Madrid indemnizará a una familia por retraso en diagnóstico
La Comisión Jurídica Asesora considera que la falta de seguimiento durante diez meses redujo las posibilidades de un diagnóstico y tratamiento más tempranos.
La Comunidad de Madrid indemnizará con 206.152,47 euros a la esposa y las hijas de un paciente fallecido con cáncer de próstata después de que una anomalía detectada durante una prueba de imagen no recibiera el seguimiento médico considerado adecuado.
El caso se produjo en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y fue examinado por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que analizó las circunstancias del diagnóstico y las conclusiones de distintos informes sanitarios.
La resolución considera que la demora redujo las oportunidades del paciente de recibir un diagnóstico más temprano y acceder a posibles tratamientos antes de que la enfermedad alcanzara una fase avanzada.
Un TAC detectó una anomalía en la próstata en 2021
El 1 de octubre de 2021, el paciente se sometió a una tomografía axial computarizada, conocida como TAC, en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
El informe radiológico identificó una captación llamativa en la zona periférica izquierda de la próstata, aunque también señaló que la técnica utilizada no era la más adecuada para estudiar ese órgano.
El hombre tenía antecedentes urooncológicos relevantes, una circunstancia que fue considerada posteriormente durante la evaluación del caso.
El hallazgo no recibió el seguimiento considerado necesario
Según la reclamación presentada por la familia, después de aquella prueba no se realizaron las actuaciones necesarias para investigar la alteración detectada.
La Inspección Sanitaria concluyó posteriormente que la ausencia de seguimiento del hallazgo prostático se apartó de las buenas prácticas clínicas.
Entre las pruebas que pudieron haberse solicitado figuraba una determinación del antígeno prostático específico, conocido como PSA, mediante un análisis de sangre.
El diagnóstico del cáncer llegó aproximadamente diez meses después
Durante el verano de 2022, el paciente acudió en varias ocasiones al servicio de urgencias del mismo hospital debido a dolores abdominales y dificultades para moverse.
Fue entonces cuando se identificó un cáncer de próstata avanzado, después de un periodo de aproximadamente diez meses desde el hallazgo inicial.
La enfermedad continuó evolucionando y el hombre falleció en julio de 2023, a los 70 años.
La familia reclamó por la demora en la atención
Tras el fallecimiento, sus familiares iniciaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración sanitaria madrileña.
Consideraban que la falta de investigación del hallazgo radiológico había retrasado la detección de la enfermedad y reducido las posibilidades de recibir atención en una fase menos avanzada.
La reclamación dio lugar a una revisión de los antecedentes médicos y de las decisiones asistenciales adoptadas durante el proceso.
La Inspección Sanitaria identificó deficiencias en el seguimiento
Uno de los informes examinados por la Comisión Jurídica Asesora fue elaborado por la Inspección Sanitaria.
Su análisis concluyó que no solicitar una prueba de PSA después de detectar la alteración prostática constituyó una desviación de la buena práctica clínica.
La valoración destacó que se trataba de una prueba accesible que podía haber contribuido a orientar el diagnóstico y determinar la necesidad de otras exploraciones.
Qué importancia tenía realizar una prueba de PSA
El PSA es una proteína producida por células de la próstata que puede medirse mediante un análisis de sangre.
Sus valores pueden elevarse por diferentes motivos, entre ellos algunas enfermedades prostáticas, por lo que no permite confirmar o descartar por sí solo un cáncer.
Sin embargo, en determinados contextos clínicos, especialmente cuando existen antecedentes de riesgo o hallazgos sospechosos, puede formar parte de una evaluación diagnóstica más amplia.
En este caso, la Inspección Sanitaria consideró que su realización habría permitido investigar antes la anomalía identificada.
Un informe técnico vinculó la demora con el empeoramiento del pronóstico
La Comisión Jurídica Asesora también tuvo en cuenta una valoración elaborada por una especialista del Área de Responsabilidad Patrimonial en el Ámbito Sanitario.
El documento, fechado el 4 de febrero de 2026, examinó si el retraso podía haber influido en la progresión de la enfermedad y en las posibilidades de tratamiento del paciente.
La especialista consideró probable que una actuación más temprana hubiera permitido adelantar el diagnóstico y reducir o evitar parte del perjuicio.
El informe estimó un importante deterioro del pronóstico
La valoración técnica atribuyó al retraso diagnóstico un empeoramiento pronóstico del 99 % en este caso.
Esta cifra corresponde a la estimación realizada por la especialista dentro del expediente de responsabilidad patrimonial y no debe interpretarse como una estadística general aplicable a todos los pacientes con cáncer de próstata.
La evaluación también reconoció que no podía garantizarse cuál habría sido el resultado final si la enfermedad se hubiera detectado antes.
El Hospital de Fuenlabrada defendió su actuación médica
Durante la revisión del expediente, el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Fuenlabrada presentó argumentos en defensa de la atención proporcionada.
El servicio explicó que el TAC de octubre de 2021 no era una prueba adecuada para valorar específicamente la próstata y que el hallazgo descrito era inespecífico.
También sostuvo que las actuaciones realizadas se habían basado en los datos clínicos disponibles y en la evidencia médica aplicable.
Los informes administrativos discreparon de la valoración hospitalaria
A pesar de esa explicación, la Inspección Sanitaria consideró que los antecedentes del paciente y la alteración detectada justificaban una investigación adicional.
La discrepancia se centró especialmente en la ausencia de seguimiento del hallazgo radiológico.
El expediente refleja así dos valoraciones distintas: la defensa de la actuación clínica por parte del hospital y las conclusiones críticas de los órganos encargados de examinar la reclamación.
Madrid reconocerá una indemnización superior a 206.000 euros
La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid aprobó por unanimidad, el 30 de septiembre de 2026, el dictamen correspondiente al expediente de responsabilidad patrimonial.
La cantidad reconocida a las reclamantes asciende a 206.152,47 euros, con la actualización que proceda conforme a la normativa aplicable.
La Consejería de Sanidad confirmó al diario El País que había gestionado el pago de la indemnización.
La responsabilidad patrimonial permite reclamar daños sanitarios
En España, los ciudadanos pueden presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial cuando consideran que han sufrido un perjuicio relacionado con el funcionamiento de un servicio público.
En el ámbito sanitario, estas reclamaciones requieren examinar la asistencia recibida, el daño alegado y la posible relación entre ambos.
No todos los resultados médicos desfavorables generan responsabilidad administrativa. Es necesario valorar las circunstancias concretas y determinar si se cumplen los requisitos legales.
El diagnóstico temprano puede ser relevante en el cáncer de próstata
El cáncer de próstata puede presentar una evolución variable. Algunos tumores avanzan lentamente, mientras que otros tienen un comportamiento más agresivo.
La detección y evaluación oportunas de síntomas, antecedentes o hallazgos sospechosos permiten determinar qué pruebas adicionales pueden ser necesarias.
Entre las herramientas que pueden utilizarse se encuentran los análisis de PSA, la exploración clínica, la resonancia magnética y, cuando corresponde, la biopsia.
La importancia de investigar los hallazgos radiológicos
Las pruebas de imagen pueden revelar alteraciones inesperadas que no estaban relacionadas directamente con el motivo inicial del estudio.
Estos hallazgos incidentales no siempre indican una enfermedad grave, pero algunos requieren seguimiento dependiendo de las características del paciente y del resultado observado.
La comunicación entre servicios médicos y la documentación de las decisiones clínicas resultan importantes para evitar que una posible señal de riesgo quede