Los audios de Cospedal y Villarejo no prueban por sí solos un ofrecimiento de pago

Los socialistas de Castilla-La Mancha atribuyen a Cospedal el ofrecimiento de pagar a Villarejo con dinero de una empresa pública. Según la propia descripción de las grabaciones, quien menciona a Enresa es el excomisario.

El grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado de bochornosos los últimos audios conocidos entre María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, incluidos en un informe que Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido a la Audiencia Nacional en el marco del caso Kitchen.

Su portavoz, Ana Isabel Abengózar, ha reclamado al líder regional del PP, Paco Núñez, coherencia y valentía para condenarlos, y ha reprochado que los populares sean severos con las conductas ajenas y silenciosos con las propias.

La diferencia entre las dos versiones

Según la descripción disponible del contenido, en las grabaciones se escucha a Villarejo citar a Enresa —la empresa pública encargada del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de Villar de Cañas— como posible vía para facturar una deuda pendiente.

Abengózar lo ha formulado de otra manera. Ha instado al PP a pronunciarse sobre quién es su presidenta de honor, que en esos audios, según sus palabras, decía pagar presuntamente cien mil euros de una empresa pública relacionada con los residuos a Villarejo por los trabajos prestados.

Son dos cosas distintas. Una es que el excomisario proponga una vía de cobro; otra es que la interlocutora la acepte u ofrezca. Con la información publicada no puede determinarse cuál de las dos ocurrió, porque no se conoce la transcripción completa ni el contexto de la conversación.

Esa distinción no es un matiz semántico: es la diferencia entre escuchar una propuesta y hacerla.

Por qué estas grabaciones llegan siempre así

El goteo de audios de Villarejo lleva años funcionando del mismo modo, y merece entenderse.

Son conversaciones grabadas sin conocimiento del interlocutor por alguien que las acumuló durante décadas y que tiene un interés propio en cómo se interpretan. Llegan al espacio público en fragmentos, extraídos de informes policiales incorporados a causas abiertas, sin la conversación completa y sin que quien aparece en ellas haya podido explicarse antes de que se difundan.

El resultado es que el primer relato sobre lo que contiene una grabación suele fijarse antes de que exista una valoración judicial, y casi siempre lo fija quien tiene interés en una lectura concreta. Ocurre con independencia de qué partido esté al otro lado del micrófono.

Nada de eso significa que el contenido sea irrelevante. Significa que la caracterización política de un audio y su valor probatorio son dos planos distintos, y que en este caso solo se conoce el primero.

Qué haría falta para que Cospedal se siente en el banquillo

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha dicho que la expresidenta se está escapando por los pelos y que confía en que esta vez sea procesada.

Conviene precisar el punto de partida. Cospedal fue exonerada en su momento en la causa principal. Que una pieza separada pueda alterar esa situación depende de que aparezcan indicios nuevos y de que un instructor los considere suficientes.

Un informe de Asuntos Internos no produce ese efecto por sí solo. Es un documento policial que se incorpora a un procedimiento; quien decide si hay motivos para procesar a alguien es el juez, y esa decisión no se ha producido.

También merece señalarse la posición desde la que se habla. Un miembro del ejecutivo autonómico manifestando públicamente su expectativa de que una persona concreta acabe procesada es una intervención que, viniendo de un cargo del poder ejecutivo, resulta incómoda con independencia de quién sea el aludido.

Cospedal no ha sido condenada y le ampara la presunción de inocencia.

La exigencia que no tiene respuesta buena

Queda el elemento puramente táctico del episodio.

Pedir a Paco Núñez que condene a Cospedal es una jugada sin salida para él. Si calla, se le acusa de encubrir. Si condena, señala a la presidenta de honor de su partido por hechos que ningún tribunal ha establecido. Si matiza, se le reprocha tibieza.

Es un recurso habitual y no tiene color político: los mismos movimientos se ejecutan en sentido inverso cuando el investigado pertenece al otro bloque, y con los mismos argumentos sobre coherencia y valentía. Funciona porque el coste recae siempre sobre quien responde, nunca sobre quien pregunta.

Mientras tanto, el caso Kitchen se instruye en la Audiencia Nacional, donde ni el PSOE ni el PP de Castilla-La Mancha son parte, y donde la única valoración que cuenta sobre el contenido de esos audios todavía no se ha escrito.