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Prime Minister Pedro Sanchez (R) talks with Spain's Interior Minister Fernando Grande Marlaska during Spain's National Day military parade in Madrid, on October 12, 2026. JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images

El Ministerio justificó la compra de al menos 790 dispositivos por el aumento de las agresiones contra los agentes y aprobó después un protocolo que ampliaba las condiciones de uso. Ahora, tras los incidentes de la huelga general, ha anunciado una investigación y restricciones sobre estos medios.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, destinó más de 71.600 euros a la adquisición de al menos 790 sprays de defensa para la Policía Nacional el mismo día en que los sindicatos aprobaron y anunciaron la convocatoria de la huelga general. La compra se produjo, además, pocos días antes de que el departamento validara un nuevo protocolo para regular la tenencia y utilización de estos dispositivos.

La adquisición fue justificada por Interior como una necesidad operativa ante el incremento de las agresiones a los policías. El Ministerio defendió que estos aerosoles constituían herramientas de protección y disuasión, con un nivel de peligrosidad reducido y una elevada eficacia en determinadas intervenciones.

Sin embargo, después de los altercados registrados durante la huelga general y las denuncias por las actuaciones policiales, Interior anunció que investigaría lo ocurrido y prohibiría el uso de gas lacrimógeno. La decisión ha generado críticas entre mandos policiales, que cuestionan el cambio de criterio del departamento.

Interior justificó la compra por el aumento de las agresiones

En la documentación que respalda la adquisición, el Ministerio argumentó que era conveniente incrementar la disponibilidad de estos dispositivos para que los agentes pudieran cumplir sus funciones y afrontar posibles amenazas contra su integridad física.

La justificación alude a ataques de individuos agresivos e incluso de grupos de personas con comportamientos violentos. También sostiene que los sprays permiten resolver incidentes, reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional y ofrecer una alternativa antes de recurrir a medios que puedan causar lesiones de mayor gravedad.

Interior defendió asimismo que estos productos no provocan daños permanentes y que su utilización puede contribuir a proteger tanto a los agentes como a las personas sobre las que se interviene.

La compra estaba especialmente orientada a unidades operativas como la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), entre otros efectivos.

El nuevo protocolo amplió las condiciones de utilización

El pasado 19 de octubre, el Ministerio aprobó un nuevo marco normativo para actualizar el protocolo vigente desde 2013. La regulación establece las condiciones de tenencia, manejo y utilización de los sprays de defensa.

Una de las principales novedades consiste en contemplar su distribución y uso individual por parte de los agentes, frente al modelo anterior, en el que estos dispositivos se empleaban fundamentalmente como material de dotación colectiva. El objetivo declarado es evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

El documento justifica esta actualización por el aumento de la violencia en determinados delitos y por lo que describe como un deterioro del principio de autoridad. También contempla el uso de los aerosoles ante agresiones o situaciones de resistencia activa que pongan en peligro la integridad física de los policías, de terceras personas o la seguridad ciudadana.

Según mandos policiales consultados, las circunstancias descritas en el protocolo se produjeron durante los altercados de la huelga general. Estos responsables sostienen que los agentes han recibido formación específica para manejar los dispositivos y que cuentan con preparación para utilizarlos.

El nuevo marco también elimina la restricción anterior sobre el uso de estos gases en espacios cerrados, aunque mantiene la obligación de respetar las condiciones de seguridad y proporcionalidad.

Los mandos policiales denuncian un cambio de criterio

Las decisiones de Interior han provocado críticas entre mandos policiales, que acusan al Gobierno de utilizar las actuaciones de los agentes con fines políticos y de construir un "relato electoral" favorable a Pedro Sánchez.

"Nos utilizan como baza electoral", sostienen los responsables consultados, que consideran que la respuesta policial depende de quién protagonice las manifestaciones. A su juicio, la compra de los sprays y la aprobación del nuevo protocolo respaldaban la necesidad de disponer de estos medios para intervenir ante situaciones violentas.

Los agentes cuestionan que el mismo departamento que justificó la adquisición y reguló el uso de los dispositivos haya anunciado después una investigación y restricciones tras los incidentes de la huelga general.

La contradicción, según denuncian, deja a los policías en una situación de incertidumbre, ya que deben tomar decisiones en pocos segundos ante escenarios de riesgo sin tener claro qué herramientas pueden utilizar.

"No tiene sentido que nos aprueben un nuevo protocolo para regular y ampliar el uso de los sprays de defensa y que, apenas unas semanas después, se nos prohíba utilizarlos", lamentan. También defienden que estos dispositivos permiten evitar el contacto físico directo y reducir la necesidad de recurrir a la fuerza.

Los mandos consultados cuestionan, además, cómo deben actuar los agentes cuando un grupo de manifestantes se niega a abandonar un espacio o cuando se producen situaciones de resistencia colectiva. Temen que las restricciones limiten su capacidad de respuesta y que el uso de otros medios policiales también pueda generar acusaciones de abuso.

La controversia se centra así en el alcance de las nuevas restricciones, la aplicación del protocolo aprobado en octubre y los criterios que deben seguir los agentes para intervenir ante situaciones de violencia o resistencia activa.