La causa contra el delegado del Gobierno en Ceuta pasa a la Audiencia Nacional

El juzgado número 6 de la ciudad autónoma se inhibe en favor de la instrucción central. La decisión no prejuzga nada sobre el fondo, pero cambia por completo el marco en el que se investiga.

El juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha acordado ceder a la Audiencia Nacional la causa abierta contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. La magistrada María de la Luz Lozano sostiene en su resolución que los hechos investigados en Ceuta se insertan en la misma secuencia fáctica y operativa que constituye el objeto de las diligencias previas 64/2026, relativas a la organización, movilización y efectos de la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio.

La decisión llega después de que la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, le remitiera el auto en el que declaró su competencia sobre la crisis y le pidiera que valorase si la conexión con lo atribuido al delegado obligaba a una instrucción conjunta. La Fiscalía ya había solicitado la semana pasada esa inhibición, apoyándose en la conexión objetiva y subjetiva entre ambos procedimientos y en la unidad de contexto, secuencia y prueba.

Qué significa exactamente una inhibición

Conviene separar dos cosas que el titular de cualquier resolución de este tipo tiende a fundir.

Una inhibición resuelve quién debe investigar, no si hay delito. Ni la juez de Ceuta ni la Fiscalía se han pronunciado sobre la solidez de los indicios contra Pérez Triano; lo que han dicho es que esos hechos no pueden examinarse aislados del conjunto, porque comparten contexto, cronología y material probatorio con la causa central.

El efecto práctico sí es relevante. El delegado queda a disposición de la juez Tardón, y el juzgado ceutí ha dejado en sus manos decidir si son pertinentes las diligencias que allí se habían solicitado. Una investigación que nació acotada a la conducta de un cargo pasa a ser una línea dentro de una instrucción mucho más amplia, con otro ritmo y otras prioridades.

Por qué el delegado ocupa esta posición

Pérez Triano es, por ahora, la autoridad más directamente señalada en esta vertiente del caso, y lo es por una razón concreta: su jefe de Gabinete dimitió la semana pasada afirmando que le había trasladado las alertas emitidas por el Centro Nacional de Inteligencia.

Esa afirmación, hecha por alguien que abandonaba el cargo, sitúa la cuestión en un terreno muy preciso. No se discute si existieron avisos, sino si llegaron a quien tenía capacidad de ordenar una respuesta y qué se hizo a partir de ese momento. La juez Tardón ha pedido al Gobierno que le remita oficialmente los informes que ya se habían divulgado sobre esos avisos.

La vía penal más grave, y su dificultad

El auto de competencia de Tardón delimita un objeto de investigación amplio: todas las actuaciones en territorio español relacionadas con la entrada, incluida la articulación de medios de respuesta en relación con la información y las alertas disponibles, y la incidencia que esas actuaciones pudieran haber tenido en los efectos producidos.

Detrás de esa formulación técnica está lo más grave del caso: al menos 83 personas murieron por ahogamiento o aplastamiento en el lado español de la frontera. La instrucción podría desembocar en responsabilidades por homicidio imprudente.

Merece la pena entender lo exigente de ese camino. Imputar un homicidio imprudente a una autoridad no se resuelve acreditando que recibió un aviso y no reaccionó bien. Requiere establecer un deber concreto de actuar, un incumplimiento que supere la mera decisión discutible, y sobre todo un nexo causal: demostrar que una respuesta adecuada habría evitado esas muertes concretas. En episodios con decenas de miles de personas moviéndose a la vez, ese último eslabón es históricamente el más difícil de probar.

Decirlo no minimiza nada. Significa que entre "hubo avisos y la respuesta falló" y "existe responsabilidad penal por 83 muertes" hay un trecho jurídico considerable, y que confundir ambas cosas conduce a expectativas que la instrucción probablemente no satisfará.

El origen del procedimiento

Un dato que conviene tener presente al valorar el recorrido de esta pieza: el juzgado de Ceuta abrió diligencias tras recibir una querella de Hazte Oír, que atribuía al delegado delitos de omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y prevaricación por omisión. La querella se amplió después a otros posibles delitos.

Una acusación popular puede poner en marcha un procedimiento, pero su iniciativa no equivale a la de la Fiscalía ni prejuzga la consistencia de lo denunciado. Ahora será la instrucción central la que determine qué se investiga y con qué alcance.

Lo que queda por delante no es un juicio sobre la gestión política de aquellos días, que corresponde a otro terreno. Es una pregunta acotada: quién supo qué, en qué momento, y si lo que hizo o dejó de hacer con esa información puede traducirse en responsabilidad penal.

Miguel Ángel Pérez Triano no ha sido condenado ni acusado formalmente: la causa se encuentra en fase de instrucción y le ampara la presunción de inocencia. Las cifras de fallecidos son las recogidas en las resoluciones judiciales citadas.