Megaproyectos De Energías Renovables Bajo La Lupa
La investigación, en la que participa el ICTA-UAB, examina conflictos vinculados a instalaciones solares, eólicas, hidroeléctricas y geotérmicas en ocho territorios.
La expansión de las energías renovables está generando conflictos en distintas regiones del mundo por los efectos de grandes proyectos sobre las comunidades locales. Una investigación internacional en la que participa el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) advierte de que algunas infraestructuras destinadas a combatir el cambio climático pueden comprometer los derechos de las poblaciones y alterar sus formas de vida.
El estudio, publicado en la revista científica Ecological Economics, analiza 15 conflictos relacionados con proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos vinculados a Enel, grupo energético italiano que controla la mayoría de Endesa. Los casos examinados se distribuyen entre Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, India y el Sáhara Occidental, según la información difundida por la UAB.
Los investigadores señalan que los impactos de estos proyectos no se limitan al entorno natural. También pueden afectar la economía de las comunidades, la salud de sus habitantes, sus vínculos culturales con el territorio y su participación en las decisiones que transforman sus lugares de residencia.
Daños Ambientales Y Sociales
Entre los problemas identificados figuran la pérdida de biodiversidad, la inundación de áreas protegidas, las deficiencias en las evaluaciones ambientales y el desplazamiento de poblaciones. El estudio también recoge denuncias sobre compensaciones insuficientes, pérdida de tierras y falta de transparencia en la información proporcionada a los habitantes afectados.
Uno de los casos analizados es el de la presa hidroeléctrica de El Quimbo, en Colombia. De acuerdo con la investigación, la infraestructura inundó más de 8.000 hectáreas, la mayoría pertenecientes a un área protegida, y afectó a más de 30.000 personas.
En Cumaru, Brasil, residentes de zonas próximas a parques eólicos han denunciado problemas de salud que relacionan con el ruido de las instalaciones. También han señalado consecuencias sociales vinculadas a la pérdida de tierras y al debilitamiento de los vínculos comunitarios.
El Debate Sobre Una Transición Justa
El trabajo cuestiona el concepto empresarial de "creación de valor compartido" cuando los beneficios de los proyectos se definen sin incorporar adecuadamente las necesidades de las poblaciones locales. Los investigadores destacan que aspectos como la soberanía alimentaria, la autonomía sobre los recursos naturales y la relación cultural con la tierra también deben considerarse al evaluar el impacto de las infraestructuras energéticas.
Daniela del Bene, investigadora vinculada al ICTA-UAB y a la Universidad Ca' Foscari de Venecia, defiende una transición energética que tenga en cuenta los valores de las comunidades y no desplace sus necesidades frente a los objetivos de producción.
Más Participación En Las Decisiones
Ante estos problemas, los autores proponen ampliar la participación comunitaria y avanzar hacia mecanismos que permitan a las poblaciones intervenir de manera efectiva en las decisiones. También plantean mejorar las evaluaciones de impacto, establecer acuerdos colectivos para distribuir los beneficios y respaldar sistemas energéticos gestionados por las propias comunidades.
El estudio pone así el foco en una cuestión central del cambio energético: además de reducir las emisiones, el desarrollo de nuevas infraestructuras debe considerar quién decide sobre los territorios y cómo se distribuyen sus costes y beneficios.