Ceuta, sin salida: Gobierno y PP se culpan mientras cientos de menores siguen en las calles

Las dos administraciones se acusan de ser la responsable de los menores que duermen en la calle. Las dos describen correctamente su parte del sistema, y ninguna puede ejecutar la del otro. En seis semanas se ha trasladado a cinco niños.

Entre 700 y 1.000 menores no acompañados siguen en las calles de Ceuta mes y medio después de la entrada masiva del 30 de julio. Ninguna de las dos administraciones implicadas discute ese dato. Discuten de quién es la responsabilidad.

Pedro Sánchez lo resumió al salir del pleno del Congreso. Preguntado por esos niños, respondió que preguntarán a Juan Jesús Vivas. La portavoz del PP, Ester Muñoz, replicó con un ataque personal al presidente del Gobierno. A partir de ahí, dos días de corrillos en los pasillos.

Las dos partes tienen razón, y por eso no avanza

El desacuerdo parece un choque de relatos y es, en buena medida, una confusión entre dos cosas distintas.

La tutela de un menor no acompañado corresponde a la entidad de protección del territorio donde se encuentra. En este caso, la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esa es la regla general y es lo que sostiene Moncloa cuando dice que la responsabilidad es de Vivas.

El traslado de esos menores a otro territorio es otro procedimiento. El Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula las contingencias migratorias extraordinarias, atribuye a la Subdelegación del Gobierno la instrucción del procedimiento de reubicación y al Delegado del Gobierno su resolución. Es decir, al Estado. Eso es lo que invoca Génova cuando dice que la competencia no es de la ciudad.

Las dos afirmaciones son compatibles. Quien cuida al niño y quien decide moverlo no son el mismo órgano. Cada parte describe con exactitud la mitad del sistema que le conviene y presenta la otra mitad como inexistente.

El bloqueo aparece cuando ninguna de las dos piezas encaja. El Gobierno dice que no puede imponer reubicaciones a las comunidades porque los expedientes individuales no están terminados. Y la vía que no requiere expedientes completos —acuerdos bilaterales voluntarios entre Ceuta y otras comunidades— depende de que Ceuta quiera firmarlos.

No los firma. Ahí está el nudo.

El precedente de Navarra que nadie explica

Hay un hecho que desordena la posición del PP y que su dirección no aclara.

Ceuta sí ha firmado un acuerdo bilateral para la acogida de cinco menores. Lo firmó con Navarra, gobernada por María Chivite, del PSOE.

Si la tesis es que la competencia es estatal y que la ciudad autónoma no debe asumir traslados, ese acuerdo no debería existir. Si la tesis es que los traslados son perjudiciales, tampoco. Preguntados por qué es posible con Navarra y no con las doce comunidades del PP, en Génova se encogen de hombros.

La explicación que sí ofrecen es otra, y es política. Sostienen que los ceutíes no quieren que los menores se vayan a la Península porque eso implicaría "perder Ceuta", y advierten de un efecto llamada. El primer argumento es una lectura de la opinión local que nadie ha medido. El segundo es una hipótesis discutida entre investigadores, no un hecho establecido.

La caracterización que no genera un procedimiento alternativo

El argumento de fondo del PP es anterior a todo esto. Sostiene que lo ocurrido no es una emergencia migratoria sino un desafío a la integridad territorial del Estado, una "invasión", y que por tanto no opera la Ley de Extranjería ni el mecanismo de reparto obligatorio aprobado en 2025. Miguel Tellado lo fijó a principios de agosto: crisis de seguridad nacional, no crisis migratoria.

Es una posición defendible políticamente y tiene una consecuencia práctica que conviene seguir hasta el final.

Ningún tribunal ha avalado esa caracterización. Y si se aceptara, el efecto no sería la aplicación de otro marco, porque no existe otro marco. Sería que ninguno se aplica. Los niños seguirían donde están, solo que sin procedimiento al que acogerse.

Decir que una situación queda fuera de la ley vigente no crea un cauce nuevo. Crea un vacío, y los menores están dentro de él.

La salida que propone el PP —devolución a Marruecos de todos, sin excepción— tiene además sus propios requisitos: filiación individual, expediente y tramitación con Rabat. Es decir, el mismo trabajo previo que hace falta para cualquier otra opción. Marruecos envió un correo a los eurodiputados comprometiéndose a readmitir a sus nacionales, un gesto cuyo alcance real está por ver.

Las cifras del Gobierno tampoco cuadran

La administración que reclama diligencia a la otra tiene un problema propio de contabilidad.

Hace dos semanas, Sánchez cifró en 5.000 los inmigrantes irregulares en Ceuta, de ellos 1.200 menores. Este martes, Ángel Víctor Torres dio números que se acercan a los 10.000, con 2.048 menores filiados bajo tutela de la ciudad, unos 300 en dependencias coordinadas por el Estado y entre 700 y 1.000 en la calle. De los filiados, 1.612 llegaron durante la avalancha.

El total se ha duplicado en quince días y el de menores casi también. Puede ser mejor recuento o puede ser mayor presencia de la reconocida. El Gobierno no lo ha explicado, y es difícil planificar plazas para una población cuyo tamaño se corrige cada dos semanas.

Hay un dato adicional sin confirmar. Juanma Moreno afirmó que la Comisión Europea ha advertido de que estos migrantes no pueden cruzar suelo continental porque se desactivaría Schengen. Si fuera exacto, cambiaría el marco entero de la discusión. No se ha citado ningún documento comunitario que lo respalde, y ni Bruselas ni el Gobierno lo han confirmado.

Qué haría falta para mover a un niño

Para que un menor salga de la calle y llegue a un recurso fuera de Ceuta hacen falta tres pasos.

Primero, la filiación: identificarlo, determinar su edad y abrir expediente. Segundo, un título que ampare el traslado, que es o bien una resolución de reubicación dictada por la Delegación del Gobierno, o bien un acuerdo voluntario entre administraciones que permite adelantarse a la conclusión del expediente. Tercero, una plaza de acogida disponible en destino.

El primer paso depende de recursos y personal, y es donde ambas partes coinciden en pedir aceleración. El segundo está atascado por el desacuerdo descrito. El tercero depende de comunidades que han acordado no ofrecer plazas.

Los 25 millones transferidos y los 63 millones adicionales del decreto convalidado el miércoles —con el voto favorable del PP— cubren costes. No resuelven ninguno de los tres pasos por sí solos.

Lo que no se discute

Vivas ha recordado que Ceuta atiende a unos 2.000 menores cuando su capacidad no llega al centenar. Es cierto, y describe una situación que ninguna ciudad de 85.000 habitantes puede gestionar sola.

También es cierto que el Estado dispone del instrumento para ordenar reubicaciones y no lo ha usado, y que sostiene que no puede por falta de expedientes sin explicar por qué, seis semanas después, siguen sin estar.

Y es cierto que doce comunidades autónomas han acordado no acoger a ninguno, ni siquiera de forma temporal.

Entre las tres cosas, el resultado es el que se ve. En seis semanas, cinco menores han sido trasladados.

Los que siguen en la calle no son parte en esta discusión, no tienen quien les represente en ella y son los únicos a los que el desenlace les afecta de verdad.