España plantea reformas fiscales para impulsar la innovación
La propuesta plantea actualizar el tratamiento fiscal de la inteligencia artificial y el software, facilitar la monetización de las deducciones y reforzar la seguridad jurídica.
España podría reforzar su capacidad para atraer inversiones tecnológicas mediante cambios en los incentivos fiscales destinados a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). Cinco responsables fiscales vinculados a empresas de la Fundación I+E han planteado cuatro reformas orientadas a simplificar el sistema, mejorar el acceso a las deducciones y ofrecer mayor seguridad jurídica a las compañías que desarrollan proyectos innovadores.
La propuesta, publicada por Agenda Pública el 23 de octubre de 2026, parte de una dificultad: aunque España dispone de incentivos fiscales para fomentar la innovación empresarial, su complejidad administrativa y las limitaciones para convertir las deducciones en liquidez pueden reducir su utilidad práctica.
Los incentivos fiscales, una herramienta para atraer inversión
Los incentivos fiscales a la I+D+i permiten reducir la carga tributaria asociada a determinadas actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Su finalidad es estimular la inversión privada en proyectos que pueden generar nuevos productos, procesos, conocimientos y soluciones para diferentes sectores económicos.
Estas medidas pueden resultar especialmente relevantes en áreas como la biotecnología, las energías renovables, la inteligencia artificial, el desarrollo de software y la industria aeroespacial. Son actividades que requieren personal especializado, recursos financieros y, en muchos casos, varios años de trabajo antes de producir resultados comerciales.
Según el artículo de Agenda Pública, España cuenta con un sistema que puede ofrecer un retorno potencial de hasta 59 céntimos por cada euro invertido en I+D. Esta cifra representa el potencial del incentivo descrito por los autores y no significa que todas las empresas recuperen automáticamente esa cantidad.
El artículo también señala que los informes motivados emitidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pasaron de 4.414 en 2014 a 11.085 en 2024, el último dato oficial citado en la publicación.
Sin embargo, los autores consideran que el sistema todavía presenta obstáculos que pueden dificultar su aprovechamiento, especialmente cuando las empresas deben acreditar técnicamente sus proyectos o esperar para conocer el resultado de una revisión tributaria.
Actualizar la definición fiscal de investigación e innovación
La primera propuesta consiste en adaptar la definición fiscal de I+D+i a la evolución de las tecnologías. Los autores sostienen que las reglas actuales no siempre reflejan con suficiente claridad las características de los proyectos digitales contemporáneos.
La inteligencia artificial y el desarrollo de software
Los proyectos de inteligencia artificial pueden integrar diferentes actividades: recopilación y preparación de datos, entrenamiento de modelos, validación de resultados, desarrollo de algoritmos, integración de sistemas y puesta en funcionamiento de soluciones.
De acuerdo con la propuesta, las reglas fiscales deberían reconocer mejor estas etapas y aclarar en qué circunstancias el software constituye una parte sustancial de un proyecto innovador. La intención es reducir las dudas sobre la calificación de las inversiones relacionadas con modelos predictivos, automatización avanzada y otras tecnologías.
Una definición más clara podría ayudar a las empresas a planificar sus presupuestos y documentar los gastos que consideran vinculados a la innovación. No obstante, la elegibilidad de cada proyecto seguiría dependiendo de los criterios y requisitos legales que resulten aplicables.
Facilitar la monetización de las deducciones fiscales
La segunda reforma se centra en la monetización de los incentivos fiscales. Este mecanismo permite que determinadas empresas obtengan el valor económico de deducciones generadas por actividades de I+D+i aunque no dispongan de suficiente cuota en el Impuesto sobre Sociedades para aplicarlas íntegramente.
Esta posibilidad puede ser importante para compañías que invierten grandes cantidades en investigación, pero que todavía no generan beneficios suficientes para aprovechar todas las deducciones fiscales acumuladas.
Los límites que se proponen modificar
Los autores señalan que el mecanismo actual implica, en los supuestos descritos, renunciar al 20 % de la deducción generada, está sujeto a límites económicos y exige mantener la plantilla durante un periodo determinado.
Para modificar estas condiciones, plantean tres medidas principales:
- Reducir del 20 % al 10 % la parte de la deducción a la que se renuncia, o estudiar su eliminación.
