Peinado Envía A Juicio Con Jurado A Begoña Gómez
La Audiencia Provincial de Madrid deberá tramitar el procedimiento y fijar la fecha del juicio, que no incluye al empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez Juan Carlos Peinado dictó este lunes 21 de septiembre el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El magistrado también acordó enviar a juicio a su asesora, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación. Ambas serán juzgadas mediante un jurado popular.
Con esta resolución, el procedimiento pasa a la siguiente fase y será la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de continuar su tramitación y fijar la fecha del juicio. La decisión llega después de que la Audiencia Provincial revisara las actuaciones del instructor y determinara los delitos por los que ambas deberán responder ante un jurado.
La Investigación Y Los Delitos
El procedimiento comenzó tras una denuncia presentada por Manos Limpias y ha estado centrado en distintas actuaciones relacionadas con Begoña Gómez y su actividad. En la resolución conocida este lunes, Peinado mantiene la apertura de juicio por los dos delitos atribuidos a Gómez y por malversación en el caso de Cristina Álvarez.
La decisión actual se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid corrigiera parte de la anterior resolución del juez. El tribunal dejó fuera del futuro juicio los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que inicialmente habían sido atribuidos por el instructor, mientras mantuvo el procedimiento por tráfico de influencias y malversación para Gómez y por malversación para Álvarez.
El empresario Juan Carlos Barrabés tampoco será juzgado junto a Gómez y Álvarez mediante este procedimiento. La Audiencia acordó que su situación continuara investigándose en relación con la legalidad de determinadas adjudicaciones de contratos públicos.
El Caso Pasa A La Audiencia
En su auto de este lunes, Peinado no impone medidas cautelares ni fianzas a Gómez y Álvarez. Sin embargo, ordena que ambas permanezcan a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial y que comuniquen cualquier cambio de domicilio o paradero. En el caso de Gómez, además, solicita información sobre su capacidad económica mediante sus últimas declaraciones de la renta ante posibles responsabilidades económicas.
La apertura de juicio oral no supone una condena. Las acusaciones y las defensas mantienen posiciones enfrentadas: mientras la acusación popular solicita penas de prisión, las defensas de Gómez y Álvarez, junto con la Fiscalía, piden su absolución.
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