que, tras la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio, se consiguió que más del 90% regresara a Marruecos en una primera fase. Ahora se abre una segunda fase centrada en la repatriación —respetando siempre la legalidad y el interés superior del menor— y en la atención humanitaria a quienes piden asilo o son menores no acompañados. Como tercer eje, mencionó la recuperación económica de la ciudad, con la presencia del vicepresidente Carlos Cuerpo para tratar la ampliación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta.
El ministro detalló medidas ya adoptadas: habilitación de espacios para migrantes, una partida de 25 millones de euros para menores no acompañados, respuesta sanitaria y de vacunación, refuerzo de efectivos de varios ministerios, y un plan de contingencia contra la violencia sexual hacia las mujeres. También anunció una reunión para preparar el inicio del curso escolar en la ciudad. Torres comparará la situación con la crisis migratoria de Arguineguín en 2020 y defendió la lealtad del Gobierno con Ceuta, rechazando cualquier forma de xenofobia.
Por otro lado, el Consejo de Ministros avanzó en dos reformas legislativas para adaptar España al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de 2024: un anteproyecto de ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que la futura ley de asilo actualizará las definiciones de protección internacional y refugio, incorporará causas de persecución como el género o la discapacidad, y distinguirá entre un procedimiento ordinario y uno acelerado (resuelto en tres meses). También se crea un procedimiento de frontera de hasta doce semanas para determinados casos.
La reforma de la ley de extranjería introduce formalmente la figura del triaje —el proceso de identificación de quienes cruzan la frontera sin control previo—, que en España se mantendrá en un máximo de 72 horas (prorrogables solo por decisión judicial), frente a los siete días que permite la normativa europea. Quienes vean rechazada su solicitud de asilo recibirán la denegación de entrada junto con la obligación de abandonar el país.
Finalmente, el Consejo aprobó un Real Decreto-ley sobre transparencia e integridad de los grupos de interés, que regulará la relación entre estos grupos y el personal público, y que contará con un registro obligatorio supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
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