- Elevar el límite de monetización hasta los 10 millones de euros.
- Revisar los requisitos de mantenimiento del empleo para adaptarlos a las características de las empresas innovadoras.
Estas medidas son propuestas formuladas por los autores del artículo, no cambios que deban darse por aprobados. Su eventual aplicación dependería de las decisiones normativas correspondientes.
La finalidad sería facilitar el acceso a liquidez y permitir que más recursos económicos se destinen a contratar especialistas, ampliar equipos de investigación y continuar desarrollando nuevas tecnologías.
Impulsar la financiación privada de proyectos innovadores
La tercera propuesta plantea crear un sistema de financiación privada compartida que permita a empresas con capacidad financiera apoyar proyectos de innovación desarrollados por otras compañías.
En el modelo descrito, una empresa financiadora aportaría fondos para cubrir total o parcialmente los costes de un proyecto. A cambio, podría aprovechar la deducción fiscal generada bajo las condiciones del régimen que se estableciera.
Una posible vía de colaboración empresarial
Este mecanismo buscaría conectar a organizaciones que cuentan con recursos financieros con empresas que disponen de conocimientos técnicos o capacidad para desarrollar soluciones, pero que encuentran dificultades para financiar sus proyectos.
Los autores proponen tomar como referencia mecanismos que ya existen en los territorios forales. La intención sería ampliar las oportunidades de financiación y favorecer la cooperación entre compañías de distintos tamaños y sectores.
Para funcionar de manera eficaz, un sistema de este tipo necesitaría reglas transparentes sobre la financiación, la atribución de las deducciones, los requisitos de los proyectos y las responsabilidades de las partes. También sería necesario prevenir interpretaciones contradictorias que pudieran generar nuevos conflictos tributarios.
Reforzar la seguridad jurídica de las empresas
La cuarta reforma busca reducir la incertidumbre que afrontan las compañías cuando solicitan incentivos fiscales por actividades de investigación e innovación.
Según los autores, las revisiones tributarias realizadas después de ejecutar una inversión pueden generar dudas sobre si determinados gastos cumplen los requisitos exigidos. Esta situación dificulta que las empresas calculen con precisión el coste real de sus proyectos.
El papel de los informes motivados
Los informes motivados del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se utilizan en el ámbito de la certificación de actividades de I+D+i. La propuesta plantea que sus efectos aporten mayor certeza tanto en los aspectos técnicos como en los económicos.
En concreto, los autores defienden que los informes puedan ofrecer garantías vinculantes para la Agencia Tributaria respecto a la calificación de las actividades y la cuantificación de las bases y los gastos elegibles, dentro del marco legal correspondiente.
La finalidad sería evitar que las empresas afronten interpretaciones contradictorias después de haber realizado inversiones importantes. Una mayor previsibilidad podría facilitar la planificación financiera y la toma de decisiones sobre proyectos a largo plazo.
Esta propuesta requeriría definir con precisión el alcance de los informes y su relación con las competencias de la Administración tributaria, de modo que las garantías ofrecidas fueran claras y jurídicamente aplicables.
La innovación tecnológica como motor de competitividad
La reforma de los incentivos fiscales está relacionada con el objetivo de mejorar la posición de España en sectores de alto valor añadido. La capacidad de atraer proyectos tecnológicos depende de distintos factores, entre ellos la disponibilidad de profesionales cualificados, la infraestructura científica, la financiación y la estabilidad regulatoria.
En este contexto, los incentivos fiscales pueden formar parte de una estrategia más amplia para estimular la investigación privada y favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas.
Una normativa adaptada a la inteligencia artificial y al software podría ayudar a reducir las dudas sobre qué inversiones pueden acogerse a las deducciones. Al mismo tiempo, los mecanismos de monetización y financiación podrían ampliar las opciones disponibles para empresas que necesitan recursos para continuar innovando.
Sin embargo, el efecto de las reformas dependería de su diseño definitivo, de los requisitos para acceder a los incentivos y de la capacidad de las empresas para demostrar que sus proyectos cumplen las condiciones legales.
