Los universitarios podrán hacer huelga académica sin penalización en clase ni exámenes
El futuro real decreto obligará a los campus a regular las huelgas académicas y garantizará la evaluación de quienes no participen.
El Gobierno prevé aprobar un real decreto que reconoce el derecho al paro estudiantil en todos los campus y obliga a las universidades a regular su aplicación, aunque surgen críticas por la falta de límites claros.
Los universitarios podrán dejar de asistir a clase y quedar exentos de realizar exámenes durante las jornadas de huelga académica, sin sufrir consecuencias en su expediente. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un real decreto que desarrolla por primera vez de forma expresa este derecho, incorporado a la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023.
La medida forma parte del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario y responde a una reivindicación histórica de las organizaciones estudiantiles. Hasta ahora, la regulación dependía de cada universidad y solo algunos campus, como la Universidad del País Vasco, contaban con normas específicas.
Con el nuevo marco, todas las universidades deberán establecer procedimientos para que los consejos de estudiantes puedan convocar paros académicos y suspender total o parcialmente la actividad lectiva.
Las universidades deberán regular los paros
El real decreto contempla que la declaración de una huelga académica corresponda al órgano de representación del estudiantado. Además, establece que las universidades tendrán que elaborar sus propias normas para regular cómo se ejerce este derecho, con participación de los representantes de los alumnos.
La regulación deberá permitir que los estudiantes que secunden la protesta no sufran penalizaciones académicas. Al mismo tiempo, tendrá que garantizar el derecho a recibir clases y ser evaluados de quienes decidan no participar en la huelga.
Los rectores consideran aceptables las medidas previstas. Sin embargo, algunas voces críticas advierten de que el texto no concreta límites temporales, requisitos mínimos para justificar una convocatoria ni mecanismos de compensación para los alumnos que pierdan clases.
Estas fuentes universitarias temen que una regulación demasiado flexible permita utilizar las huelgas con objetivos políticos ajenos al ámbito académico y que se produzcan conflictos entre el derecho a la protesta y el de recibir docencia.
Un derecho reconocido desde 2023
La Ley Orgánica del Sistema Universitario, aprobada en 2023, ya reconocía la legitimidad de los paros estudiantiles por motivos académicos o reivindicativos. El nuevo decreto desarrolla ahora ese principio y establece que su aplicación no puede depender únicamente de la normativa particular de cada campus.
El texto se ha elaborado con la participación de representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).
La aprobación del Estatuto supondría un marco común para las universidades españolas, aunque los procedimientos concretos deberán desarrollarse en cada institución.
La medida llega en plena precampaña electoral
La iniciativa se conoce mientras Pedro Sánchez centra parte de su discurso político en las medidas sociales antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente no hizo referencia pública al nuevo derecho de huelga académica tras la firma del Estatuto con los representantes universitarios.
El debate coincide con otras movilizaciones en España y en distintos países europeos relacionadas con el coste de la vida, el acceso a la vivienda y el malestar de estudiantes y trabajadores.
En la Comunidad de Madrid, la huelga indefinida del profesorado de la educación pública ha provocado cortes de tráfico en la A-3, enfrentamientos con la Policía y una protesta frente a un acto de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional ha denunciado los incidentes, mientras los docentes mantienen sus reivindicaciones laborales.
Aunque el nuevo Estatuto se refiere específicamente a los paros académicos universitarios y no a las huelgas laborales del profesorado, su aprobación sitúa el reconocimiento de la protesta estudiantil en el centro del debate sobre los derechos y las obligaciones dentro del sistema educativo.