Arranca la negociación de los Presupuestos con Junts, Ceuta y el calendario en contra

Hacienda abre la negociación de las cuentas de 2027 con su socio de coalición. El obstáculo está fuera del Gobierno, el plazo constitucional volverá a incumplirse y, pese a lo que suele repetirse, unos Presupuestos rechazados no obligan a convocar elecciones.

A las 11:15 de este miércoles arrancó formalmente la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027. El ministro de Hacienda, Arcadi España, recibió a Ernest Urtasun, que acudió en representación de Sumar. Hasta ahora solo había consultas informales.

El orden elegido es el lógico: cerrar primero un acuerdo dentro del Gobierno de coalición y abrir después la ronda con los socios parlamentarios. Fuentes de Hacienda subrayan que hablarán con todos, incluido el PP: "Todo el rato pidiendo presupuestos, pues vamos a hablar de presupuestos. Les llamaremos aunque sea para que nos digan que no quieren negociar".

Por qué un Presupuesto es más difícil que cualquier otra ley

Conviene entender la mecánica, porque explica por qué este Gobierno lleva desde 2022 sin diseñar unas cuentas mientras ha ido aprobando normas sueltas.

Una ley ordinaria se puede sacar adelante con la mayoría que se encuentre ese día. Si Junts se descuelga, cabe buscar a Podemos; si ERC pone pegas, se negocia con el PNV. Cada votación es independiente y admite una geometría distinta.

Un Presupuesto no funciona así. Es un paquete único que se vota entero y que obliga a todos los apoyos a coincidir en el mismo texto al mismo tiempo. Las demandas de los socios no solo son distintas: en materia fiscal y territorial son directamente incompatibles entre sí. Satisfacer a uno suele ser la forma más rápida de perder a otro.

A eso se añade un problema de contabilidad política. En la investidura, los socios cambiaron su apoyo por compromisos. Junts sostiene que buena parte de aquellos compromisos siguen sin cumplirse, lo que coloca al Gobierno en la posición de tener que pagar dos veces: una por la deuda pendiente y otra por el voto nuevo. Y la crisis de Ceuta ha ampliado esa distancia justo antes de sentarse a negociar.

El plazo que se incumple y el que importa

El artículo 134 de la Constitución obliga al Gobierno a presentar el proyecto de Presupuestos antes del 1 de octubre. No se cumplirá: empezar a negociar con el socio de coalición a mediados de septiembre hace materialmente imposible tener un documento elaborado en dos semanas.

Tampoco es novedad. El incumplimiento se ha repetido durante toda la legislatura, y la razón es que ese precepto carece de consecuencia jurídica. No hay sanción, no hay caducidad, no hay nada que se active automáticamente. Es una obligación sin mecanismo de ejecución, y por eso ha ido degradándose hasta convertirse en una formalidad.

Lo que sí prevé la Constitución es el remedio: si no hay Presupuestos aprobados al empezar el año, se prorrogan automáticamente los anteriores.

Aquí está el incentivo que explica cuatro ejercicios sin cuentas nuevas. Para un gobierno sin mayoría, un Presupuesto no presentado es políticamente más barato que un Presupuesto derrotado. El primero es una anomalía que se administra; el segundo es una exhibición pública de debilidad parlamentaria.

Qué significa en la práctica seguir con las cuentas prorrogadas

Merece la pena aterrizar qué implica la prórroga, porque suele describirse como si el país se detuviera y no es eso lo que ocurre.

El Estado sigue funcionando: los créditos del ejercicio anterior se mantienen y el gasto ordinario —nóminas, pensiones, prestaciones— se atiende con normalidad. El Gobierno conserva además margen para mover dinero mediante modificaciones de crédito y reales decretos, que es como ha ido gestionando estos años.

Lo que se pierde es otra cosa. Se congelan las prioridades: la distribución del gasto sigue reflejando decisiones tomadas para un contexto anterior, y los programas nuevos requieren instrumentos extraordinarios en lugar de figurar en una partida. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos operan con entregas a cuenta calculadas sobre previsiones antiguas. Y el control parlamentario se diluye, porque el debate presupuestario es el momento en que la Cámara examina el conjunto del gasto público, y sin él esa revisión no se produce en ninguna otra parte.

Lo que pide Sumar

El socio minoritario llega con una tesis que lleva tiempo defendiendo: que el Gobierno debe ofrecer a su electorado algo más que resistencia y que la contención de PP y Vox.

Aspira a unas cuentas expansivas con la vivienda como prioridad, con más fondos para un parque público de alquiler destinado a rebajar los precios. Recupera también la prestación universal por crianza, que figuraba en el acuerdo de coalición de otoño de 2023 y sigue sin aplicarse, y reclama más inversión en dependencia, en transición energética, en climatización de colegios y hospitales y en ferrocarril.

El punto de fricción previsible está en el capítulo fiscal. Sumar quiere incorporar nuevas figuras que graven la concentración de la riqueza y una reforma del IRPF que eleve la tributación de las rentas del capital. Es exactamente el terreno donde el ala socialista ha frenado antes, y donde además cualquier acuerdo interno complica después la negociación con Junts y con el PNV.

La vivienda ya ha dado muestras de esa tensión esta misma semana, con el rechazo en el Congreso de la iniciativa de Sumar sobre la compra de pisos por fondos, en la que el PSOE se abstuvo.

Las otras dos piezas

El Presupuesto no viaja solo. Hacienda mantiene abiertos otros dos frentes que el Gobierno quiere cerrar antes de que se disuelvan las Cortes.

El modelo de financiación autonómica no está en condiciones de llegar al Consejo de Ministros del próximo martes, y desde el ministerio explican que están administrando los tiempos para hablar antes con los grupos.

La condonación de deuda autonómica sí está en tramitación: el proyecto de ley orgánica se encuentra en plazo de enmiendas hasta el 23 de septiembre, con prórrogas semana a semana que Hacienda asegura no querer alargar mucho más.

Los tres asuntos compiten por el mismo capital político y por los mismos interlocutores. Cada concesión en uno se descuenta de los otros.

El examen que no es examen

Se ha instalado la idea de que estos Presupuestos funcionan como una cuestión de confianza encubierta y que su derrota abriría automáticamente la convocatoria electoral.

Conviene precisar que eso es una lectura política, no una consecuencia jurídica. La Constitución no vincula el rechazo de unas cuentas a la disolución de las Cortes: prevé la prórroga, no las elecciones. Convocarlas seguiría siendo una decisión discrecional del presidente, que podría perfectamente perder la votación y seguir gobernando con el Presupuesto prorrogado, como ya ha hecho.

Eso cambia el cálculo de todos los actores. El Gobierno necesita unos Presupuestos para gobernar con margen, pero no los necesita para continuar. Los socios quieren arrancar concesiones, y al mismo tiempo obtienen un rendimiento propio de no concedérselas. Y el PP, al que Hacienda dice que llamará, no tiene incentivo alguno para facilitar una legislatura que prefiere ver agotarse.

En esa disposición de intereses, la única parte cuyo cálculo apunta con claridad hacia el acuerdo es Sumar, que es también la que menos votos aporta. La reunión de este miércoles es, por eso, la parte sencilla del proceso.