España mira de lejos la amenaza rusa mientras sus defensas siguen sin estar preparadas
La falta de una red antidrones integrada y de planes específicos de protección ciudadana deja expuestas infraestructuras críticas como aeropuertos, puertos y cables submarinos.
La distancia entre España y Rusia puede transmitir una falsa sensación de seguridad. Mientras Polonia, los países bálticos y Francia refuerzan sus sistemas de protección frente a posibles acciones híbridas, España mantiene importantes carencias para responder a una amenaza que ya no depende de una invasión convencional.
El escenario que preocupa a distintos servicios de inteligencia europeos tiene poco que ver con las imágenes tradicionales de una guerra. Drones, sabotajes, vigilancia de instalaciones estratégicas, interferencias y ataques contra infraestructuras críticas forman parte de una modalidad de conflicto en la que el objetivo puede ser generar daños sin llegar a provocar una confrontación militar abierta.
España tampoco queda al margen por su posición geográfica. El material analizado señala que Rusia dispone de diferentes vías para proyectar su actividad hacia el sur de Europa, mientras mantiene presencia y relaciones con actores de países del norte de África y del Sahel.
La amenaza llega por mar
Uno de los elementos que más preocupación genera es la denominada flota fantasma rusa. Se trata de una red de buques utilizados principalmente para sortear las sanciones internacionales y transportar petróleo, pero que distintos gobiernos europeos sospechan que también puede servir para operaciones de vigilancia o lanzamiento de drones.
Los casos registrados en los últimos años han elevado las alertas. En Dinamarca, varios avistamientos de drones coincidieron con la presencia de buques vinculados a esta flota. En Alemania, otro barco fue incautado después de ser acusado de lanzar un dron de reconocimiento sobre una fragata de la Marina en Kiel.
Otro episodio tuvo lugar frente a Irlanda, cuando varios drones militares sobrevolaron durante horas un buque de la Marina irlandesa mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se encontraba de visita oficial.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ha documentado 144 avistamientos sospechosos de drones sobre 12 países de la OTAN entre 2024 y 2026. Su análisis apunta a la posibilidad de que algunos de estos buques hayan sido utilizados como plataformas para lanzar drones destinados a vigilar instalaciones militares, comprobar los tiempos de reacción de las defensas y generar inquietud entre la población.
No se trata, por tanto, únicamente de destruir una instalación. Una parte de estas operaciones busca saber cuánto tarda en reaccionar un país, qué medios utiliza y hasta dónde está dispuesto a responder.
España tiene un problema añadido: la protección de sus infraestructuras
El riesgo no se limita a las bases militares. Aeropuertos, puertos, refinerías, centrales energéticas y cables submarinos forman parte de las infraestructuras que podrían convertirse en objetivos de una operación híbrida.
España cuenta con más de 30 cables submarinos fundamentales para sus comunicaciones internacionales. El texto también señala que algunos puertos españoles aparecen entre los principales puntos de atraque de buques sancionados dentro de la Unión Europea.
Ceuta, Huelva y Cartagena figuran entre los puertos europeos con mayor número de atraques de este tipo de embarcaciones, según una investigación citada en el documento. En septiembre de 2025, además, un petrolero sancionado por la UE descargó en Ceuta cerca de 900.000 barriles de crudo ruso procedentes de Murmansk.
El propio Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional ha advertido de que la flota fantasma no debe analizarse únicamente como un mecanismo para esquivar sanciones, sino también como parte de la estrategia híbrida rusa.
El agujero de los drones
España dispone de capacidades tecnológicas para hacer frente a parte de estas amenazas. Empresas españolas trabajan en sistemas de detección, inhibición electrónica y neutralización de drones, y algunas de estas tecnologías han sido utilizadas o validadas en ejercicios de la OTAN.
El problema está en la cobertura y en la integración de esas capacidades.
Según el material analizado, los sistemas antidrones existentes protegen determinadas instalaciones militares, pero España no cuenta con una red integrada de cobertura nacional comparable a la que están desplegando Polonia o los países bálticos.
También existe un problema de respuesta. Ante un dron sospechoso, las autorizaciones necesarias para actuar pueden hacer que la reacción sea más lenta que el propio vuelo del aparato.
La situación es todavía más evidente en los aeropuertos civiles. Actualmente, cuando aparece un dron no identificado, la respuesta pasa principalmente por cerrar el espacio aéreo. La integración de sistemas antidrones civiles con las Fuerzas Armadas sigue siendo una asignatura pendiente.
España tampoco ha preparado a la población
La vulnerabilidad no está solamente en los equipos militares. El documento apunta a otra carencia: España no ha puesto en marcha una campaña específica de preparación ciudadana frente a un ataque híbrido ruso ni dispone de planes actualizados de evacuación adaptados a este tipo de amenaza.
Es un cambio importante respecto al concepto tradicional de defensa. En una guerra híbrida, el primer impacto puede producirse lejos de una frontera y afectar directamente a la vida cotidiana: un aeropuerto paralizado, una red de comunicaciones interrumpida, un puerto bloqueado o una infraestructura energética atacada.
La población puede convertirse incluso en parte del objetivo si una operación consigue generar miedo, incertidumbre o presión sobre las decisiones de un Gobierno.
Una amenaza difícil de responder
El almirante retirado Juan Rodríguez Garat considera que España no sería necesariamente el objetivo más probable de este tipo de operaciones, pero advierte de una característica que complica especialmente la defensa: el atacante puede asumir un coste relativamente pequeño frente al impacto que provoca.
La lógica es sencilla. Un dron puede ser derribado después de haber cumplido su misión de reconocimiento o interferencia. El responsable pierde el aparato, pero ya ha obtenido información sobre las defensas o ha conseguido alterar durante un tiempo el funcionamiento de una instalación.
Por eso, la respuesta no pasa únicamente por intentar derribar cada dron que aparezca. También exige identificar quién está detrás de la operación y actuar sobre las plataformas que permiten ejecutarla.
El problema para España es que buena parte de esta nueva guerra se libra en una zona gris. No hay columnas de tanques cruzando una frontera ni una declaración formal de guerra. Hay barcos, drones, cables, puertos, aeropuertos y sistemas digitales que pueden ser utilizados para poner a prueba la capacidad de respuesta de un país.
Y ahí es donde la distancia geográfica deja de ser una garantía. Rusia puede estar a miles de kilómetros de España, pero algunas de las herramientas de una guerra híbrida ya están mucho más cerca.
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