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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa by CESAR MANSO/AFP via Getty Images

Salvador Illa eligió su conferencia para intentar relanzar una legislatura que venía renqueando en lo que más se nota, que es la gestión. Y lo hizo apoyándose en dos pilares muy distintos entre sí: uno donde ya puede enseñar cifras —la vivienda pública— y otro donde todavía no tiene más que una intención —un pacto educativo con los profesores en huelga.

El contraste entre ambos explica bastante bien la situación del president.

Vivienda: el terreno donde ya tiene cifras

En vivienda, Illa habló desde una posición cómoda. Aseguró que Cataluña es la comunidad donde más vivienda pública se está construyendo, con 3.073 unidades solo en el primer trimestre de 2026, y sostuvo que esa cifra representa seis de cada diez del conjunto del Estado. Detrás está el plan de 50.000 viviendas que su Gobierno puso en marcha, el más avanzado de España en este momento.

La ventaja es real y tiene una explicación que no siempre se menciona en estos discursos: hay presupuestos aprobados y hay superávit, sostenido por una economía catalana que crece en torno al 3%. Gobernar con dinero disponible no garantiza acertar, pero permite anunciar cosas que otros no pueden.

Conviene igualmente leer el dato con cierta prudencia. Que seis de cada diez viviendas públicas del país se construyan en una sola comunidad dice menos sobre el mérito catalán que sobre el abandono del resto. Un liderazgo que se mide contra un promedio muy bajo es un liderazgo frágil.

Educación: el terreno donde solo tiene una propuesta

El segundo pilar es el que se la juega de verdad. El sistema educativo catalán está a la cola en el informe PISA, y el profesorado sigue en huelga. Illa anunció que abrirá en breve una ronda de contactos con todas las fuerzas con representación parlamentaria para intentar una reforma, encargará al Consell d'Educació de Catalunya que articule el debate y pidió que se haga "de manera serena" y "de buena fe".

La consellera Esther Niubó, contra la que Junts y la CUP han presionado, queda así respaldada desde arriba.

Hay un detalle en el anuncio que merece atención. Illa se comprometió a alcanzar el 6% de inversión pública en educación "tal y como establece la ley educativa aprobada por el Parlamento en 2009". Es decir: el compromiso estrella del bloque educativo consiste en cumplir una obligación legal que lleva diecisiete años sin cumplirse, bajo gobiernos de distinto signo. Presentarlo como un impulso nuevo es legítimo políticamente, pero el lector haría bien en recordar qué es exactamente lo que se está prometiendo.

El primer gesto concreto tampoco ayuda a despejar dudas sobre la escala. Instalar sistemas de climatización en los más de 2.500 centros públicos a lo largo de la legislatura es una mejora tangible y muy visible para las familias. También es una respuesta de infraestructura a un problema que el propio diagnóstico sitúa en los resultados de aprendizaje.

Y queda el obstáculo que el discurso no resolvió: un pacto educativo se firma con los docentes, y los docentes están en huelga. Illa tendió la mano en un momento favorable, porque el seguimiento del primer paro del curso fue débil. Aprovechar la debilidad del adversario para abrir una negociación es una jugada razonable. Que produzca un acuerdo duradero es otra cosa.

Vox y Aliança Catalana, presentes sin ser nombrados

El resto de la intervención aportó pocas novedades: renovables, reindustrialización, el guiño a Seat, y un paquete sobre control de la inteligencia artificial que sonó ambicioso para el margen competencial de una comunidad autónoma.

Lo que sí recorrió el discurso de principio a fin fue la advertencia sobre el avance de la extrema derecha. Illa no mencionó ni una sola vez a Aliança Catalana ni a Vox —ninguno de los dos estaba invitado al acto, que reunió a más de 800 asistentes—, pero la alusión era inequívoca. Preguntó si Europa volvería a mirar hacia otro lado ante los nuevos extremismos, citó a Angela Merkel y lanzó una acusación directa, aunque sin destinatario expreso, sobre formaciones que en su opinión coquetean con simbología nazi. Su frase más redonda fue también la más política: el odio, dijo, no construye vivienda pública, ni escuelas, ni empresas.

Es una operación de encuadre transparente y probablemente eficaz: convertir la gestión en el antídoto contra el auge del partido de Sílvia Orriols. Tiene, eso sí, un riesgo conocido. Una legislatura que se define sobre todo frente a alguien depende de que ese alguien siga ahí, y le entrega al adversario el papel de única alternativa real.

La cita a Pujol y el hueco que ha dejado Junts

El cierre fue el movimiento más revelador del día. Illa terminó citando el último mensaje de Jordi Pujol por la Diada, sobre los motivos para la esperanza y el contagio del optimismo.

Un presidente socialista reclamando la herencia simbólica del pujolismo habría sido impensable hace pocos años. Que hoy sea posible dice menos de Illa que del estado en que ha quedado Junts. El espacio está libre, y él lo está ocupando sin disimulo, con la sociedad civil económica catalana sentada en las primeras filas —Fomento, Pimec, Aena, Godó, Torres, Fira— además de los expresidentes Aragonès y Montilla y el alcalde Collboni.

La refundación, en todo caso, quedó anunciada con una advertencia del propio Illa: un país no se transforma de un día para otro. Es una frase prudente y también una red de seguridad. La pregunta que deja el discurso es si, cuando termine la legislatura, se recordará por un pacto educativo que cambió algo o por 2.500 centros escolares mejor climatizados.