Qué efectos podrían tener las propuestas en las empresas
Si estas medidas llegaran a desarrollarse normativamente, podrían influir en diferentes aspectos de la actividad empresarial. Entre los posibles efectos se encuentran una mayor previsibilidad de los costes, un acceso más flexible a los recursos financieros y una reducción de las dificultades administrativas asociadas a las deducciones.
Las grandes empresas con proyectos de investigación de elevada inversión podrían beneficiarse de límites de monetización más amplios, mientras que otras compañías podrían encontrar nuevas vías de financiación mediante acuerdos con inversores privados.
Las empresas tecnológicas, por su parte, podrían obtener mayor claridad sobre el tratamiento fiscal de determinadas actividades relacionadas con la inteligencia artificial y el desarrollo de software.
Estos resultados son potenciales y no están garantizados. Su alcance dependería de cómo se concretaran las reformas, de los controles aplicables y de las condiciones económicas en las que operen las compañías.
Los retos para modernizar los incentivos fiscales en España
La modernización del sistema exige encontrar un equilibrio entre facilitar la inversión y mantener mecanismos adecuados de control. Simplificar los procedimientos no elimina la necesidad de comprobar que los gastos declarados corresponden realmente a actividades que cumplen los requisitos de I+D+i.
También sería importante establecer criterios comprensibles para empresas de diferentes tamaños, evitar cargas administrativas desproporcionadas y garantizar que las normas se apliquen de forma coherente.
La financiación privada compartida plantearía, además, la necesidad de definir cómo se distribuyen los beneficios fiscales y qué documentación deben conservar las partes. Por su parte, la ampliación de la monetización requeriría evaluar sus efectos presupuestarios y las condiciones de acceso.
En definitiva, las cuatro propuestas presentadas por responsables fiscales de empresas de la Fundación I+E buscan adaptar los incentivos a la evolución tecnológica y mejorar su utilidad práctica. El debate se centra en cómo lograr que las deducciones fiscales sean más accesibles, previsibles y compatibles con las necesidades de financiación de los proyectos innovadores.
¿Qué significa I+D+i?
I+D+i significa investigación, desarrollo e innovación. El término engloba actividades orientadas a generar conocimientos, desarrollar tecnologías y aplicar soluciones nuevas o mejoradas, de acuerdo con los criterios que establezca la normativa correspondiente.
¿Qué cambios fiscales se proponen para impulsar la innovación?
Se plantean cuatro líneas de reforma: actualizar la definición fiscal de I+D+i, mejorar la monetización de las deducciones, crear un régimen de financiación privada compartida y reforzar la seguridad jurídica.
¿Qué es la monetización de una deducción fiscal?
Es un mecanismo que permite a una empresa obtener el valor económico de determinadas deducciones generadas por actividades de I+D+i cuando no puede aplicarlas completamente contra su cuota tributaria, siempre que cumpla las condiciones legales.
¿Cuánto se propone elevar el límite de monetización?
Los autores plantean elevarlo hasta los 10 millones de euros. Se trata de una propuesta de reforma, no de una modificación que la noticia confirme como aprobada.
¿Cómo afectaría la reforma a los proyectos de inteligencia artificial?
La propuesta busca aclarar el tratamiento fiscal de las actividades de software que forman parte de proyectos de inteligencia artificial, modelos predictivos, algoritmos y automatización avanzada.
¿En qué consiste la financiación privada compartida?
Consiste en que una empresa aporte recursos para financiar un proyecto innovador de otra organización y pueda aprovechar la deducción fiscal generada bajo las condiciones que establezca el régimen aplicable.
¿Qué función cumplen los informes motivados?
Sirven para respaldar la calificación de determinadas actividades de I+D+i. La propuesta busca ampliar la certeza que ofrecen para que abarque aspectos técnicos y económicos, conforme al marco jurídico que se establezca.
¿Las cuatro reformas fiscales ya están aprobadas?
No. El artículo de Agenda Pública recoge propuestas formuladas por responsables fiscales de empresas de la Fundación I+E. La publicación no confirma que las cuatro medidas hayan sido aprobadas ni que estén en vigor.
¿Qué sectores podrían verse afectados?
Entre los sectores relacionados con estas propuestas figuran la inteligencia artificial, el software, la biotecnología, las energías renovables, la industria aeroespacial y otras actividades que desarrollan proyectos de investigación e innovación.