La técnica de los recibos de pizza en la okupación: cómo se usan para intentar frenar un desalojo
La organización respalda las declaraciones de Feijóo y pide una respuesta judicial más rápida, aunque un ticket no demuestra por sí solo la residencia ni impide automáticamente una intervención.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia que algunas personas presentan tickets de comida y otros indicios para simular que residen en una vivienda desde hace días. Su portavoz reclama protocolos policiales más claros y una respuesta judicial más ágil.
La llamada "técnica de los recibos de pizza" ha vuelto al debate político después de que Alberto Núñez Feijóo afirmara que un justificante de un pedido de comida puede dificultar el desalojo inmediato de una vivienda ocupada. Sus declaraciones provocaron críticas y comentarios en redes sociales, incluido un mensaje del PSOE que reavivó la polémica.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación respalda las afirmaciones del líder del PP y sostiene que algunas personas utilizan tickets de comida a domicilio para aparentar que llevan tiempo residiendo en un inmueble. Según Ricardo Bravo, presidente y portavoz de la organización, estas prácticas pretenden dificultar la intervención policial inmediata tras una ocupación.
Cómo funciona la técnica de los recibos de pizza
Según la plataforma, el procedimiento consiste en solicitar una pizza a una dirección y recoger el pedido en el exterior. Posteriormente, cuando se produce la ocupación de la vivienda y acuden los agentes, se presenta el recibo como posible indicio de que ya existía una estancia previa en el inmueble.
El objetivo, según la organización, sería generar dudas sobre el momento en que se produjo la entrada y dificultar que los agentes consideren que existe una situación de flagrancia que permita actuar de inmediato.
La plataforma sostiene que estas prácticas no se limitan a los pedidos de comida. También asegura haber documentado casos en los que se deja comida preparada en frigoríficos o platos calientes en la cocina para aparentar una estancia continuada. Asimismo, denuncia que en algunas situaciones se recurre a la presencia de menores durante el acceso al inmueble para complicar la intervención policial.
Estas afirmaciones corresponden a la organización y no implican que un recibo de comida demuestre por sí mismo la residencia legítima en una vivienda ni que impida automáticamente un desalojo.
Qué dice la normativa sobre la intervención policial
La Plataforma de Afectados por la Ocupación cita la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado y la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad como referencias para la actuación de las fuerzas policiales ante posibles ocupaciones ilegales.
Según la interpretación expuesta por la entidad, la flagrancia se relaciona con la entrada no autorizada mientras se está produciendo o con la continuidad temporal inmediata de la conducta delictiva. La organización considera que algunas de las prácticas denunciadas buscan dificultar que los agentes puedan establecer esas circunstancias.
No obstante, la presentación de un ticket reciente no determina por sí sola si existe o no flagrancia. La valoración depende de las circunstancias concretas del caso y de los indicios disponibles.
Las reclamaciones de los propietarios
Ricardo Bravo también ha criticado la falta de interlocución con el Gobierno. Según afirma, la plataforma lleva cinco años solicitando reuniones periódicas con la ministra competente sin haber conseguido ser recibida.
La organización considera que las normas actuales carecen de protocolos suficientemente claros y unificados para orientar las intervenciones policiales en situaciones de posible ocupación ilegal.
Por ello, reclama cuatro medidas principales:
- Criterios claros de actuación policial para reducir las dudas interpretativas ante posibles ocupaciones ilegales.
- Protocolos eficaces de intervención que permitan distinguir entre el allanamiento de morada y la usurpación, atendiendo a las circunstancias de cada caso.
- Una respuesta judicial más rápida para evitar que los propietarios pierdan durante periodos prolongados el uso de sus viviendas.
- Reformas legales y herramientas operativas que impidan que posibles simulaciones de residencia dificulten la actuación de las fuerzas de seguridad.
La polémica sobre los recibos de pizza vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los procedimientos de desalojo, la protección de los propietarios y las garantías legales que deben aplicarse en cada caso.