Martínez Sola cede el control de Plus Ultra y dice que la SEPI se lo exigió por colaborar con el juez
Julio Martínez Sola atribuye la cesión irrevocable a una exigencia de la SEPI, aunque la sociedad estatal no ha ofrecido públicamente su versión.
El primer accionista conserva el 51% y renuncia a todos los derechos políticos. Su versión de por qué lo ha hecho es la de una de las partes, y la sociedad estatal no ha dado la suya.
Julio Martínez Sola, expresidente y primer accionista de Plus Ultra, ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que firmó el pasado 18 de septiembre una escritura por la que cede de forma irrevocable sus derechos políticos en la aerolínea.
Mantiene el 51% del capital a través de su sociedad Sky Solutions. El control pasa al actual presidente, Hugo Castaño, aceptado por la SEPI.
En el escrito remitido al instructor, su defensa sostiene que los representantes de la sociedad estatal exigieron esa renuncia como condición para seguir cumpliendo los compromisos del contrato de asistencia financiera, y vincula esa exigencia a su colaboración con la investigación. Afirma que accedió para proteger a la compañía, a sus trabajadores, clientes y proveedores, y que ahora carece de control material alguno.
Qué puede exigir la SEPI y por qué
El contrato en cuestión es el de FASEE, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, con el que el Gobierno inyectó 53 millones de euros en Plus Ultra en 2021. La aerolínea no ha cumplido el calendario de devolución y necesita que la ayuda se mantenga.
Eso coloca a la SEPI en posición de acreedor con garantías. Las acciones de control están pignoradas desde 2021 precisamente como respaldo de una devolución que no se ha producido. Un acreedor en esa situación puede condicionar cualquier prórroga o refinanciación a que cambie la gobernanza del deudor.
Ahí está la ambigüedad del episodio. Martínez Sola ha confesado ante el juez que pagó una comisión equivalente al 1% del rescate a lo que denomina "grupo Zapatero" a cambio de conseguir la ayuda.
Desde el punto de vista del gestor de fondos públicos, apartar del control a quien admite que la ayuda se obtuvo mediante tráfico de influencias no es una represalia. Es lo mínimo exigible para no dejar dinero del Estado en manos de alguien que reconoce cómo llegó hasta allí.
El mismo hecho admite las dos lecturas: presión sobre un colaborador o protección elemental del dinero público. Con la información disponible no puede determinarse cuál corresponde, entre otras cosas porque solo se conoce la versión de una de las partes.
Lo que cambió entre 2025 y ahora
Hay una secuencia que plantea una pregunta sobre la propia sociedad estatal.
Martínez Sola se convirtió en primer accionista en 2025, al asumir el paquete del venezolano Rodolfo Reyes. Aquel cambio accionarial lo aceptó la SEPI, presidida por Belén Gualda.
La misma presidencia que lo aceptó entonces lo rechaza ahora. Lo único que ha ocurrido entre ambos momentos, según el propio relato, es su confesión ante el juez.
De ahí salen dos posibilidades y ninguna es cómoda. O el examen que la SEPI hizo en 2025 no detectó lo que después contó el interesado, o lo detectó y no actuó hasta que se hizo público.
Gualda está a su vez imputada en otro procedimiento, el de la llamada trama de las cloacas. Es una causa distinta de esta y no guarda relación con el rescate, pero sitúa a quien decide sobre Plus Ultra en una posición incómoda para exigir cambios de gobernanza por motivos de integridad.
Un 51% que no manda
La escritura deja a Martínez Sola en una posición particular.
Conserva la propiedad de más de la mitad del capital, de modo que mantiene la exposición económica a lo que valga la compañía. Pierde toda capacidad de decidir. Y esas acciones siguen pignoradas a favor de la SEPI como garantía de una deuda que la empresa no ha podido devolver.
Es decir: titular sobre el papel, sin voto, y con su participación comprometida como aval de un préstamo público impagado.
La cesión, según el documento, es irrevocable.
Lo que no está acreditado
Conviene delimitar qué es hecho y qué es alegación en este expediente.
La escritura existe y su contenido consta. La exigencia de la SEPI y el motivo que se le atribuye proceden del escrito de una de las partes, y la sociedad estatal no se ha pronunciado.
La confesión sobre el pago de la comisión es una declaración de una persona investigada. Implica a terceros, entre ellos Julio Martínez Martínez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que no han sido condenados por estos hechos y a quienes ampara la presunción de inocencia. Ninguna resolución judicial ha establecido que ese pago se produjera ni que alguno de ellos lo recibiera.
La defensa señala además que la documentación requerida por el juez Calama se ha remitido con retraso por falta de colaboración de Plus Ultra.
El dato que precede a todo lo demás
Bajo la disputa sobre quién gobierna la aerolínea hay una cifra que no ha cambiado en cinco años.
El Estado puso 53 millones de euros en 2021. Plus Ultra no ha cumplido el calendario de devolución y sigue necesitando que la ayuda se mantenga. La compañía existe hoy porque la SEPI no ejecuta sus garantías.
Todo lo que se discute estos días se refiere a cómo salió aquel dinero y a quién controla la empresa mientras tanto. La pregunta de si volverá sigue sin respuesta.
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