Bono factura 675.000 euros por abrir puertas y ninguna norma le obliga a decir cuáles

El exministro canaliza sus ingresos como intermediario a través de una sociedad. Nada de lo que hace es ilegal, y esa es exactamente la información relevante: España lleva una década sin aprobar una ley de lobbies.

José Bono facturó 675.813 euros en 2025 a través de Joasa 2012 SL, la sociedad que utiliza para cobrar por poner en contacto a empresas privadas con responsables políticos. La mercantil ingresó en total 727.000 euros el año pasado, frente a los 810.400 del ejercicio anterior, y cerró con un beneficio de 173.361 euros.

Bono es administrador y principal accionista. Desde 2023, su hijo José Bono Rodríguez figura como apoderado y cobra 12.000 euros anuales como gerente. El exministro percibe además 3.779,41 euros al año por alquilar a su propia sociedad la oficina de la avenida de Brasil de Madrid que usa como sede.

Según fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial, trabaja para alrededor de una decena de empresas, entre ellas constructoras medianas de infraestructuras, mantenimiento de viales y obra civil que se han adjudicado contratos públicos. Contactado para preguntarle por esa actividad y por sus clientes, prefirió no responder.

Por qué no sabemos quiénes son sus clientes

La respuesta no está en la habilidad de Bono para ocultarlo. Está en que nadie está obligado a contarlo.

España no tiene registro obligatorio de grupos de interés a nivel estatal. Las iniciativas para crear uno llevan más de una década encallando en el Congreso. La Unión Europea mantiene un registro de transparencia, Estados Unidos obliga a declarar clientes y honorarios, e Irlanda o Chile exigen inscribir cada gestión. Aquí no existe ninguna de esas obligaciones.

La consecuencia práctica es que un intermediario puede cobrar por gestionar reuniones con altos cargos sin declarar para quién trabaja, cuánto cobra, con quién se reúne ni sobre qué. Y el alto cargo tampoco está obligado a publicar esa agenda con detalle suficiente para reconstruirla.

Lo que la información describe como opacidad no es una maniobra personal. Es el estado por defecto que permite la ley.

Qué hace exactamente una sociedad como Joasa

Utilizar una mercantil para facturar servicios profesionales tiene dos efectos, y ambos son legales.

El primero es de visibilidad. Las facturas las emite una sociedad con nombre propio, de modo que en la contabilidad del cliente no aparece un apellido conocido sino una razón social. No es un mecanismo de ocultación en sentido jurídico —la titularidad consta en el Registro Mercantil—, pero sí eleva el coste de establecer la conexión.

El segundo es fiscal. En lugar de tributar esos ingresos en el IRPF, donde el tramo alto en la Comunidad de Madrid llega al 45%, tributan en el impuesto de sociedades al 25%, con la posibilidad añadida de deducir gastos vinculados a la actividad.

Aquí sí hay una zona técnica que merece precisión. Hacienda vigila las llamadas sociedades interpuestas: cuando toda la actividad depende de una persona física concreta y la empresa carece de medios propios, la normativa de operaciones vinculadas exige que esa persona se remunere a precio de mercado. Es decir, que no deje artificialmente en la sociedad un beneficio que en realidad ha generado ella. Esa valoración depende de los números y de la estructura real de cada caso, y no se resuelve desde fuera.

Lo que está publicado no acredita irregularidad alguna. Describe un esquema extendido entre profesionales de altos ingresos, que la Agencia Tributaria revisa caso por caso.

Por qué un exministro vale ese dinero

El activo que se vende no es conocimiento técnico. Hay ingenieros y abogados que entienden mucho mejor que Bono un pliego de contratación.

Lo que se vende es que le devuelvan la llamada. Una empresa mediana que quiere exponer su posición ante un ministerio puede registrar un escrito y esperar, o puede pagar a alguien cuya llamada se atiende el mismo día. Esa diferencia tiene un precio, y el precio es la comisión.

Ese activo tiene además una propiedad poco comentada: se revaloriza con el tiempo en lugar de depreciarse. Las incompatibilidades de los altos cargos operan durante dos años tras dejar el puesto y solo sobre actividades relacionadas con las funciones ejercidas. Bono salió del Gobierno en 2006 y de la presidencia del Congreso en 2011. La restricción caducó hace más de una década. La red de contactos, no.

El resultado es un sistema donde la única limitación legal desaparece justo cuando el ex-cargo empieza a ser útil.

Lo que consta y lo que se afirma

Hay que separar los planos, porque el material mezcla hechos documentados con versiones de fuentes no identificadas.

Está documentado que la UCO intervino en febrero de 2024 la agenda de Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos en Transportes, y que en ella figuraban dos reuniones con Bono, el 20 de abril y el 6 de julio de 2021.

Que en esos encuentros se tratasen asuntos de las constructoras a las que representa procede de fuentes gubernamentales, no de la agenda. Una anotación acredita una cita, no su contenido.

También es un hecho comprobable que hasta 2023 Joasa 2012 SL tenía su sede en oficinas de Tecnove, empresa de Herencia dedicada a unidades móviles militares y sanitarias, vehículos blindados y ambulancias, adjudicataria de contratos del Ministerio de Defensa. Compartir domicilio social indica una relación; no prueba su naturaleza.

Y Bono no ha respondido. Eso limita lo que puede afirmarse, y no es por sí mismo indicio de nada.

La recalificación, y quién la aprobó

El episodio más revelador del expediente es también el que menos encaja en una lectura partidista.

El Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, recalificó el año pasado 8.324 metros cuadrados que Bono controla a través de otra sociedad, Viveros 02031924 SL, y que formaron parte de la hípica que montó en 2001 siendo presidente de Castilla-La Mancha. Durante dos décadas el suelo fue rústico y valía unos 17.600 euros. Convertido en urbanizable por la vía de urgencia, pasó a valer alrededor de 1.082.000 euros.

El trámite contó con la aprobación preceptiva de la Junta de Castilla-La Mancha, que gobierna Emiliano García-Page.

Un exministro socialista obtuvo una revalorización de sesenta veces gracias a una decisión de un ayuntamiento de PP y Vox, validada por un gobierno autonómico del PSOE. Ninguna de las dos fuerzas que suelen vigilarse mutuamente vio nada que objetar.

Lo que frenó la operación no fue un partido ni un control político. Fueron unos técnicos de la consejería de Desarrollo Sostenible que detectaron a comienzos de este año una colonia de psamófilas, plantas adaptadas a suelos arenosos. En junio, el ayuntamiento tuvo que sacar la parcela del plan.

Hacen falta botánicos para lo que debería resolver un registro.