Indra aspira a elevar sus ingresos hasta 12.000 millones en 2030 con nuevos contratos de defensa
La compañía controlada por la SEPI presentará su hoja de ruta el 25 de noviembre, pocos días antes de las elecciones generales, cuyo resultado podría afectar a su cúpula directiva.

La compañía controlada por la SEPI presentará el 25 de noviembre su nuevo plan estratégico, con el que pretende aumentar un 70% su facturación. La hoja de ruta se apoya en las expectativas de adjudicación de nuevos programas militares, aunque el resultado de las elecciones del 29-N podría alterar la composición de su cúpula directiva.
Indra presentará el próximo 25 de noviembre su nuevo plan estratégico, apenas cuatro días antes de las elecciones generales. La compañía española de defensa y tecnología, controlada por el Estado a través de la SEPI, se ha fijado como objetivo alcanzar en 2030 unos ingresos de entre 10.000 y 12.000 millones de euros, frente a los aproximadamente 7.000 millones que espera facturar al cierre del ejercicio actual.
La cifra más ambiciosa supondría un crecimiento cercano al 70% y un incremento de unos 5.000 millones de euros en su negocio. La previsión se sustenta, principalmente, en la expectativa de que Indra consiga una parte significativa de los nuevos contratos militares aprobados por el Gobierno dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM).
Según fuentes del sector, el consejo de administración aprobará el documento la próxima semana antes de presentarlo a los inversores. La nueva hoja de ruta, que debía haberse conocido antes del verano, ha sufrido varios retrasos debido a los cambios en la dirección de la compañía y a la redefinición de sus prioridades estratégicas.
Una estrategia retrasada por los cambios en la cúpula
La elaboración del plan se vio afectada por la salida de Ángel Escribano como presidente de Indra el 1 de abril y la posterior destitución de José Vicente de los Mozos como consejero delegado en mayo.
La llegada de Ángel Simón a la presidencia no ejecutiva y el nombramiento de Josep María Recasens, procedente de Renault, como primer ejecutivo obligaron a modificar los plazos. La nueva dirección decidió prescindir de Boston Consulting Group, consultora vinculada a la anterior etapa, y contratar a McKinsey para diseñar la estrategia.
Simón y Recasens habían situado inicialmente la presentación del plan en septiembre, pero finalmente se aplazó hasta noviembre, antes de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral.
El nuevo objetivo prolonga la evolución del ciclo estratégico anterior, cuyo reto era elevar la facturación desde los 4.300 millones de euros de 2024 hasta los 7.000 millones previstos para este ejercicio.
En términos de rentabilidad, Indra pretende alcanzar un beneficio operativo (EBIT) de entre 1.100 y 1.300 millones de euros en 2030. Esto supondría un incremento de entre el 60% y el 75% respecto a los aproximadamente 700 millones contemplados en el plan anterior.
Los programas militares, clave para alcanzar los objetivos
La dirección considera que las metas son alcanzables pese a las advertencias sobre las perspectivas de negocio que han lanzado grandes compañías internacionales del sector, como Rheinmetall.
El principal respaldo de sus previsiones está en los contratos vinculados a los Programas Especiales de Modernización. El Gobierno ha aprobado en sus últimas reuniones del Consejo de Ministros adjudicaciones por un valor conjunto de 19.000 millones de euros, que elevan a 94 el número de proyectos militares especiales contabilizados al sumar los anteriores.
En los programas previos, cuyo importe se aproximaba a los 25.000 millones de euros, Indra y Escribano Mechanical and Engineering recibieron adjudicaciones superiores a los 13.000 millones, tanto de forma individual como mediante alianzas empresariales.
La asignación de buena parte de esos contratos ha generado controversia y ha motivado una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre las adjudicaciones. Escribano Mechanical and Engineering era propiedad de Ángel Escribano antes de su salida de la presidencia de Indra.
La compañía confía en participar, junto con Airbus, en una parte importante de los nuevos programas militares. Estas inversiones forman parte de los planes de España para reforzar sus capacidades de defensa y cumplir el compromiso de elevar el gasto militar al 2% del producto interior bruto (PIB), en el contexto de la guerra de Ucrania.
Sin embargo, el resultado de las elecciones del 29 de noviembre introduce incertidumbre sobre la continuidad de las decisiones políticas que respaldan esta estrategia.
El PP cuestiona los nombramientos y plantea revisar las empresas públicas
Aunque en el consejo de administración valoran la gestión de Simón y Recasens y consideran que han contribuido a reducir las tensiones internas, un eventual cambio de Gobierno podría abrir una nueva etapa en la dirección de Indra.
El Partido Popular cuestiona la vinculación de ambos directivos con el entorno del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). En particular, considera que sus nombramientos estuvieron impulsados por Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Jordi Hereu, ministro de Industria.
En su programa electoral, el PP promete que los responsables de las empresas públicas serán elegidos por su "experiencia, mérito y capacidad, no por afinidad política". La propuesta alude al modelo de nombramientos en compañías como Indra, Telefónica, Redeia y Aena.
Además, los populares anuncian una revisión de las participaciones empresariales del Estado y plantean vender aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado. La propuesta afecta al debate sobre la presencia pública en compañías como Indra y Telefónica, en las que el Ejecutivo de Sánchez adquirió participaciones relevantes.
La presentación del plan estratégico se producirá, por tanto, en un momento especialmente sensible para la compañía: Indra busca consolidar su crecimiento apoyándose en los contratos públicos de defensa, mientras el calendario electoral abre interrogantes sobre la continuidad de su actual dirección y sobre la política de participación del Estado en empresas estratégicas.

