La Audiencia Nacional frena el campamento para inmigrantes del Gobierno en el puerto de Ceuta

La Audiencia frena el campamento de Ceuta y pide ver la orden que lo creó

La Audiencia no ha decidido todavía si el campamento debe hacerse. Lo que ha hecho es frenarlo mientras comprueba qué orden permite levantarlo y cómo se ha tramitado todo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha frenado, por ahora, el campamento que el Gobierno quiere instalar en la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta.

La Sala ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que le entregue cuanto antes la resolución u orden que permite llevar adelante el proyecto, junto con todo el expediente administrativo. Mientras estudia la medida cautelar que ha pedido el Sindicato Unificado de Policía, la actuación no puede ejecutarse.

El campamento ocuparía unos 16.000 metros cuadrados y tendría entre 700 y 1.000 plazas en tiendas de campaña, con unas doce personas en cada una. El objetivo era sacar presión de los asentamientos improvisados de El Trampolín y Benítez, donde se encuentran varios miles de personas.

Qué ha pasado realmente

La providencia no dice que el campamento no pueda hacerse. Tampoco concede todavía la medida cautelar. Es un paso anterior.

La Sala quiere ver primero qué ha hecho la Administración y qué documento permite hacerlo.

La razón de frenar la ejecución mientras tanto tampoco tiene demasiado misterio. Si el campamento se construye antes de que el tribunal decida si debe suspenderse, después ya sería difícil que una decisión judicial tuviera algún efecto práctico. Por eso se para ahora y se revisa después.

Pero hay un detalle que sí llama la atención: el tribunal ha tenido que pedir al Ministerio la orden que da cobertura a la actuación.

Y ahí está buena parte del asunto.

El recurso no va sobre la inmigración

Esto se ha mezclado bastante en las reacciones políticas de estos días, pero el recurso del Sindicato Unificado de Policía no discute que se acoja a personas migrantes.

Tampoco entra en si deben estar en el puerto, en otro lugar o en cuántas plazas debería tener el campamento.

El SUP sostiene que hay un problema con el procedimiento. Según su recurso, la actuación no se publicó ni se notificó correctamente y la orden tampoco aparece en el Boletín Oficial del Estado.

La cuestión es, por tanto, bastante más concreta: si el Gobierno podía destinar esos 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario a este uso siguiendo el procedimiento que siguió.

Si la orden estaba correctamente publicada, ese argumento del sindicato tendría poco recorrido. Pero primero hay que saber si realmente lo estaba.

Y queda otra cuestión: si el propio sindicato está legitimado para recurrir. Es decir, si tiene un interés legítimo que le permita llevar este asunto ante la Audiencia. Eso todavía está por decidir.

La política ha vuelto a ir por delante del expediente

Desde el Gobierno han acusado a los jueces de poner obstáculos a sus decisiones. Las críticas llegan además en un momento en el que el Ejecutivo mantiene otro enfrentamiento con el Tribunal Supremo por la suspensión de los efectos electorales de la ley de nietos.

El PP, mientras tanto, ha recibido la providencia de otra manera. La ha celebrado y ha aprovechado para acusar al Gobierno de no escuchar a Ceuta ni a su presidente.

Pero ninguna de las dos reacciones se ha detenido demasiado en lo que dice realmente la providencia: la Audiencia quiere los documentos antes de decidir.

Eso es importante porque todavía no hay una decisión sobre el fondo del campamento.

Y hay algo más. Si mañana estuvieran cambiados los papeles, con otro Gobierno y otro partido recurriendo una actuación similar, es bastante probable que las declaraciones fueran en la dirección contraria. La discusión política cambia según quién esté a cada lado. El expediente judicial, en cambio, sigue siendo el mismo.

Las cifras tampoco terminan de cuadrar

Hay otra cosa que merece una explicación.

Fernando Grande-Marlaska lleva semanas hablando de unos 5.000 inmigrantes en Ceuta. Pedro Sánchez dijo esta semana que se podrían habilitar hasta 10.000 plazas.

Las dos cifras pueden tener una explicación. Una puede referirse a las personas que están ahora mismo en Ceuta y la otra a la capacidad que el Gobierno cree que necesitará.

El problema es que esa diferencia no se ha explicado con demasiada claridad.

Y 5.000 y 10.000 no son cifras pequeñas como para dejarlas pasar sin más. Si las 10.000 plazas responden a una previsión de nuevas llegadas, habría que conocer esa previsión. Si se calculan a partir de las personas que ya están en la ciudad, entonces hay una diferencia con la cifra que da Interior.

El campamento puede retrasarse. El problema no

Lo ocurrido en la Audiencia no significa que el proyecto vaya a desaparecer.

Si la Sala considera que existe el defecto de forma que denuncia el sindicato, el Gobierno podría corregirlo, publicar la orden y seguir adelante. Si la medida cautelar acaba siendo rechazada, también podrá continuar con el proyecto.

En cualquiera de los dos casos, el tribunal no estará decidiendo dónde deben alojarse las personas migrantes. Esa no es la cuestión que se le ha planteado.

Lo que sí puede ocurrir es que el campamento se retrase.

Ahora toca esperar a que el Ministerio entregue el expediente y a que la Sala se pronuncie sobre la medida cautelar y sobre la legitimación del SUP.

Y mientras tanto, siguen las playas

Aquí es donde todo esto vuelve a la realidad.

El campamento del puerto se plantea porque la situación en El Trampolín y Benítez lleva semanas sin resolverse. Allí siguen los asentamientos improvisados. Y hace unos días unas 800 personas fueron desalojadas de Loma Colmenar y trasladadas a Los Rosales.

Los vecinos y empresarios de Ceuta tampoco quieren el campamento en el puerto. Su preocupación tiene que ver, sobre todo, con el impacto económico que puede tener ocupar una zona que consideran estratégica para la ciudad, cuya actividad económica ya venía tocada desde el 30 de julio.

Así que mientras la Audiencia revisa los documentos, el problema sigue exactamente donde estaba.

Las personas que viven en los asentamientos siguen esperando una solución. Los vecinos que tienen que convivir con ellos, también.

El tribunal hará ahora su parte: revisar la documentación y decidir si el procedimiento seguido por la Administración es correcto.

Pero queda una pregunta bastante más sencilla, y quizá por eso mismo más difícil de responder: ¿por qué se puso en marcha una actuación de este tamaño sin que estuviera claro, al menos para el tribunal, dónde estaba la orden que la autorizaba?