China condena el robo de una variedad de arándanos desarrollada por la española Planasa
El vivero de Yunnan deberá pagar unos 19.000 euros por comercializar plantas de Blue Maldiva, desarrollada por la empresa navarra.
El Tribunal Supremo chino ha confirmado una indemnización contra un vivero que reproducía ilegalmente una variedad protegida de arándanos creada por la empresa navarra. El caso pone de relieve los desafíos para proteger la innovación agrícola y los derechos sobre variedades vegetales.
Una variedad de arándanos desarrollada en España ha terminado en el centro de una disputa judicial en China. El Tribunal Supremo del país ha confirmado la condena a un vivero de la provincia de Yunnan que comercializaba plantas reproducidas presuntamente a partir de ramas obtenidas de forma clandestina, sin autorización de la empresa titular de los derechos.
La variedad afectada es Plablue 1542, comercializada bajo el nombre de Blue Maldiva y desarrollada por Planasa, compañía navarra especializada en innovación genética vegetal. El caso comenzó a investigarse en julio de 2024, cuando una empresa agrícola que operaba legalmente en China detectó que un vivero vendía plantas bajo la denominación "España 42".
Según la documentación judicial, uno de los vendedores reconoció que las ramas utilizadas para reproducir las plantas se habían conseguido clandestinamente mediante contactos. La actividad comercial comenzó poco después de la constitución del vivero, el 18 de julio de 2024, y la promoción de las plantas se extendió rápidamente por las principales redes sociales chinas.
Un negocio con capacidad para producir miles de plantas
Las instalaciones del vivero tenían capacidad para producir alrededor de 120.000 plantas por lote, de las cuales unas 20.000 correspondían a la variedad española.
El Tribunal Intermedio de Kunming, capital de la provincia de Yunnan, condenó a la empresa a pagar 144.000 yuanes en concepto de indemnización y otros 10.000 yuanes por gastos judiciales. El importe conjunto equivale aproximadamente a 19.000 euros.
La empresa recurrió la decisión, pero el Tribunal Supremo confirmó la condena. En una resolución difundida el 14 de octubre, los magistrados señalaron que la vulneración de los derechos sobre variedades vegetales se había convertido prácticamente en el modelo de negocio del vivero desde su creación.
Aunque la indemnización es modesta en comparación con las cantidades que se manejan en litigios tecnológicos internacionales, el caso refleja la importancia económica de proteger las innovaciones agrícolas.
Años de investigación concentrados en una planta
Blue Maldiva es una variedad desarrollada para ofrecer frutos de gran calibre, productividad elevada y calidad comercial. Según los ensayos divulgados por Planasa en España y Marruecos, su producción puede situarse entre 4,8 y siete kilos por planta, aunque los resultados dependen de las condiciones de cultivo.
El desarrollo de una variedad vegetal requiere años de cruces, selección genética, pruebas de resistencia y adaptación a diferentes climas. Estos procesos implican inversiones en investigación que las empresas recuperan mediante licencias y derechos de explotación.
A diferencia de otras tecnologías, una planta contiene la información biológica necesaria para reproducirse. Por ello, unas pocas ramas pueden convertirse en miles de ejemplares capaces de competir comercialmente con la variedad original sin que sus desarrolladores reciban una compensación.
Esta característica convierte la protección de las variedades vegetales en un desafío específico para la propiedad intelectual: basta con obtener material vegetal para intentar reproducir una innovación cuyo desarrollo puede haber requerido años de trabajo.
El precedente del robo de semillas experimentales en Estados Unidos
El caso recuerda a otro episodio de espionaje agrícola investigado en Estados Unidos. El FBI descubrió a ciudadanos chinos que recorrían campos de Iowa e Illinois para obtener semillas experimentales de maíz desarrolladas mediante años de investigación genética.
Las variedades estaban diseñadas para mejorar características comerciales, como la resistencia a la sequía y a las plagas. Uno de los principales acusados fue Mo Hailong, empleado del conglomerado agrícola chino Dabeinong, implicado en una operación destinada a trasladar semillas a China. En 2016 fue condenado a tres años de prisión.
Durante décadas, Estados Unidos y varios países europeos han acusado a empresas y actores vinculados a China de apropiarse de tecnología, secretos comerciales y desarrollos industriales. Pekín, por su parte, sostiene que su crecimiento tecnológico se debe a décadas de inversión, formación especializada e investigación propia.
Las disputas han afectado también a sectores ajenos a la agricultura. En 2018, un tribunal estadounidense declaró culpable al fabricante chino de aerogeneradores Sinovel de apropiarse de programas informáticos de la empresa AMSC utilizados para controlar turbinas eólicas. Las pérdidas calculadas por la Justicia estadounidense superaron los 550 millones de dólares.
China refuerza la protección de las variedades vegetales
El país asiático ya no es únicamente un gran centro de fabricación: sus empresas también desarrollan patentes, secretos industriales y nuevas variedades agrícolas. Esta evolución aumenta la importancia de contar con mecanismos judiciales eficaces para proteger la innovación.
En junio, el Tribunal Supremo chino publicó nuevas directrices para resolver litigios relacionados con variedades vegetales, con un mayor énfasis en las pruebas genéticas y los procedimientos de investigación técnica.
El caso de los arándanos españoles forma parte de cinco sentencias difundidas recientemente por el tribunal. Otra de ellas se refería a la reproducción ilegal de una variedad de maracuyá.
La resolución sobre Blue Maldiva muestra cómo la propiedad intelectual agrícola se ha convertido en un asunto relevante para la innovación y la competencia internacional. Proteger una variedad no consiste únicamente en impedir que se copie su nombre comercial, sino también en garantizar que el material vegetal desarrollado mediante investigación no se reproduzca y comercialice sin autorización.
El litigio enfrenta dos realidades: la posibilidad de obtener beneficios rápidos mediante la reproducción no autorizada de plantas y la necesidad de proteger las inversiones que permiten desarrollar nuevas variedades. Para empresas como Planasa, la eficacia de esa protección resulta fundamental para mantener el valor comercial de sus investigaciones.